La plataforma que reúne firmas contra la Ley Celaá se coloca a menos de 170.000 de conseguir el objetivo de los dos millones

Han logrado ya 1.833.870 apoyos y recabado 40.000 en 18 horas para modificar las limitaciones de la libertad de enseñanza

Teresa Ribera junto a Isabel Celaá y Nadia Calviño

Asociaciones y fundaciones de colegios concertados y de educación especial recogen firmas desde el pasado jueves contra la Ley Celaá. Han conseguido ya 1.833.870 y están “completamente convencidos” de que llegarán a los dos millones, ya que “hay mucha gente que todavía no ha firmado y quiere hacerlo, y es algo que afecta a todo el colectivo social”, afirma Jesús Muñoz de Priego, el portavoz de másplurales.es, la plataforma que está recolectando todas las firmas.

El portavoz de la plataforma aclara que les consta que quiere firmar mucha más gente, pero todavía queda tramitación parlamentaria, porque tras aprobarse la ley en el Congreso en tan solo seis días, ahora tiene que pasar por el Senado. Los grupos parlamentarios, por tanto, cuentan con seis días (contando con el fin de semana en medio) para analizar el dictamen del proyecto de ley educativo.

Objetivos claros

Debería tener consecuencias”, declara Muñoz de Priego a ECD. “Si a pesar del volumen de firmas recogidas, la participación de los centros, el debate y revuelo social activo, no tiene ningún tipo de influencia, pondrá de manifiesto que el Gobierno no atiende a la voluntad de la sociedad ni a la libertad de enseñanza”, añade.

Desde másplurales.es pretenden minimizar las limitaciones en lo que se refiere a la libertad de enseñanza. “Probablemente no retiren la norma, pero nuestros esfuerzos están centrados en generar debate social y basándonos en argumentos firmes, no en clichés ideológicos”, afirman a ECD. Su objetivo principal es insistir en la modificación de la regulación de la ley.

Otros puntos clave

La Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Ley Orgánica de Educación), LOMLOE, conocida como la Ley Celaá, que se aprobó el pasado jueves con 20 votos a favor, está generando polémica por sus condiciones y lo que estas suponen para la educación concertada y especial.

El Partido Popular aprobó en 2013 la Ley por la que el castellano se convertía en lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo eran en las diferentes Comunidades Autónomas. Con la Ley Celaá, además, se elimina el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, lo que significa que deja de usarse en la educación cuando existen otras lenguas maternas. En concreto, PSOE, Unidas Podemos y ERC buscan eliminar esta norma.

Dicha ley impondrá también la educación sexual a los niños de 6 años. Es decir, establece, entre otras cosas, este ámbito de estudio educativo desde primaria. Así como la perspectiva de género en algunas asignaturas. Todo ello ha sido también motivo de la polémica generada por el Ministerio de Educación. 

 

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