Los sindicatos se alían con Vox para denunciar un “estado de excepción encubierto”
Perplejidad en el Gobierno por el apoyo de UGT y CCOO a la ofensiva ante el Constitucional del partido de Abascal que cuestiona la restricción de derechos fundamentales por la pandemia
Los sindicatos UGT y CCOO han decidido acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional por considerar que la decisión de prohibir las concentraciones convocadas en Madrid por motivo del 8-M vulnera los derechos de reunión y manifestación. Una ofensiva judicial que ha provocado malestar en el Gobierno.
El Movimiento Feminista y la Comisión 8-M apoyaron la iniciativa de los sindicatos y van a decidir en los próximos días la posible presentación de otras en la misma línea.
Pero la actuación de UGT y CC.OO no solo perseguía la autorización in extremis de los actos convocados para este pasado lunes, aplazando si era preciso alguno de ellos –algo que no ocurrió en ninguno de los casos-, sino aclarar en qué situaciones, mientras dure la pandemia, será lícito que la Administración prohíba el ejercicio de derechos fundamentales como los de reunión y manifestación.
La especial rapidez de los sindicatos para promover con urgencia el recurso tras la negativa de la Delegación del Gobierno primero y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) después, deriva de que los mecanismos de respuesta estaban previstos. Pero la maniobra ha pillado por sorpresa al Gobierno.
Perplejidad en el Gobierno
Así, el movimiento ha provocado la “perplejidad” del Ejecutivo, según ha podido conocer Confidencial Digital por fuentes de varios ministerios. Y también un “profundo malestar” en algunos ministros tanto del PSOE como de Unidas Podemos.
Los sindicatos van a actuar de avanzadilla en lo que todas las organizaciones afectadas por las prohibiciones consideran una importante batalla jurídica en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, desde el convencimiento de que no deben quedar abolidos, ni severamente restringidos, en tiempo de pandemia.
Sobre todo, si los convocantes de actos reivindicativos pueden dar garantías de que sus movilizaciones tienen en cuenta de forma eficaz la necesidad prioritaria de garantizar el derecho a la salud.
UGT y CCOO apoyan la ofensiva de Vox
Por si fuera poco, fuentes del Ejecutivo muestran a ECD su “sorpresa” por la “coincidencia” de los sindicatos con Vox en la lucha por una misma causa: la denuncia al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por la aplicación de un “estado de excepción encubierto”.
En el PSOE recuerdan que el tribunal ha rechazado varias de las peticiones formuladas por Vox para tratar de frenar la vigencia de las medidas contempladas en la nueva normativa sobre el estado de alarma.
El Constitucional, en todo caso, se va a ocupar de lo fundamental en relación con el estado de alarma, ya que en los últimos meses lo que sí ha aceptado ha sido dos recursos de inconstitucionalidad.
El primero, presentado contra el decreto que supuso el confinamiento domiciliario y la consiguiente limitación de derechos derivada de esta medida, entre el 14 de marzo y el 21 de junio del año pasado, y luego, ya en octubre, contra la nueva norma y sus disposiciones específicas para coordinar con las comunidades autónomas la actuación necesaria frente a la pandemia de la Covid-19.
Por tanto, el TC deberá resolver por sentencia sobre la adecuación a la Constitución de ambos decretos, si bien nunca ha querido paralizarlos.
Vox presentó su último recurso -que incluía la petición de la suspensión del segundo estado de alarma- el pasado 6 de noviembre.
El líder del partido, Santiago Abascal, explicó entonces que la tesis central de su nueva impugnación era que España ha pasado de “un estado de excepción encubierto”, que permitió la limitación de derechos fundamentales en la primera oleada de la pandemia, a un nuevo estado de alarma “con pretensiones de perpetuidad”.
Misma argumentación que Vox
Ahora, la reciente petición de amparo de UGT y CC OO considera “trascendental” que “el Tribunal Constitucional examine si la sentencia” del Tribunal Superior de Justicia de Madrid prohibiendo todas las manifestaciones del 8-M, al confirmar la resolución de la Delegación del Gobierno, supone una aplicación razonable del estado de alarma por la pandemia.
Los sindicatos consideran que dicha aplicación impide ejercer el “legítimo derecho de reunión establecido en el artículo 21.2 de la Constitución”, por lo que cabe preguntarse si esta situación “se ajusta a la legalidad de un estado de alarma o de un estado de excepción o de sitio”.
El Tribunal Constitucional analizará, por tanto, si la suspensión de actos como el previsto por los sindicatos para el pasado 8-M es proporcional a las precauciones debidas por la emergencia sanitaria, o si es una medida excesiva, que vulnera los derechos de reunión y manifestación, como han denunciado UGT y CCOO, convirtiendo el estado de alarma en un estado de excepción.
