Pacto secreto PP-Vox: forzar a Pedro Sánchez a plantear una cuestión de confianza si la reforma laboral era derrotada
Teodoro García Egea lo negoció con Macarena Olona. Si el presidente perdía la votación en el Congreso tendría que dimitir
A cinco días de las elecciones en Castilla y León, el PP parece lejos de reeditar una victoria como la que conquistó Isabel Díaz Ayuso y ni siquiera tiene garantizado el triunfo. Solo podría retener el Gobierno regional con un acuerdo con un Vox en alza. Ya ha habido acercamientos entre los dos partidos con la reforma laboral.
Hasta el punto de que, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las negociaciones, PP y Vox habían pactado exigir a Pedro Sánchez que se sometiese a una cuestión de confianza en el Congreso si fracasaba la reforma laboral.
Aunque Unión del Pueblo Navarro (UPN) había ordenado a sus dos diputados que apoyaran el decreto, estos rompieron la disciplina y votaron en contra. Una indefinición que provocó horas de máxima incertidumbre antes de la votación.
La cúpula de PP y Vox aprovecharon ese escenario para negociar en los pasillos de la Cámara Baja una estrategia que hiciese tambalear al Gobierno de Sánchez, según ha podido confirmar ECD por fuentes políticas.
El error del diputado del PP por Cáceres, Alberto Casero, salvó ‘in extremis’ la convalidación del proyecto estrella del Ejecutivo en esta legislatura, que salió adelante en una rocambolesca votación. Solo el error del parlamentario popular salvó al Gobierno del desastre. Al final, fueron 175 votos a favor y 174 en contra.
La mayor quiebra del Gobierno
En la dirección de PP y Vox no pasaron por alto antes de la votación que la mayoría de la investidura que llevó a La Moncloa a Pedro Sánchez iba a sufrir “la mayor quiebra de la legislatura”.
El decreto salió adelante sin el apoyo de ninguno de los socios principales del Gobierno y gracias a los votos de dos partidos de derechas como Ciudadanos y el PDeCAT.
El Ejecutivo de coalición tuvo que escuchar además en el debate del Congreso un alud de críticas, no solo por parte de los grupos de la oposición, sino también de sus socios de investidura por el contenido de la reforma.
La consideran insuficiente, por la falta de diálogo, y por haber incumplido su propio programa, en el que prometían la “derogación” de la ley aprobada por el PP en 2012.
Exigir una cuestión de confianza
En un momento de máxima debilidad del Gobierno, en caso de un rechazo del Congreso a la reforma estrella de la legislatura, los planes de la oposición iban más allá de intentar que la reforma laboral decayese.
Según ha podido conocer Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las negociaciones, el líder del PP, Pablo Casado, y el de Vox, Santiago Abascal, estaban de acuerdo en retar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza en el Congreso para comprobar con cuántos apoyos parlamentarios contaba en este momento: justo en el ecuador de la legislatura y tras una sonora derrota parlamentaria si era rechazada la reforma laboral.
Contactos con la “máxima discreción”
Explican que las conversaciones fueron pilotadas por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y la secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona.
Los contactos se han llevado con la “máxima discreción” para lograr el “efecto sorpresa” que se busca en este tipo de movimientos políticos. De hecho, PP y Vox se resisten a ofrecer detalles sobre esta operación cuando se les pregunta.
Días después se ha conocido además que la derrota podría haber desencadenado la dimisión de su impulsora, la vicepresidenta Yolanda Díaz, según insinuó ella misma en una entrevista el pasado domingo en el programa ‘Salvados’ de laSexta. Un escenario que habría añadido más inestabilidad en el Ejecutivo.
Visibilizar que la legislatura está acabada
Pese a que Pablo Casado y Santiago Abascal eran conscientes de que “Pedro Sánchez no iba a pedir la confianza de la Cámara si no estaba seguro de que iba a ganar la votación”, consideraban que la maniobra podía reforzar el mensaje de que “la legislatura está acabada”, no dejando además que se evaporara el viento a favor de la derecha y los aires de cambio que venían augurando la mayoría de las encuestas hasta hace unos días.
En el PP y Vox se asumía un riesgo: conseguir el efecto contrario a lo que se pretende con la operación, es decir, un cierre de filas de los socios del Gobierno, con Podemos y los partidos nacionalistas a la cabeza, avalando en público la gestión de Pedro Sánchez por miedo a la derecha.
Sánchez se la exigió a Rajoy en 2018
Fuentes políticas recuerdan a ECD que la cuestión de confianza es un mecanismo que Pedro Sánchez también exigió a Mariano Rajoy si no se veía capaz para sacar los Presupuestos de 2018, que finalmente salieron adelante con el apoyo de Ciudadanos y el PNV días antes de la moción de censura que llevó al líder socialista a La Moncloa.
La cuestión de confianza es un mecanismo parlamentario contemplado en la Constitución para medir el respaldo de un Gobierno, que es a quien corresponde su presentación y que necesita mayoría simple (más votos a favor que en contra) para superarla, pues en caso contrario el presidente debe presentar su dimisión.
Tanto la cuestión de confianza como la moción de censura están recogidas en la Constitución de 1978, en los artículos 112, 113 y 114 dentro del Título V que regula las relaciones entre el Gobierno de la Nación y las Cortes Generales.
Lo tiene que solicitar el presidente
Según señala el artículo 112, el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza ya sea sobre un programa concreto o sobre una declaración de política general.
El Reglamento del Congreso detalla que ese escrito del Gobierno será trasladado a la Junta de Portavoces de la Cámara y se convocará una sesión plenaria para debatirla, siguiendo los protocolos de un Debate de Investidura. Finalizado el debate, se fijará hora para la votación, que no podrá ser antes de que pasen 24 horas.
Como en los debates de investidura, la votación es pública y por llamamiento, con los diputados poniéndose en pie y anunciado su voto en voz alta. La confianza que demanda el presidente del Gobierno se entenderá otorgada cuando vote a favor la mayoría simple de la Cámara, es decir, más ‘síes’ que ‘noes’.
El Rey convocaría nuevas consultas
Si el Congreso niega la confianza al presidente del Gobierno, éste deberá presentar su dimisión ante el Rey para que el Jefe del Estado ponga en marcha el procedimiento de designación de un nuevo presidente (consultas, investidura y votación).
Desde la Constitución de 1978 dos han sido los presidentes del Gobierno que se han sometido a una cuestión de confianza. En septiembre de 1980 fue Adolfo Suárez, de UCD, quien reclamó apoyo a la Cámara para superar la crisis y desarrollar el estado autonómico recién aprobado en la Carta Magna. La superó con creces al sumar 180 ‘síes’ (UCD, Minoría catalana y andalucistas, básicamente) frente a 164 ‘noes’ y dos abstenciones.
Diez años después, en abril de 1990, el socialista Felipe González se sometió a la cuestión de confianza tras los problemas en el recuento de escaños en varias circunscripciones en las elecciones celebradas meses antes, en las que el PP impugnó en los tribunales los resultados de Murcia, Pontevedra y Melilla.
Al final, el PSOE superó el trámite con sus 175 diputados más un representante de la Agrupación Independiente de Canarias (AIC), frente a 130 ‘noes’ y 37 abstenciones.
La moción de censura, más exigente
La presentación de la moción de censura, por contra, no es potestad del Gobierno, sino de la oposición, ya que es su mayor instrumento para exigir responsabilidades políticas en el Congreso. Debe estar firmada por al menos la décima parte de la Cámara (35 diputados) y necesita contar con un candidato a la Presidencia del Gobierno.
Para que prospere una moción de censura no basta con mayoría simple, sino que el candidato alternativo necesita la mayoría absoluta (176 diputados) en una votación que también es pública y por llamamiento. Si lo logra, se entenderá que ha superado una sesión de investidura, será nombrado por el Rey y sustituirá al presidente derrotado.
Casado no contó con el apoyo de Vox
Así ocurrió en junio de 2018 con el PSOE y Pedro Sánchez, que llegaron al Palacio de la Moncloa al prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy.
En cambio, Pablo Casado decidió aparcar la idea de una moción de censura contra Pedro Sánchez tras la victoria de Isabel Díaz Ayuso el pasado mayo en la Comunidad de Madrid. El líder del PP recibió el mensaje de que Santiago Abascal, con quien mantiene una tensa relación desde que Génova rechazó la anterior iniciativa de Vox para promover un cambio en la presidencia del Gobierno en octubre de 2020, no apoyaba aquella maniobra. Sin ese apoyo, Casado no vio conveniente presentarla.
Hay que recordar que Pablo Casado aseguró la noche del 4-M que la victoria del PP en las elecciones madrileñas era el “kilómetro cero del cambio en España”, ya que, según recalcó, iba a suponer un “punto de inflexión en la política nacional”.
“Hoy Madrid ha hecho una moción de censura democrática al ‘sanchismo’, a sus pactos con Bildu, a sus pactos con los independentistas y al Gobierno con Podemos”, proclamó eufórico el líder del PP desde el balcón de la calle Génova.
