Patrimonio lo vuelve a intentar con el contrato de vigilancia del Pazo de Meirás

El Ministerio de Hacienda se está encontrando con algunos problemas para garantizar la seguridad del Pazo de Meirás, el pazo de Emilia Pardo Bazán que usaba Francisco Franco como residencia de vacaciones y que ha pasado a ser propiedad del Patrimonio del Estado por sentencia judicial.

Una juez entregó las llaves del inmueble en diciembre de 2020 a la Administración General del Estado. Desde entonces, la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, se ha tenido que hacer cargo de los servicios que supone mantener el edificio y la finca ubicados en Sada (La Coruña).

En abril de 2021 el Gobierno preveía gastar unos 180.000 euros en vigilancia y seguridad del Pazo de Meirás. En el mes de septiembre, La Voz de Galicia informó que la Dirección General de Patrimonio del Estado había abierto una licitación para adjudicar el servicio de vigilancia.

Ahora, ECD ha podido comprobar que Patrimonio del Estado ha adjudicado un contrato de vigilancia, pero no ese que se inició en septiembre. Además, ha abierto una nueva licitación para este mismo objetivo, la vigilancia y seguridad del Pazo de Meirás.

El pasado 27 de enero, la Secretaría General de la Dirección General del Patrimonio del Estado adjudicó a Prosegur un contrato de “Servicio de vigilancia de un inmueble patrimonial denominado Pazo de Meirás situado en la localidad de Sada (A Coruña)”.

Se trató de un contrato menor, por 14.962,50 euros. Se entiende que es un contrato por poco tiempo, un contrato puente hasta que se adjudique un contrato más amplio.

Para eso se ha abierto una licitación por el procedimiento abierto simplificado, que abarcará la vigilancia de la antigua residencia de verano de Franco por seis meses.

Licitación desierta

¿Qué ha ocurrido con los contratos de vigilancia del Pazo de Meirás? La Dirección General de Patrimonio del Estado explica que en un primer momento se aprobó un acuerdo de declaración de emergencia para la “implementación de un servicio de vigilancia de seguridad vinculado a los sistemas instalados”, “durante un período de tiempo suficiente hasta poder abordar una contratación del servicio a medio/largo plazo”.

Ese acuerdo se aprobó el 8 de marzo de 2021. Se celebró un contrato de servicios de vigilancia y seguridad del inmueble y entorno del Pazo de Meirás, que no tenía un periodo de duración definido, en base a las especificaciones técnicas de un estudio sobre las necesidades de seguridad elaborado por la Guardia Civil.

Después del contrato de emergencia, “se produjo una contratación de la vigilancia, con un objeto muy similar por procedimiento abierto simplificado con un plazo de duración de 6 meses, cuya ejecución se inició el 1 de agosto de 2021 y que finaliza el 31 de enero de 2022”.

Explica Patrimonio del Estado que “en paralelo a la tramitación de este contrato, en julio de 2021 la Secretaria General del Patrimonio del Estado inició una nueva contratación del servicio por procedimiento abierto normal (también con un igual objeto) con una mayor duración (doce meses con posibilidad de prórroga) ante la Junta de Contratación de los Servicios Centrales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, órgano competente en función del coste estimado resultante”.

El anuncio de esa licitación se publicó el 19 de septiembre de 2021. La Dirección General de Patrimonio del Estado recibió una sola oferta. El problema fue que “en fecha 13 de enero de 2022, la Junta de Contratación de los Servicios Centrales del Ministerio de Hacienda y Función Pública ha declarado excluido al licitador al no haberse acreditado en tiempo y forma los requisitos exigidos para que se produjera la adjudicación definitiva”. Conclusión: el contrato quedó desierto.

Por tanto, el anterior contrato terminaba el 31 de enero y no había relevo. Eso explica que se haya adjudicado un contrato menor, hasta que Patrimonio logre acordar con una empresa un contrato de vigilancia por seis meses.

“Se pretende efectuar ahora la contratación del servicio a la mayor brevedad posible, optándose otra vez por un periodo de duración menor con utilización del procedimiento abierto simplificado, dada la mayor agilidad en la tramitación que permite el mismo”, explica esta dirección general del Ministerio de Hacienda.

Frente a intrusiones y daños

Hacienda pretende acordar un contrato por el que haya un vigilante de seguridad, sin armas, “durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en la Central a la que están conectadas las cámaras y los detectores, y otro vigilante de seguridad sin armas en horario de 06:00 a 22:00 horas de lunes a viernes solo los días laborables”.

De forma adicional “se realizarán rondas nocturnas diarias hasta completar un total de 366 horas durante los 6 meses de ejecución”.

El pliego especifica que este servicio de vigilancia “tendrá un carácter eminentemente preventivo, dirigido a proteger el inmueble y entorno del Pazo de Meirás, evitando en la medida de lo posible la intrusión y daños al inmueble”.

Para ello, los vigilantes “podrán desarrollar funciones básicas represivas en los casos y con los límites legalmente previstos, estando obligados a comunicar la incidencia, de acuerdo con el protocolo de seguridad, a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cualquier otro caso”.

En caso de incidencia, deberán poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas de Seguridad “a los presuntos delincuentes en relación con el objeto de su servicio, así como los instrumentos, efectos y cualquier tipo de prueba, no pudiendo, en ningún caso, proceder al interrogatorio de aquellos”.

Hacienda advierte que la empresa que se lleve el contrato podría subrogar a los ocho vigilantes de seguridad que ya prestan el servicio de seguridad en el Pazo de Meirás, y que podrían continuar allí aunque cambie la empresa.