Política

Pedro Sánchez empieza a meter presión a la Iglesia utilizando el Tribunal de Cuentas

Así se percibe en la Conferencia Episcopal el anuncio de que fiscalizará la Memoria económica, algo que no figura en los acuerdos Iglesia-Estado

Pedro Sánchez durante una comparecencia en el Palacio de la Moncloa
photo_cameraPedro Sánchez durante una comparecencia en el Palacio de la Moncloa

Pedro Sánchez ha empezado a meter presión sobre la Iglesia Católica. Así se entiende en la Conferencia Episcopal el anuncio de que el Tribunal de Cuentas, por iniciativa del Gobierno, analizará la Memoria que entrega al Ejecutivo en relación con los fondos que se envían a la Iglesia.

Ningún gobierno hasta el presente había fiscalizado la Memoria que la Conferencia Episcopal remite como consecuencia de lo que se dice en el Protocolo adicional del Acuerdo Iglesia-Estado sobre asuntos económicos:

-- “La aplicación de los fondos, proyectada y realizada por la Iglesia, dentro del conjunto de sus necesidades, de las cantidades a incluir en el Presupuesto o recibidas del Estado en el año anterior, se describirá en la Memoria que, a efectos de la aportación mencionada, se presentará anualmente”.

Y en el Intercambio de notas de diciembre 2006, que regula el nuevo sistema, añade “el compromiso de la Iglesia Católica de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la asignación tributaria”. Y no especifica nada más.

Anuncio de fiscalización

A finales del pasado mes de noviembre, la Conferencia Episcopal recibió una carta del Tribunal de Cuentas en la que se le decía que está elaborando un informe de ''fiscalización sobre las actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado en materia de cooperación económica con las confesiones religiosas a través de los programas de ingresos y gastos contenidos en los Presupuestos Generales del Estado, ejercicio 2017". 

Informe, por cierto, que después apareció filtrado en varios medios sin que aún se haya discutido en la preceptiva Comisión del Tribunal de Cuentas, ni en el pleno en el caso de que no fuera unánime su aprobación.

Máxime cuando algún consejero ha presentado escrito de alegaciones de más de treinta folios.

Ninguna petición de aclaración

La Conferencia Episcopal no había recibido nunca petición alguna de información ni de aclaración del Tribunal de Cuentas.

En el citado escrito del tribunal remitido a la Conferencia Episcopal se dice que se hace a título de información “por si quiere hacer comentarios”.

Además, aclara que no se le da trámite de alegaciones, ni se van a publicar sus comentarios.

Según el propio Tribunal de Cuentas, solo pueden hacer alegaciones las entidades fiscalizadas (artículos 34 y 44 de ley  7/1988 de funcionamiento del Tribunal de Cuentas).

De ello se deduce el reconocimiento de que la Iglesia no es objeto de fiscalización, a pesar de lo cual ha puesto en marcha ese procedimiento.

Entrega, no fiscalización

Lo acordado entre el Estado y la Iglesia es que la Iglesia entregue la Memoria, no que sea fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, entre otras razones porque el dinero que recibe la Iglesia del Estado procede de la Asignación Tributaria. Mecanismo en el que el Estado es solo mediador.

No ocurre así por ejemplo con otras confesiones religiosas que reciben directamente fondos del Estado a través de la Fundación “Pluralismo y convivencia”.

Para mayor claridad en las cuentas, la Memoria económica, que responde a los criterios acordados, indica el reparto de los fondos y la aportación que la Iglesia está prestando a la sociedad española en su conjunto.

Auditoría voluntaria

Antes de presentarse, la Memoria se somete a un proceso de revisión voluntaria a cargo de una auditora de acuerdo con la “Norma Internacional de encargos de aseguramiento 3000 revisada” emitida por el Consejo Nacional de Normas Internacionales de auditoría y aseguramiento (IAASB)  de la Federación internacional de Contadores (IFAC).

Si el Gobierno de Pedro Sánchez hubiera entendido que la Iglesia no estaba cumpliendo lo acordado, no tendría más que recurrir al artículo VI del Acuerdo sobre asuntos económicos, que indica el proceder “de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Acuerdo inspirándose para ello en los principios que lo informan”.

Consejeros del PP

El Gobierno no se ha atenido al citado artículo VI, sino que está instrumentalizando al Tribunal de Cuentas, algo que ha sido percibido en la Iglesia como un acto inamistoso y como síntoma de las intenciones de futuro del actual equipo.

Y ha sorprendido que la iniciativa del Tribunal de Cuentas haya contado con el concurso de algunos consejeros nombrados por el Partido Popular.

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