Societat Civil Catalana reclama a los líderes del procés casi 90 millones de euros por el 1-O
Pide al Tribunal de Cuentas que inicie el procedimiento de reintegro por 1,9 millones de gastos en el referéndum y 87 por el despliegue especial que provocó el intento de independencia
El juicio en el Tribunal Supremo contra los responsables del plan para alcanzar la secesión de Cataluña en otoño de 2017 acaba de dar comienzo. Oriol Junqueras, otros consejeros, los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell se enfrentan a penas elevadas de cárcel por distintos delitos como rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, desobediencia...
En paralelo, Societat Civil Catalana y la asociación “Abogados Catalanes por la Constitución” van a intentar que el Tribunal de Cuentas inicie el procedimiento para obligar a estos encausados a pagar, con su patrimonio personal, el dinero que se utilizó de forma ilegal en la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.
Lo mismo sucedió con Artur Mas, al que el Tribunal de Cuentas le ha obligado a abonar una cantidad por haber celebrado el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014.
Ambas entidades anteriormente citadas han presentado un escrito en el que solicitan al tribunal que incoe “diligencias preparatorias de procedimiento de reintegro por alcance”. Y dirigen la acusación contra Carles Puigdemont y contra todos los miembros de ese Govern que organizó el referéndum del 1-O: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila, Toni Comín, Lluis Puig, Clara Ponsatí y Meritxell Serret.
El escrito se basa en las diligencias de las Fuerzas de Seguridad que se realizaron durante la instrucción de Pablo Llarena en el Tribunal Supremo. Dichas diligencias cifran en al menos 1.971.601,20 euros el dinero que desembolsó el Govern en la organización de la votación ilegal.
Pero las dos entidades denunciantes van más allá, y en su escrito incluso plantean que los miembros del Govern de Puigdemont también hagan frente a otro gasto indirecto que, a su juicio, provocaron con su actuación.
Se trata de los 87.103.355,05 euros que costó el despliegue especial de la Policía Nacional y la Guardia Civil que puso en marcha el Ministerio del Interior en Cataluña desde septiembre hasta diciembre de 2017. La llamada “Operación Copérnico” llevó a Cataluña a miles de agentes de otros puntos de España, que se alojaron en ferrys, hoteles, cámpings... y recibieron distintas dietas por esta comisión de servicio.
