El PSOE se la va ‘colar’ también a Podemos con la Ley de Vivienda: no se aprobará esta legislatura

El Gobierno ha suavizado el impuesto a las grandes empresas energéticas tras el duro aviso del PNV. Una operación que Moncloa pretende repetir para “rebajar” la Ley de Vivienda pactada con Podemos, que ha provocado amenazas de salida de España de grandes propietarios de inmuebles, a los que Economía ha tenido que ir calmando.

Así las cosas, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes con acceso a La Moncloa, el Ejecutivo está dispuesto a matizar algunas de las medidas de la polémica Ley de Vivienda.

La compleja normativa, que tantos quebraderos de cabeza ha provocado en el seno del Ejecutivo de coalición desde el comienzo de la legislatura, se encuentra en pleno trámite parlamentario. Es ahí, según las mismas fuentes, donde Moncloa ha prometido a los grandes fondos de inversión que “la ley se dulcificará”.

Como ha ocurrido con la norma que grava a las empresas energéticas, el PSOE ha recibido el mensaje del PNV, un socio clave de Pedro Sánchez, de que no apoyará la nueva ley “en los términos en los que está planteada en este momento”, según ha podido confirmar ECD por fuentes parlamentarias socialistas.

Una amenaza que, según ha adelantado ya Moncloa a los fondos, obligará a modificar la normativa anunciada si quiere ser aprobada esta legislatura. En caso contrario, no será posible sacarla adelante con las actuales mayorías en el Congreso, como también dan ya por hecho que ocurrirá con la ‘Ley Trans’ o la ‘mordaza’

“Nosotros queríamos, pero no nos han dejado”

Según las fuentes consultadas, esa será la baza que utilizará Moncloa y Ferraz, en caso de fuerte resistencia por parte de Podemos, especialmente de la ministra impulsora, Ione Belarra,

“Nosotros lo hemos intentado, ha habido voluntad política, pero no hemos tenido el apoyo suficiente. No nos han dejado”, será la respuesta que el PSOE justificará ante sus socios de Unidas Podemos en el Congreso.

De hecho, en paralelo a las negociaciones finales de los Presupuestos, los socialistas comenzaron a hablar con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu sobre la normativa atascada.

Solo cuenta con el apoyo de ERC y Bildu

Fuentes parlamentarias confirman a ECD que las conversaciones se han reanudado y que esta semana entran en una fase decisiva. Antes del viernes sabrán las partes si da tiempo a tramitar la norma durante lo que queda de año, para lo cual impulsarán un procedimiento exprés.

ERC y Bildu son los partidos clave en la reactivación de la nueva regulación de vivienda, ya que se trata de uno de los hitos más importantes de la agenda progresista del Gobierno. Consideran que renunciar a ella sería una derrota.

Ahora bien, el nivel de acuerdo político, con ERC y Bildu, no alcanza. La suma de escaños de los cuatro grupos es 171.

Teniendo en cuenta que el PNV no ha estado nunca muy conforme con el proyecto legislativo, así como el PDeCAT, la coalición no tiene más remedio que acudir a ambos partidos y, además, a organizaciones más pequeñas como Más País, Compromís, BNG, Teruel Existe o PRC, y negociar con ellos. Todo esto para evitar que se vayan al ‘no’ y engorden el nivel de rechazo de PP, Vox y Cs.

Se ha dejado “dormida” en el Congreso

Hay que recordar que la ley de vivienda, desde su llegada al Congreso en febrero, ha vivido una andadura complicada.

El Gobierno, en uso de su potestad y facilidad para manejar los tiempos, optó por “dejarla dormir” en los diferentes limbos parlamentarios en los que pueden caer las leyes. El primero, el de las prórrogas semanales de los plazos para registrar enmiendas, que duró hasta finales de abril.

El segundo, el de la creación de la ponencia en el seno de la comisión correspondiente, en este caso la de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y que aún no ha terminado.

El Gobierno comienza a preparar el fracaso

En este contexto, no se pasa por alto que el Ejecutivo ha comenzado a reconocer públicamente en alguna ocasión que tiene que “respetar las competencias de las comunidades autónomas y entidades locales”, y por eso la ley depende en parte de que las autonomías la apliquen.

Confía en que todos los gobiernos cumplirán la ley, porque en caso contrario “estarán perjudicando a todos”. “También a los propietarios”, han incidido fuentes gubernamentales, al recordar que los dueños de las casas que se encuentren en las zonas tensionadas podrán acceder a beneficios fiscales si quieren bajar el precio del alquiler.

Intervenir en su negocio con el BOE

Fuentes próximas a varios fondos de inversión admiten a ECD que lo que realmente preocupa a los grandes propietarios es que se intervenga en su negocio con el Boletín Oficial del Estado, que es lo que apunta por ahora la nueva Ley de Vivienda pactada con Podemos.

Entienden que es “lógico” que un Gobierno intente favorecer el acceso a la vivienda, pero defienden que la solución no es la intervención en el negocio, sino promover más oferta de vivienda para abaratar los precios.

Y su tesis, acreditada en no pocas ciudades europeas en que se ha experimentado una regulación pública de los alquileres, es que el intervencionismo público restringe la oferta y complica y encarece el acceso a la vivienda.

La norma en la que trabaja el Gobierno de Sánchez diferencia dos situaciones para el control de los precios de los alquileres: caseros particulares y empresas que tienen más de 10 viviendas (los denominados “grandes propietarios”). Para los primeros, la vía principal de regulación son los incentivos fiscales, mientras que para los segundos sí se establecerán topes de precios.

En ambos casos, las medidas se aplican en las llamadas “áreas tensionadas”, cuya declaración deberá ser solicitada por las comunidades autónomas al Gobierno. Se declarará “área tensionada” aquella zona donde los precios de alquiler hayan crecido en los últimos años por encima de lo que se considera razonable.