Sánchez y ERC no podrán imponer a Madrid una subida de impuestos sin reformar la ley de financiación autonómica

La competencia fiscal de las comunidades debe ser modificada por una ley orgánica y no a través de los presupuestos como se ha planteado

Gabriel Rufián en la sala de prensa del Congreso de los Diputados
Gabriel Rufián en la sala de prensa del Congreso de los Diputados

Los malabares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por mantener en pie el primer Ejecutivo de coalición de la democracia española son cada vez más notorios. Con el objetivo puesto en la aprobación en las próximas semanas de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, los primeros de Sánchez, desde Moncloa tratan de amarrar el mayor número de apoyos parlamentarios posibles a la cuentas públicas.

Este miércoles saltaban las primeras alarmas tras el anuncio de ERC, en una comparecencia precipitada en el Congreso de los Diputados, en el que su líder, Gabriel Rufián, aseguraba haber pactado con el Gobierno acabar con el dumping fiscal en Madrid. El objetivo es “acabar con el paraíso fiscal de facto que la derecha se ha apuntado en Madrid y que supone un grave perjuicio a la clase trabajadora” aseguró el líder independentista en la sala de prensa de la Cámara Baja.

Una enmienda que desde el Ejecutivo no miran con malos ojos. En marzo era la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien criticaba la baja fiscalidad de Madrid.  De hecho, la titular de Hacienda, recriminaba a la región que preside la popular, Isabel Díaz-Ayuso de “obligar al resto de comunidades” a bajo sus impuestos.

“La capacidad que tiene una comunidad, que ostenta la capitalidad, de ejercer dumping fiscal, que obliga al resto de comunidades a bajar la fiscalidad y luego incluso, algunas de ellas pedir recursos al Gobierno de España” criticaba Montero durante una sesión de control al Ejecutivo. 

En consecuencia, y con las dos partes apoyando la reforma del sistema tributario español, todo apunta a Sánchez dará luz verde a las reclamaciones de los independentistas. 

Sin embargo, la solución no es tan sencilla.  “Una reforma de este calibre pasa por una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) aprobada por una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados en 1980 tras la llegada del régimen autonómico nacido de la dictadura franquista” asegura a Confidencial Digital Leonardo Cárdenas, del despacho AGM Abogados.

Cambiar una legislación de este calibre lleva tiempo.  “No puede ser un cambio a corto plazo ni objeto de los Presupuestos Generales del Estado” explica a ECD Luis Enrique García de Garón Abogados.

Es posible, sí, pero mediante una nueva legislación orgánica aprobada en el hemiciclo del Congreso de los Diputados por una mayoría cualificada con la que a día de hoy no cuenta Pedro Sánchez.  Los nacionalistas vascos del PNV ya lo han avisado.  Ellos no están por la labor de modificar su acuerdo fiscal con el Estado materializado en el Concierto.  

Tampoco creen que este sea el momento para llevar a cambio una reforma de tal calibre desde la Comunitat Valenciana.  La región que preside el socialista Ximo Puig, quien ha sido uno de los grandes críticos con el dumping fiscal de Madrid, considera que las formas de ERC no son las “adecuadas” desmarcándose de este nuevo ómnibus de los nacionalistas catalanes.

 

Desde la Comunidad de Madrid, primera región damnificada por la enmienda de ERC, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso lanza una advertencia a Moncloa y asegura que su Gobierno será “la peor pesadilla de quien toque el bolsillo del contribuyente madrileño”. 

¿Existe dumping fiscal en Madrid?

El dumping fiscal hace referencia a una serie de beneficios fiscales que ofrecen las comunidades autónomas a los contribuyentes y a las empresas a través de deducciones y bonificaciones, como es el caso de Madrid, que dejan los impuestos en niveles bajos o incluso llegan, en la práctica, a suprimirse. 

En consecuencia, se genera un ambiente propicio y atractivo para que ciertas empresas radicadas en comunidades autónomas con mayores tipos impositivos puedan considerar asentar su domicilio fiscal en los lugares con menor presión fiscal.

Atendiendo a esta explicación, según Leonardo Cárdenas (AGM Abogados) no se puede decir que en la Comunidad de Madrid exista el dumping fiscal.  El hecho de bajar impuestos no quiere decir que se esté llevando a cabo una práctica de esta naturaleza y que implica una competencia desleal para con el resto de comunidades autónomas.

Sin embargo, en opinión del letrado Daniel Ramos de LBO Abogados, sí que se puede hablar una competencia desleal de Madrid con respecto a otras regiones como Andalucía.  "Tributar en Madrid es muy sencillo" concluye Ramos.

Además, cabe reseñar que este tipo de acusaciones contra Madrid no hacen referencia a todo el régimen fiscal de la región sino que solo se enfocan en los impuestos sobre el patrimonio y el de sucesiones y donaciones. 

Madrid tiene bonificado al 100% el impuesto sobre el patrimonio, es decir, los madrileños no pagan nada.  El de sucesiones y donaciones ha sido el que más controversia ha provocado a lo largo de los últimos años ya que regiones como Andalucía, Asturias o Extremadura han visto cómo sus cuentas se vaciaban año a año a raíz del aumento de las renuncias de las herencias, también a las deudas contraídas por los fallecidos, por los altos tipos impositivos que se aplican sobre ellas.

Sobre otros impuestos también existen problemas.  Por ejemplo, en el IRPF Madrid es la comunidad con el impuesto sobre la renta de las personas físicas más bajo de España, con un mínimo del 9% y una máximo de 21%.  Unos porcentajes que el gobierno de Díaz-Ayuso prevé reducir hasta en medio punto más tal y como anunció el pasado mes de septiembre durante su intervención durante el último debate sobre el estado de la región.

“Cada autonomía en función de la capacidad normativa puede establecer una serie de bonificaciones o reducciones en el impuesto de patrimonio. En Madrid están todas las grandes empresas que generan mucho dinero y dentro de su autonomía fiscal han decidido que esté bonificado al cien por cien” asevera Cárdenas de AGM Abogados a ECD.

Así funciona el sistema de financiación autonómico

En plena transición el Estado decidió transferir a las comunidades autónomas, a excepción del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra que se rigen por un tipo de normativa especial, la recaudación y la capacidad de fijar los niveles de los tipos impositivos y las bonificaciones de una serie de impuestos.

Por ejemplo, desde su competencia, Madrid ha fijado un mínimo exento de 700.000 euros en el impuesto de patrimonio, con una bonificación en cuota del 100%. Mientras que Cataluña ha hecho lo propio a partir de los 500.000 euros con una bonificación del 99% a los contribuyentes discapacitados.

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