Política

Los audios de los Mossos y los gastos de Junqueras sustentan el delito de rebelión que el Gobierno no ve

La Comisaría General de Información ha enviado al Supremo archivos y pen drives con documentación suficiente para acusar a todos los cargos del Govern encausados por el 1-O

Oriol Junqueras en la Audiencia Nacional
photo_camera Oriol Junqueras en la Audiencia Nacional

Este viernes se registraron las acusaciones contra los cargos del Govern que, junto al fugado Carles Puigdemont, pusieron en marcha el referéndum independentista del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia. Pese a que la Abogacía del Estado ha descartado incluir una petición de condena por rebelión, el Supremo cuenta con importantes documentos, enviados por la Policía, que probarían ese delito, junto a los de malversación y sedición.

Según explican al Confidencial Digital fuentes policiales, el grueso de las pruebas enviadas al Tribunal proceden de la documentación que los Mossos d’Esquadra intentaron quemar en una incineradora el 26 de octubre del año pasado, y que fue interceptada por una unidad del Cuerpo Nacional en el momento en el que los agentes catalanes iban a entrar al recinto.

En total, se intervinieron diez cajas llenas de documentos y grabaciones que han sido analizadas durante el último año. En los primeros meses, fueron los policías de la Brigada de Información de la Policía Nacional de Barcelona los encargados de procesar toda esa información pero, ante la gran cantidad de papeles y audios, el 50% del material fue enviado a Madrid.

Tal y como se informó en estas páginas, fue la Comisaría General de Información la encargada de analizar toda esa documentación a la búsqueda de pruebas incriminatorias contra los procesados para remitirlas, después, al Tribunal Supremo. Para agilizar el trabajo, incluso, se pidieron refuerzos de otras unidades.

Todo un arsenal contra los procesados

Durante estos meses, cada papel y audio que se ha considerado como prueba ha sido cifrado y registrado, para su posterior envío al Tribunal. El juez Pablo Llarena cuenta con “todo un arsenal” contra los procesados, según los investigadores.

Hay material suficiente para probar el espionaje a políticos no independentistas, las reuniones de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras con el consejero Joaquim Forn y altos cargos de los Mossos para organizar el 1-O; y el papel de Jordi Sánchez y Jordi Cruixart como los organizadores de la concentración violenta del 20 de septiembre ante la consejería de Economía y colaboradores del Govern en el referéndum.

Además, la Comisaría General de Información también ha encontrado “documentación relevante” sobre los gastos del 1-O que afectarían, de lleno, al propio Junqueras y al ex consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva. Así, y siempre según la información de la Policía, “ambos usaron dinero público para organizar el referéndum y pagar a observadores internacionales”.

Esas pruebas, de hecho, servirían para acreditar el delito de malversación de caudales públicos, pero la Comisaría General de Información también ha remitido al Supremo “mucho material” para condenar a los encausados por los delitos de rebelión y sedición:

-- “Hay audios de los Mossos en los que se habla de garantizar el referéndum y entorpecer la labor policial. Además, hay instrucciones internas, entre consejerías, que hablan de desobedecer al Estado”.

El hecho de utilizar un “cuerpo armado” contra otro, en este caso la Policía, es “la prueba más clara” contra el delito de rebelión que ahora no ve el Gobierno, según afirman desde la Comisaría General de Información: “Es de manual, y los audios demuestran que se cometió ese delito”.

Con toda esa documentación, concluyen las fuentes consultadas, “la condena es segura” para todos los procesados... “Y por los tres delitos que les imputan”, pese al nuevo criterio de la Abogacía del Estado.

 

Arabia Saudi 1-2 México
                Copa Mundial de la FIFA Catar 2022                

México se queda fuera del Mundial por un gol
Comentarios
Somos ECD
¿Quieres formar parte de ECD?