Quim Torra ha pedido al Gobierno la cabeza del juez Llarena

En la reunión de la comisión bilateral en la que estuvieron presentes Carmen Calvo y Meritxell Batet. La respuesta fue que el Ejecutivo no puede cambiar magistrados

Quim Torra y Pedro Sánchez, en La Moncloa.
Quim Torra y Pedro Sánchez, en La Moncloa.

Finales de julio. La primera reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat de Cataluña está al caer, prevista para la primera semana de agosto. El Govern calienta el encuentro, exigiendo un referéndum de independencia a Pedro Sánchez.

La cumbre se celebra en Barcelona. Asisten, por parte de Moncloa, Carmen Calvo y Meritxell Batet, designada la interlocutora del Gobierno con la Generalitat. Por su parte, Quim Torra asiste como president de Cataluña, acompañado de Elsa Artadi y Ernest Maragall.

Las conversaciones terminan con pactos concretos: Torra decide moderar sus declaraciones y no presionar en exceso con la petición de la consulta independentista, mientras que arranca a Calvo y Batet la retirada de los recursos de amparo contra varias leyes catalanas y más fondos del FLA. A la vez, varios dirigentes del Gobierno y del PSOE comienzan a pedir la libertad de los ex consellers presos y la delegada en Cataluña, Teresa Cunillera, aboga incluso por el indulto.

Llarena

Ha trascendido un detalle de esta conversaciones. Maragall reveló la promesa de Batet de dar órdenes a la Fiscalía para poner fin a la prisión provisional de los dirigentes catalanes. Algo que la ministra negó rotundamente y que Maragall, tras unas primeras declaraciones en las que se reafirmó, terminó matizando.

Según ha podido saber Confidencial Digital, otro de los entresijos de la citada reunión es una nueva exigencia de Torra: pidió al Gobierno la cabeza del juez Llarena, instructor de causa del 1-O en el Tribunal Supremo.

El président catalán considéra al magistrado el principal obstáculo para que Junqueras, Romeva y el resto de ex consellers estén en libertad, uno de los asuntos por los que más ha protestado el independentismo.

Por eso, Torra exigió a Calvo y Batet la retirada de Llarena de la instrucción del sumario. Según ha sabido ECD de fuentes cercanas al asunto, las ministras se mostraron muy sorprendidas por la petición de Torra. Le explicaron que el Gobierno no puede retirar a un juez de una causa, menos aún de una tan mediática como la del 1-O. Supondría una grave injerencia en el poder judicial que provocaría un escándalo político y no solucionaría "el conflicto", sino que, al contrario, empeoraría la situación.

En todo caso, explicaron a Torra, tendría que ser la Fiscalía quien, respetando la independencia judicial, podría contrarrestar al juez solicitando unas medidas cautelares distintas de la prisión incondicional.

 

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