Sánchez ha pactado con Torra límites a la actuación de Policía, Guardia Civil y Ejército en caso de confinamiento en Cataluña

La inhabilitación de Quim Torra ha abocado a Cataluña a la inestabilidad. La sentencia del Supremo coloca al Govern en situación de gobierno en funciones, en plena pandemia y sin una respuesta unitaria del independentismo. Pero el ex president de la Generalitat ha dejado pactados con Pedro Sánchez los límites en caso de un nuevo estado de alarma en la comunidad.

El vicepresidente, Pere Aragonés, ha asumido atribuciones de la presidencia, pero no podrá hacer destituciones, disolver el Parlament ni convocar elecciones.

Respecto a la pandemia de coronavirus, Cataluña se encuentra, en palabras del secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, en “una estabilidad tensa”, es decir, que la curva epidémica está contenida, pero en niveles muy altos. 

El temor a un nuevo confinamiento persiste, a pesar de que no existen indicios claros de que se vaya a producir a la vez en toda España. Otra cosa es a nivel local, teniendo en cuenta que algunos presidentes autonómicos han barajado que se lleven a cabo en el caso de que los rebrotes se descontrolen en sus territorios.

Precisamente la primera comunidad que se decantó por el confinamiento perimetral fue Cataluña, cuando limitó los movimientos de los vecinos de varias localidades de la comarca del Segriá (Lérida).

Una negociación telefónica

Según ha podido confirmar Confidencial Digital, en fuentes conocedoras de las conversaciones, Quim Torra mantuvo una conversación telefónica con Pedro Sánchez, a mediados de septiembre, para concretar los “detalles” de cómo se aplicaría un nuevo estado de alarma en Cataluña.

Aseguran que el ex president se quiso anticipar a su prácticamente segura inhabilitación, que ha dejado a la comunidad casi cinco meses con un Gobierno en funciones, y pactar Moncloa los límites a la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de una grave crisis sanitaria por la pandemia. 

Los acuerdos afectan principalmente a las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y la del Ejército, en territorio catalán.

El Ejército como último recurso

Según las fuentes consultadas por ECD, uno de los pactos que se ha alcanzado entre Moncloa y la Generalitat es que el recurso al Ejército, para controlar las restricciones por la pandemia en Cataluña, será la “última opción”, especialmente bajo una declaración del estado de alarma. 

Un estado de alarma que Torra no rechazaba días antes de su inhabilitación, para el supuesto de un descontrol de los casos de coronavirus, pese a que se había mostrado muy crítico con esta medida excepcional durante las últimos prórrogas que se aprobaron en el Congreso de los Diputados.

El acuerdo entre ambas administraciones descarta la presencia de patrullas de presencia y reconocimiento en las calles de Cataluña.

Tienen como objetivo incrementar el grado de seguridad y control de la situación, dar apoyo y tranquilidad, descongestionar en parte a las Fuerzas de Seguridad (Policía, Guardia Civil, policías autonómicas y locales), y disuadir a la población de que salga a la calle, de forma que se cumpla el confinamiento y las restricciones fijadas por el estado de alarma.

Fuentes del Palau de la Generalitat reconocen a ECD que no pasan por alto que las patrullas de presencia y reconocimiento no se deciden a requerimiento de un presidente autonómico o de un alcalde. 

Era el Estado Mayor de la Defensa el que las programaba, según un plan para ir cubriendo el territorio nacional de forma progresiva durante el estado de alarma, aunque sí se informaba normalmente a los alcaldes, que en muchos casos llegaron a salir a recibir a los militares en su municipio. 

Actuaciones en edificios estatales

Por lo tanto, las únicas actividades que las Fuerzas Armadas llegarían a realizar en Cataluña, durante un nuevo estado de alarma, serían a requerimiento de autoridades locales (en Barcelona, en Badalona...) para realizar desinfecciones o instalar alojamientos para personas sin hogar, por ejemplo; o tendrían lugar en lugares que, en puridad, no con competencia del Gobierno autonómico.

Es el caso de los aeropuertos (que dependen de AENA, una empresa pública estatal) y del puerto de Barcelona (de Puertos del Estado).

Hay que recordar que durante el estado de alarma los militares colaboraron en la instalación de un centro de acogida para personas sin techo en Barcelona; y acudieron a municipios catalanes a petición de alcaldes del PSC para desinfectar residencias de ancianos, hospitales y otros espacios públicos.

Restringir la movilidad entre varias comarcas

Fuentes de la Generalitat admiten a Confidencial Digital que el Govern en funciones se podría plantear solicitar a Pedro Sánchez un estado de alarma en Cataluña si hiciera falta “evitar desplazamientos fuera de las regiones sanitarias”. 

Solo en ese escenario, revelan, han acordado con Moncloa la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En cambio, han pactado que, si es para limitar los movimientos dentro de una misma área básica de salud, la Generalitat considera que lo puede asumir perfectamente decretando confinamientos perimetrales, como ocurrió en la comarca del Segriá, en Lérida, o con el cierre de Igualada antes de la declaración del estado de alarma. 

El dispositivo estaría integrado en ese caso únicamente por efectivos de los Mossos d’Esquadra y de las policías locales de los municipios afectados.