Sánchez forzó la dimisión de María Gámez antes de que el Consejo de la Guardia Civil la ‘echara’

Pese a que se ha vendido como una decisión personal, la dimisión de María Gámez como directora general de la Guardia Civil responde a una operación de Moncloa para evitar que fuera forzada a abandonar su cargo por el Consejo del Instituto Armado. Un escenario que amenazaba con dinamitar la estrategia del PSOE contra la corrupción. 

Flanqueada por cuatro tenientes generales, la primera mujer directora general de la historia de la Guardia Civil presentó su dimisión. “Les he convocado para comunicarles mi renuncia como directora general de la Guardia Civil tras haber tenido conocimiento de que mi marido ha sido citado en el marco de un procedimiento judicial”, justificaba, emocionada y determinada a evitar un posible linchamiento de su familia y del instituto armado, vapuleado también en las últimas semanas por las corruptelas ligadas al ‘caso Mediador’ y al ‘caso Cuarteles’.

Las decisiones en el seno del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se han precipitado en los últimos días tras conocerse las irregularidades presuntamente cometidas en toda España por uno de los empresarios que aparece, tangencialmente, de refilón, en una de las reuniones registradas en el sumario de la causa de ‘Tito Berni’, el parlamentario Bernardo Fuentes Curbelo.

Ese empresario se llama Ángel Ramón Tejera de León, conocido como ‘Mon’, y no está siendo investigado en el ‘caso Mediador’, aunque aparece en una reunión recogida en los informes policiales de la causa. 

Sin embargo, ha sido recientemente imputado en esta otra causa que se instruye en los juzgados de Madrid en la que se indaga, precisamente, presuntas irregularidades en obras adjudicadas a su empresa para reformar comandancias de toda España. Es él quien conecta la trama Mediador con el llamado ‘caso Cuarteles’.

Junto a él figura como imputado otro empresario y dos mandos de la Guardia Civil; uno de ellos, el teniente general Pedro Vázquez Jarava. 

Por el momento, el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil ha detectado supuestas irregularidades en 193 obras en cuarteles adjudicadas por 3,3 millones de euros a este empresario. Esta unidad continúa con sus pesquisas en ambos casos. 

Inquietud en la Guardia Civil

Hay que recordar que hace dos semanas la investigación judicial se llevó por delante a un diputado del PSOE, el llamado ‘Tito Berni’, y a un general de la Guardia Civil entre imágenes de comidas, juergas con drogas y prostitutas en clubs de alterne.

Ahora, las derivadas de esta trama amenazan con convertirse en un escándalo de mayor envergadura, a lo que se ha añadido también la imputación del marido de María Gámez por el instructor del caso de los ERE de Andalucía.

La inquietud se ha instalado en la Guardia Civil y sus mandos, así como en el Ministerio del Interior, según admiten a ECD fuentes internas del Instituto Armado.

El Consejo iba a exigir el cese

En este contexto, Moncloa tuvo conocimiento de que, tras ampliar el foco y salpicar con sus derivadas a cinco mandos de la Guardia Civil en una red de presuntos amaños de contratos públicos por toda España, el ‘caso Mediador’ y las irregularidades en la adjudicación de contratos iban a llegar al Consejo de la Benemérita.

La presión de las bases del cuerpo y de las asociaciones había conseguido que las artimañas de los mandos detenidos o investigados en ambas causas fueran a tratarse en la siguiente reunión con la cúpula del Instituto Armado, prevista para la próxima semana.

Desde la dirección de la Guardia Civil, tras las noticias de las últimas semanas sobre las irregularidades presuntamente cometidas por algunos de sus altos cargos, se decidió incluir el punto “Actuaciones para la mejora de la Gobernanza”.

Adelantarse a la petición de dimisión

Según las fuentes consultadas, esta circunstancia movilizó de urgencia al equipo de Pedro Sánchez, que se puso en contacto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La decisión era clara: había que adelantarse a la petición de dimisión de la directora general de la Guardia Civil que se iba a exigir en esa reunión.

Marlaska trasladó entonces a Gámez, por orden de Moncloa, que un cese forzado por la presión de los guardias no era asumible dentro de la estrategia del PSOE de apartar a cualquier cargo ligado a la corrupción. Ella debía dar antes el paso de renunciar.

Se tuvo en cuenta que solo con una salida anticipada se podría insistir en el mensaje de que los implicados en corruptelas son expulsados inmediatamente del partido y de los cargos, en este caso, de las instituciones, a diferencia de lo que hace el PP.

Se esperó a después de la moción

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que Moncloa decidió retrasar la dimisión de Gámez hasta que acabara la moción de censura en el Congreso para evitar que este episodio de corruptelas se sumara en pleno debate parlamentario a los escándalos del ‘caso Mediador’ y ‘caso Cuarteles’, en el que figuran dos generales de la Benemérita, además de cargos socialistas.

Hay que destacar que la imputación del marido de Gámez por el instructor del caso de los ERE trascendió este miércoles, pero las pesquisas policiales sobre Martínez y su presunto “lucro injusto” con fondos de la Junta de Andalucía se llevan siguiendo desde hace semanas. 

A principios de febrero ya había constancia de una investigación de la UDEF sobre los negocios del marido de María Gámez, que terminó siendo imputado el 16 de marzo, fecha de la providencia. Pese a ello, la dimisión de la directora general no se produjo hasta este miércoles, justo al acabar la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez.

Los generales apartados del cargo

El Ministerio del Interior decidió también cesar de forma fulminante al coronel Tienda Serrano, de la comandancia de Tenerife, tras su aparición en el sumario de Tito Berni y se han comenzado a tomar medidas contra los altos representantes de la Benemérita salpicados por estos casos de corrupción.

A la vez, la Guardia Civil mantiene intervenida la Tesorería de este destacamento. En la decisión pesaron tanto la conversación del sumario como la revelación de que Tenerife, precisamente, era para el empresario canario ‘Mon’ uno de los lugares predilectos a la hora de conseguir licitaciones. 

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la ya ex directora general de la Guardia Civil, María Gámez, le apartaron por pérdida de confianza, y ya estudian más medidas a imponer en la cúpula ante los recientes escándalos.