Política

Por qué Pedro Sánchez no ha sacado todavía a Franco del Valle de los Caídos

Admite en privado que hay posibilidades reales de que el Gobierno pierda la demanda de la familia y se vea obligado a volver a meter los restos del dictador en la basílica

El Valle de los Caídos (foto publicada por Melisa D. Ruiz, líder de Hogar Social Madrid).
photo_cameraEl Valle de los Caídos (foto publicada por Melisa D. Ruiz, líder de Hogar Social Madrid).

El Consejo de Ministros no aprobó finalmente el pasado viernes el decreto ley para llevar a cabo la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, uno de los anuncios estrella que lanzó Pedro Sánchez nada más llegar a La Moncloa. La medida empieza a generarle “serias dudas” al propio presidente. Así lo ha confesado a sus más allegados.

Por lo pronto, habrá que esperar a finales de este mes o ya directamente a septiembre para dar luz verde a una medida que, no obstante, el presidente afirma en público que “tiene totalmente decidida”.

“Les digo lo que les he dicho hasta ahora, que la salida de Franco del Valle se hará pronto, muy pronto. Pero si hemos esperado 40 años, esperar unas semanas, unos días...”, se defendió el pasado viernes antes de comenzar sus vacaciones. Una respuesta con la que intentó, según reconocen en su entorno, restar importancia al retraso inicial.

La retirada de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos ha sido uno de los anuncios que ha generado mayor polémica en los dos primeros meses de Gobierno de Pedro Sánchez. Por ello, el asunto emergió en su comparecencia del viernes ante la prensa en Moncloa antes del parón de agosto.

La familia Franco ha anunciado medidas legales

El Gobierno mantiene en público que está dispuesto a seguir adelante con la exhumación de Franco. En privado, sin embargo, Sánchez no pasa por alto que debe contar con el consentimiento, por un lado del prior del Valle de los Caídos, y también el de la familia, que de momento se opone frontalmente.

Los siete nietos de Franco han dejado claro que no van a poner facilidades para sacar a su abuelo del lugar en el que está enterrado. Desde la Fundación Francisco Franco aseguran que, por ahora, no hay ningún acuerdo con Moncloa.

De hecho, según se conoció hace unos días, los nietos del dictador han firmado un acta amenazando al Gobierno con una demanda por “profanación de tumbas” si intenta llevar a cabo la exhumación de forma unilateral.

Miedo a perder una demanda de la familia Franco

Ante la batalla legal que se avecina, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes del equipo del presidente, Sánchez admite en privado que han surgido “serias dudas” sobre la viabilidad jurídica de esta operación.

En el entorno de Sánchez insisten, una y otra vez, que los servicios jurídicos del Estado están trabajando para proceder “con todas las garantías”.

Reconocen que no se ha dado todavía con la fórmula jurídica. Al mismo tiempo, se valora también que las posibilidades de perder una demanda de la familia Franco son “más que reales”.

Un escenario que “aterra” al propio Sánchez, según ha confesado en los últimos días. No quiere ni pensar en una sentencia que obligara en unos años, una vez que se resolviera el conflicto con la familia, a volver a introducir los restos de Franco en el Valle de los Caídos. “Sería un ridículo espantoso”, se le ha escuchado decir recientemente.

Debe buscar el apoyo del resto de grupos parlamentarios

Por eso el Gobierno ha retrasado la ejecución, se niega a concretar la fecha y la figura jurídica que empleará para cumplir con el anuncio. El presidente ha dado orden de “no anticipar nada hasta que el asunto se encuentre perfectamente armado legalmente”.

Una de las vías que maneja Moncloa es la redacción de un decreto ley, que aprueba el Consejo de Ministros y se ejecute sin más.

Otra opción que tiene encima de la mesa es recurrir a un real decreto ley. En este caso, el texto tiene mayor rango legal. Es ejecutable desde su publicación en el BOE pero necesita ser convalidado por el Congreso de los Diputados en el plazo de un mes. Este trámite requiere del pronunciamiento y votación del resto de grupos parlamentarios.

En el entorno del presidente dan por hecho que la convalidación no encontrará mayores obstáculos. Recuerdan que ya existe un mandato de la Cámara Baja. Se aprobó en mayo de 2017, por 198 votos a favor (Ciudadanos lo apoyó) y 140 abstenciones (PP y ERC, entre otros). “Por tanto, la decisión política está tomada”, explican.

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