Un peligroso escenario para Sánchez: políticos condenados por Kitchen, Púnica, Lezo… saldrán a la calle un mes antes de las elecciones de mayo

La reforma de la malversación beneficia a Ignacio González, Francisco Granados, Jorge Fernández Díaz… Los abogados tienen ya redactada la petición de reducción de penas

Ignacio González abandona la prisión de Soto del Real.
Ignacio González abandona la prisión de Soto del Real.

La rebaja del delito de malversación impulsada por el PSOE y ERC afectará a decenas de condenados y encausados por el desvío de fondos públicos. Pero el peligroso escenario que se avecina para el Gobierno es que algunos de los políticos implicados en graves casos de corrupción podrán salir a la calle en vísperas de las elecciones de mayo.

De hecho, la reforma del Código Penal ya está dejando las primeras consecuencias, sin haber siquiera entrado en vigor (lo hará a partir del jueves). La Audiencia Nacional acaba de preguntar a la Fiscalía Anticorrupción si quiere modificar su escrito de acusación del “caso Acuamed” a la luz de la nueva tipificación penal.

Excarcelación de políticos corruptos

Según advierten a Confidencial Digital fuentes próximas a Anticorrupción, los fiscales que luchan contra la corrupción avanzan que el goteo de revisiones, con la posibilidad de que algunos políticos condenados y encausados por corrupción salgan a la calle, se producirá en los procesos e investigaciones que han comenzado después del 2015 porque lo que ha hecho el Gobierno es volver a una situación similar al Código Penal de entonces. 

La rebaja de la malversación obligará tanto a revisiones de sentencias firmes como a atenuar aquellas peticiones de pena solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción en numerosos procedimientos en curso pendientes de enjuiciamiento

Las fuentes judiciales consultadas por ECD aseguran que la Fiscalía Anticorrupción ya está volviendo sobre otras causas para decidir si la reforma puede afectar a escritos de acusación que todavía no se hayan juzgado.

A un mes de las elecciones de mayo

Anticorrupción ya ha advertido que la reforma le impedirá mantener acusaciones altas contra políticos por corrupción, además de que la prescripción de los delitos llegará antes, lo que dificultará su labor de investigación. 

Por su parte, los abogados que defienden a algunos de los implicados en las principales causas de corrupción de España, como Kitchen, Púnica, Lezo, tienen claro que si existe un nuevo marco penal más favorable a los acusados o condenados, los tribunales deberán aplicarlo. 

Y ya tienen redactadas las peticiones de revisión de penas, que presentarán en las próximas semanas, según han confirmado a Confidencial Digital varios de estos letrados.

Así, y a la espera de que la Fiscalía se pronuncie, cuentan con que los jueces instructores decidirán prorrogar las investigaciones por un plazo de tres meses, hasta aproximadamente mediados de abril, lo que situará las rebajas de penas y las posteriores salidas de prisión de políticos corruptos a un mes de las elecciones de mayo.

 

Entre los casos que se verán previsiblemente afectados por la reforma se encuentran especialmente procedimientos de corrupción del PP, pero algunos de ellos también afectan a altos cargos del PSOE.

No hubo lucro personal en Kitchen

En concreto, las fuentes consultadas por ECD apuntan al caso Kitchen, donde se encuentra imputado el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por espiar de forma ilegal al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.

La instrucción llevada a cabo en la Audiencia Nacional ha acreditado que se emplearon fondos reservados para espiar a Bárcenas pero, sin embargo, tras esa presunta malversación -la causa está pendiente de juicio- no se ha constatado lucro personal alguno. 

Si se malversaron caudales en ese caso no fue para el enriquecimiento de ninguno de los políticos, sino para borrar las huellas de la corrupción y, por lo tanto, los abogados del ex ministro del Interior con Mariano Rajoy dan por hecho que las penas se reducirán.

Fuentes fiscales coinciden también en que, a la hora de presentar el escrito de acusación contra la ex cúpula de Interior del PP, se tendrá que rebajar la pena de la malversación de acuerdo con la nueva reforma legal.

Rebaja de la pena para Ignacio González

Distinto caso es el de Lezo, explican en Anticorrupción, donde el Ministerio Público ya presentó el escrito de acusación y solicitó a la Audiencia que condenara a ocho años de prisión al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, tras la compra de la empresa Emissao por parte del Canal de Isabel II. 

El ex dirigente popular fue acusado de los delitos de fraude y malversación, pudiendo también verse beneficiado ahora por la modificación del Código Penal.

Con la reforma, la malversación se castigará ahora con entre uno y cuatro años de cárcel y entre dos y seis años de inhabilitación a “la autoridad o funcionario público que diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado”, siempre y cuando “resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviese consignado”.

En el caso de que no se aprecie ese daño la única pena sería la inhabilitación de entre uno y tres años y una multa de tres a 12 meses.

También se beneficiará Francisco Granados

Ignacio González y la también ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quedaron fuera de la investigación de la pieza 9 del caso Púnica, en la que se investigó la supuesta financiación irregular del Partido Popular madrileño en las elecciones autonómicas de 2011 y contratos de posicionamiento online de altos cargos.

Pero el titular del Juzgado Central 6 sí propuso juzgar por el delito de malversación, entre otros, al ex secretario general del PP de Madrid y también consejero del Gobierno de Aguirre, Francisco Granados, así como al que fuera gerente del partido en la Comunidad, Beltrán Gutiérrez, que ahora también se verán beneficiados por la rebaja.

Mismo escándalo que con el “solo sí es sí”

A pesar de que el Gobierno ha insistido en que este cambio no provocará una rebaja de penas a corruptos, más allá de los dirigentes independentistas encausados por el ‘procès’, las dudas sobre el alcance de la medida no se han disipado. 

Incluso Unidas Podemos, aliado minoritario del PSOE en el Ejecutivo de coalición, ha expresado sus reparos. Pablo Echenique, portavoz de la formación en el Congreso, verbalizó hace unos días su “preocupación” por los efectos que pudiera provocar.

La Fiscalía también ha mostrado sus reticencias. En el Ministerio Público temen que la reforma aprobada implique un “goteo” de reducciones de penas a corruptos -e incluso prescripciones-, generándose un fenómeno similar al vivido con la entrada en vigor de la ley del “solo sí es sí”, que ya ha permitido que más de un centenar de agresores sexuales se hayan beneficiado de rebajas en sus castigos, pese a que el Ministerio de Igualdad defendió que no se iban a producir.

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