La Seguridad Social admite en documentos oficiales que la posibilidad de contar con una vacuna para 2021 es “escasa”

Los efectos devastadores de la pandemia por coronavirus provocaron que distintos laboratorios y organismos gubernamentales de distintos países del mundo lleven meses trabajando para conseguir desarrollar una vacuna que inmunice al menos a los sectores de la población más vulnerables al Covid-19.

En España existen varias investigaciones en marcha, alguna más adelantada en su desarrollo. Además, investigadores de la Universidad de Oxford han dado con una vacuna que despierta grandes esperanzas.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmó recientemente que “si todo va bien” las primeras dosis de esa vacuna de Oxford, que comercializará la empresa farmacéutica británica AstraZeneca, podrían llegar a España “a finales de diciembre, a finales de este año” 2020. La vacuna debe superar todavía varias fases de verificación realizadas por expertos europeos.

Sin embargo, otras instancias del Gobierno son menos optimistas que Illa y dejan por escrito su pronóstico: aún faltan muchos meses hasta que llegue una vacuna eficaz que alcance a gran parte de la población.

Confidencial Digital ha podido acceder a la documentación de un contrato de suministro de productos de protección contra el Covid-19 que recientemente puso en marcha la Subdirección General de Gestión Económico-Presupuestaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá.

Productos para evitar contagios

El contrato tiene por objeto la adquisición de distintos elementos de protección para los empleados públicos que trabajan en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el organismo que gestiona las cotizaciones a la Seguridad Social y las distintas prestaciones a las que tienen derecho los cotizantes.

Entre la documentación de esta licitación pública se encuentra la “Memoria justificativa”, que explica las razones que motivan la decisión de buscar una empresa a la que comprar mascarillas, guantes, spray desinfectante, gel hidroalcohólico y mamparas separadoras.

Ahí se indica: “el objeto del presente contrato es la adquisición de productos necesarios con el fin de dotar a los empleados y a las instalaciones de los Servicios Centrales del INSS de medios adecuados para hacer frente a la COVID-19, proporcionando las condiciones laborales de modo que se evite su contagio y extensión”.

También detalla todas las instrucciones y medidas adoptadas por la Administración General del Estado para recuperar el trabajo presencial en las oficinas de los distintos ministerios y organismos públicos.

Ni vacuna, ni inmunidad de grupo

Pues bien: en un punto de esa “Memoria justificativa” se reconoce que la compra de material protector, que tiene por objetivo cubrir el año 2021, obedece a las pocas esperanzas que hay en que el coronavirus haya podido ser controlado el año que viene.

“En la medida en que estas circunstancias [es decir, la presencia del coronavirus y la obligación de adoptar medidas de protección] pueden estar presentes a lo largo de 2021”, se indica en la memoria, “es necesario impulsar un contrato de adquisición de productos para adecuar las condiciones laborales y contar con los medios de protección apropiados”.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social deja incluso por escrito que “la falta de evidencia científica determina escasas posibilidades de disponer de vacunación contra la COVID-19 en el próximo año”.

También señala que es “poco probable alcanzar la inmunidad de grupo que permita un determinado nivel de seguridad en los contactos en centros de trabajo con presencia masiva”.

Por todo ello “se considera oportuno y pertinente contar con los productos que posibiliten la protección a la hora de desarrollar las tareas de trabajo propias de la Entidad. De los argumentos expuestos, se deduce en consecuencia que la relación de la necesidad a la que se pretende dar satisfacción con el objeto del contrato es directa, clara y proporcional”.

Este documento oficial fue firmado digitalmente el día 6 de agosto por la subdirectora adjunta de Recursos Humanos y Materiales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y por el jefe de área de Recursos Materiales.

Es decir, a fecha del 6 de agosto la Seguridad Social justificaba una compra de mascarillas, geles y mamparas para 2021 en las “escasas posibilidades de disponer de vacunación contra la COVID-19 en el próximo año”.

“Incertidumbre a lo largo de 2021”

Esta referencia a la posibilidad de tener (o no tener, más bien) disponible una vacuna eficaz en 2021 no es algo puntual de la “Memoria justificativa” de este contrato. La orden de inicio del expediente insiste en las mismas razones sobre “las escasas posibilidades de disponer de vacunación contra la COVID-19 en el próximo año”.

Este segundo documento lo firmó la consejera técnica de contratación el 24 de julio, y el 13 de agosto dio su conformidad y aprobó el contenido la subdirectora general de Gestión Económico-Presupuestaria y Estudios Económicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Aixa Barón Rego, por delegación de la directora general del instituto, María Carmen Armesto González-Rosón.

Aún un tercer documento de esta licitación pública aporta algún detalle sobre las previsiones que en la Seguridad Social hacen sobre la evolución del coronavirus el año que viene.

En el pliego de prescripciones técnicas se indica que el presupuesto base de licitación, IVA incluido, asciende a 352.388,98 euros. Pero se añade una coletilla:

-- “Asimismo se prevé un modificación del 20% del valor presupuesto del contrato al alza en el caso de que la necesidad de suministro de alguno de los productos recogidos quede adecuadamente justificada por razones sobrevenidas, nuevos motivos de uso, necesidad de mayor abastecimiento o cualquiera otra suficientemente acreditada dada la situación de incertidumbre que puede perdurar a lo largo de 2021”.

Es decir, por la incertidumbre que se vislumbra sobre el impacto del coronavirus en 2021 se deja abierta la puerta a que se tenga que aumentar en un 20% el presupuesto destinado a comprar material de protección para los trabajadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Aunque también se deja claro a las empresas que opten a suministrar mascarillas, guantes o mamparas que las cantidades pueden variar a menos: irán dependiendo de los pedidos que se hagan conforme avance el año 2021.

Más de 170.000 mascarillas para 700 empleados

Los cálculos de cantidades aproximadas se han realizado tomando como referencia el año completo, todo 2021. “Los productos y cantidades máximas estimadas que se precisan son las siguientes, teniendo en cuenta la cantidad de productos en función del número de empleados, en torno a 700, y las existencias en base al consumo, durabilidad con eficacia y necesidades por persona y día a lo largo del año”, se indica en la memoria justificativa.

Así las cosas, la Seguridad Social calcula que requerirá 177.100 mascarillas quirúrgicas y 1.210 modelo FFP2, a razón de “una mascarilla quirúrgica diaria por empleado, teniendo en consideración 22 días laborables al mes”, y “una mascarilla FFP2 a la semana para determinados empleados con mayor nivel de exposición (personal de registro, cafetería, servicio médico)”, con “una estimación sobre media de 25 empleados sobre semana laborable”.

De sprays desinfectantes (de 1 litro) prevé un máximo de 7.392 unidades porque “en función de las necesidades de desinfección detectadas sobre las superficies de más contacto en las instalaciones (equipos de impresión, zonas comunes de depósito de portafirmas, vehículos oficiales) se estima una cantidad máxima de 28- 30 botes por día laborable”.

740 litros de gel hidroalcohólico

El contrato contempla un máximo de 148 garrafas de gel hidroalcohólico (cada una de 5 litros de capacidad), al estimar “una consumición máxima de 4 garrafas semanales para evitar que los dosificadores queden vacíos de gel”, y 210 dosificadores, “en base a los instalados por planta en cada uno de los inmuebles de estos Servicios Centrales y la posibilidad de que sufran desperfectos o surja la necesidad de reemplazarlos o bien instalarlos en nuevas ubicaciones”.

Es decir, adquiriría 740 litros de gel hidroalcohólico, de confirmarse las 148 garrafas de 5 litros.

La compra de guantes rondaría las 550 cajas de 100 unidades cada una: “Aproximadamente 100 personas precisarían la utilización de guantes en su normal actividad (personal de registro, cafetería, servicio médico, ordenanzas, conductores, telefonistas). El producto es desechable por los que se calcula su utilización por día”, se indica en los pliegos.

Por último, se adquirirían como máximo 250 mamparas: “Teniendo en consideración las 20 mamparas adquiridas y situadas se hace una previsión de 250 para nuevas instalaciones así como las probables sustituciones por desperfectos o roturas. Esta estimación responde a las nuevas necesidades detectadas en función de las sucesivas solicitudes de instalación de mamparas que se han ido recibiendo tanto en la sede central de los SSCC como en los demás centros dependientes de la Dirección General”.

El grueso del gasto irá a la compra de mascarillas: 208.480,80 euros. En sprays desinfectantes se gastarán 110.259,07; en garrafas de gel y dosificadores, 9.256,80 euros; en guantes, 1.980,00 euros; y en mamparas, 19.500,00. En total, un desembolso de 349.476,67 euros, que como se ha indicado, variará en función del número de artículos que vayan requiriendo las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social.