Presiones a Montoro de Vox y PDeCAT para que confirmara y negara la malversación en el 1-O
El partido de Abascal le amenazó con una querella por “dejación de funciones” y los independentistas, con pedir su imputación como responsable de vigilar las cuentas de la Generalitat
Cristóbal Montoro tenía este miércoles un papel complicado en su declaración como testigo en el juicio del procés que se celebra en el Tribunal Supremo. El ex ministro de Hacienda acudía a la citación consciente de que, tanto las defensas como la acusación popular, estaban dispuestas a ir contra él.
Como miembro del Gobierno de Mariano Rajoy, Montoro fue el artífice de la intervención de las cuentas de la Generalitat con un control que, inicialmente, fue mensual para luego pasar a ser semanal, desde julio de 2017.
En una entrevista al diario El Mundo, en abril de 2018, el ex ministro deslizó que, gracias a su labor de vigilancia, el referéndum no costó ni un euro a los catalanes. “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, sentenció.
Para las defensas, su testimonio era ahora esencial para desmontar la acusación del delito de malversación. Por el contrario, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado consideran que se emplearon fondos públicos, por lo menos 1,6 millones de euros, y una negación por parte del ex titular de Hacienda suponía un varapalo para su acusación.
La amenaza de una querella de Vox
Por ello, la acusación popular que ejerce Vox en el caso abierto por el procés pidió que Cristóbal Montoro testificase ante el Supremo después de que sus explicaciones al juez Llarena sobre su negación de que hubiera malversación para pagar el 1-O no les resultara convincente.
El partido de Santiago Abascal ha venido defendiendo que la gravedad del delito de malversación, que, a su juicio, se ha cometido en el proceso soberanista, es comparable con la gravedad de las manifestaciones del ministro Montoro negando ese mismo delito.
Según ha podido saber ECD por fuentes conocedoras de los contactos, el mensaje que llegó a personas próximas a Montoro, días antes de la declaración, es que si el ex ministro se ratificaba en que no hubo malversación, debía demostrarlo en sede judicial. En caso contrario, estudiarían posibles acciones penales por “dejación de funciones” o incluso “falsedad”.
Así se explica que, durante su declaración en el Supremo, Cristóbal Montoro asegurara que Hacienda sometió a la Generalitat a un férreo control financiero que se hizo aún más intenso a escasas dos semanas del referéndum del 1-O. Pero ese filtro no evitaba, necesariamente, que el Govern de Carles Puigdemont utilizara fondos públicos para organizar la consulta.
Siempre pudo haber “fraude” o “engaño”, dijo Montoro. Este fue uno de los principales mensajes que dejó el ex ministro durante su paso por el Supremo.
Pedir la imputación de Rajoy y Montoro
Por si esto fuera poco, en el entorno del ex ministro aseguran que también se recibieron advertencias desde las defensas.
ECD ha podido confirmar que altos cargos del PDeCAT en Madrid le trasladaron el mensaje de que si la acusación de malversación contra los líderes independentistas se mantenía, los abogados defensores de los acusados estudiarían solicitar su imputación y también la de Mariano Rajoy.
En ese caso, el argumento principal sería que “ellos eran los responsables finales de la utilización de los fondos de la Generalitat en ese momento”.
Montoro, “artífice” del control de las cuentas
Hay que recordar que el propio Cristóbal Montoro se declaró “artífice”, durante su declaración en el Supremo, del control semanal de la Generalitat. Confirmó que el Gobierno de Rajoy impuso un control preventivo de los gastos para que no hubiera desvíos para el referéndum del 1-O.
La vigilancia ya se efectuaba desde noviembre de 2015, pero en julio de 2017, ante el incremento del desafío soberanista se acordó aplicar una supervisión semanal.
El acuerdo imponía un sistema de control de gastos a la Generalitat por el que, semanalmente, los interventores y responsables económicos de cada departamento y todas las entidades públicas con capacidad de gasto debían certificar ante Hacienda no haber iniciado ningún expediente de inversión en los preparativos del 1 de octubre.
