Política

El prior del Valle de los Caídos no se siente presionado por el Vaticano

Considera que la carta del secretario Parolin no modifica la actual situación, y se atendrá a lo que decida el Tribunal Supremo

Valle de los Caídos.
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El Gobierno sigue dando pasos en el proceso para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Solo quedan dos semanas para que se cumpla el plazo de quince días hábiles que Moncloa dio a la familia para que señale un lugar donde inhumar el cuerpo. Un nuevo emplazamiento que, como dicta la resolución firmada por Carmen Calvo, no podrá ser la cripta de la catedral de La Almudena, opción prioritaria de la familia pero desaconsejada por un informe de la Delegación del Gobierno de Madrid.

Como ha adelantado ECD esta misma semana, la familia Franco y la fundación que lleva su nombre van a acudir al Tribunal Supremo para intentar frenar el proceso. Van a solicitar a la justicia que se dicte la suspensión cautelar de la orden de exhumación dictada por el Consejo de Ministros mientras la defensa prepara el recurso que van a interponer. Tienen dos meses para su presentación, como recoge la resolución firmada por Carmen Calvo y que ECD ha publicado de forma íntegra.

Si el Supremo admite la petición de la familia, ordenando una suspensión cautelar de la resolución, el gobierno de Sánchez quedaría bloqueado legalmente para ejecutar la orden de exhumación.

Una carta del Vaticano

En medio de este proceso, y ante la amenaza de un posible bloqueo legal, el Gobierno ha manejado una nueva baza para intentar presionar al prior, pieza fundamental para lograr la exhumación: una carta del Vaticano.

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha remitido un escrito a la vicepresidenta Carmen Calvo en la que reitera que la Iglesia “no se opone” a la exhumación, tal y como admitió el portavoz interino de la Santa Sede Alessandro Gisotti.

El gobierno ha esgrimido en público esta carta como una muestra de apoyo explicito del Vaticano a la exhumación. Sin embargo, desde diversos sectores involucrados en el proceso no se ha entendido de la misma forma.

El prior no está preocupado por la carta

Uno de estos frentes sería el propio prior de la Abadía Benedictina del Valle de Los Caídos, Santiago Cantera. Según ha sabido ECD por fuentes de su entorno, el prior no se siente presionado por la carta del Vaticano.

Y es que el texto de la carta, explican estas voces, insiste en que se debe cumplir el dictamen de la “autoridad competente” en la materia. Y en este caso, como coinciden el prior, la familia y la Fundación Francisco Franco, la autoridad competente “es el Tribunal Supremo”. Por tanto, en la Abadía se entiende que la carta del secretario Parolin no incluye ninguna orden de obediencia al Gobierno sino una recomendación de observar y respetar el mandato legal de dicha “autoridad competente”.

La lectura que le ha dado el Gobierno a la carta de Parolin “es una interpretación parcial y muy particular”, añaden fuentes próximas al prior. La comunidad benedictina, como tal, ha asumido que respetará cualquier decisión al respecto de la autoridad civil, pero recuerda que en este caso “no es el poder ejecutivo”.

“Estamos en un Estado de Derecho en el que un particular o una institución tienen derecho a verse amparados ante lo que legítimamente pueden considerar que vulnera sus derechos e incluso un derecho fundamental. Y en ese caso es el poder judicial quien decide y sentencia, cabiendo la posibilidad incluso de agotar toda la vía de recursos judiciales posibles”, advierten estas fuentes.

“El Vaticano no apoya la exhumación”

De la misma opinión es la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, quien en una nota emitida ayer a los medios de comunicación advertía que “es falso que el Vaticano apoye la exhumación”.

El Vaticano, siempre hábil en cuestiones diplomáticas, manifiesta que ‘no se opone a la exhumación’, cuestión que está muy lejos” de las “interpretaciones torticeras y desde luego interesadas” que se le han dado, a su juicio, a las palabras del cardenal Parolin.

“Si hay alguien que pueda parecer dispuesto a saltarse la legalidad y el ordenamiento jurídico español, es precisamente el Gobierno del Reino de España, y no el prior del Valle de los Caídos cuya actuación en este tema es hasta el momento intachable y extraordinariamente rigurosa en el cumplimiento de las normas legales” aseguran desde la asociación.

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