La ley que iguala sueldos de hombres y mujeres, el truco de Montoro para la equiparación salarial de los funcionarios
Es el anuncio estrella que se reserva el Gobierno para frenar una revuelta de empleados públicos
Interior ha alcanzado un acuerdo con sindicatos de Policía y asociaciones de la Guardia Civil para la equiparación salarial de ambos cuerpos con los Mossos d’ Esquadra. Un pacto que, sin embargo, no acaba con una reivindicación que en los últimos meses se ha extendido también a los funcionarios del Estado. El Gobierno teme una gran revuelta en la Administración y va a tomar medidas.
“Se puede montar una bien gorda”. En estos términos se expresaban hace un mes altos cargos del Gobierno al ser preguntados por la exigencia de los empleados públicos del Estado de cobrar lo mismo que los funcionarios de las Comunidades Autónomas. Una reclamación que se ha extendido en las últimas semanas y que tenía al Gobierno más que preocupado.
Cristóbal Montoro ha vivido, en primera persona, el crecimiento de un movimiento que amenazaba la “paz social” que busca el Ejecutivo en el segundo tramo de legislatura. El ministro, de hecho, escuchó estas nuevas exigencias en las reuniones que ha mantenido en febrero con los sindicatos de funcionarios.
Las centrales pretendían que el Gobierno calculase la media de lo que gana un funcionario en España, teniendo en cuenta las nóminas del Estado, Comunidades Autónomas y ayuntamientos. Y, con el resultado en la mano, establecer esa cifra como el nuevo salario base de los empleados de la Administración General del Estado.
El ministro, explican los sindicatos, conocía ese plan, aunque “estaba dando largas”. Ahora, y aprovechando una petición del Congreso al Gobierno, Montoro “ha reaccionado” y ya tiene diseñada una estrategia para protagonizar un anuncio estrella: la equiparación salarial de todos los funcionarios del país.
La ley de igualdad retributiva, clave
Según explican a El Confidencial Digital fuentes que mantienen interlocución directa con Hacienda, la intención del Gobierno es aprobar, tal y como le ha exigido la Cámara Baja, una ley de igualdad retributiva con la que garantizar un mismo salario entre hombres y mujeres. Pues bien, Montoro utilizará también este reglamento para establecer que en el futuro todos los funcionarios ganen lo mismo, trabajen o no para el Estado.
La proposición de ley fue presentada en diciembre de 2017 en el Congreso por Unidos Podemos. Y el pasado mes de febrero, los votos favorables de PSOE y Ciudadanos permitieron que la iniciativa saliera adelante. De esa forma, el Congreso pedía al Ejecutivo su toma en consideración para la aprobación de una normativa al respecto.
Las fuentes consultadas por ECD explican que, en el texto apoyado por toda la oposición, se exige un “plan de acción global” para lograr la igualdad en diferentes ámbitos: laborales, procesales y funcionariales. Una reclamación que, al incluir a la función pública, será aprovechada por Montoro para profundizar en la equiparación dentro de la Administración estatal.
Blindaje a la equiparación “por escrito”
En reuniones recientes con sindicatos de funcionarios, altos cargos del Gobierno han reconocido que “aún no se ha articulado” la fórmula para lograr dicha equiparación entre todos los funcionarios. No obstante, añaden, ésta quedará “blindada por escrito” para, a continuación, llevar a cabo un “desarrollo normativo” que la haga realidad a medio plazo.
Tanto Hacienda como las centrales no descartan, en absoluto, incluir en la ley la obligación de contratar a una auditora externa para que, de forma anual, compare las nóminas de los funcionarios del Estado con los del resto de administraciones y establezca qué cantidad de dinero hay que destinar para lograr la equiparación.
Ese mecanismo, de hecho, es el que va a aplicar Interior para garantizar la igualdad de sueldos de policías y guardias civiles con respecto a Mossos no solo de aquí a 2020, sino para que se mantenga una vez concluido el plan plurianual acordado con sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos.
Una inversión de 500 millones
A la espera de que el Gobierno presente su propia ley de igualdad retributiva, y especifique cómo va a establecer esta equiparación salarial de todos los funcionarios, los sindicatos ya han hecho sus propios cálculos.
Según datos del CSIF, los empleados públicos de la Administración General del Estado cobran entre 1.000 y 21.600 euros anuales menos, tomando como referencia el sueldo base, complemento de destino y complemento específico, y descartando la productividad, los trienios y otros trabajos extraordinarios por no existir datos de su reparto.
El sindicato explica que la menor diferencia retributiva entre la administración estatal y la autonómica (la de 1.000 euros) corresponde al personal laboral en labores de mantenimiento y servicio. La brecha más acusada surge al relacionar lo que cobra un funcionario A1 (titulado superior) del Estado respecto al mismo puesto en el País Vasco (21.600 euros de diferencia).
Con todos esos datos sobre la mesa, el sindicato de funcionarios es contundente en su conclusión: “Para lograr la equiparación total, el Estado deberá destinar una partida anual que rondará los 500 millones de euros”.
