El nuevo toque de queda que se plantea el Gobierno es una maniobra para evitar que el PP le robe los socios

Las imágenes de fiestas, botellones y aglomeraciones en las calles tras el final del estado de alarma, unido al caos judicial ante las dispares decisiones de los tribunales superiores de justicia, han obligado al Gobierno a una rectificación. Pero el cambio responde sobre todo a la amenaza de que Pedro Sánchez sea abandonado por sus socios.

El Ejecutivo, que hasta hace sólo unas horas sostenía que no hacían falta cambios en las leyes y que las comunidades autónomas tenían instrumentos jurídicos para combatir la pandemia, se abrió este lunes a “alguna reforma legislativa”.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, abrió la posibilidad de “realizar cambios legales adicionales” para que las autonomías puedan afrontar la pandemia tras el estado de alarma si “se desprende la necesidad” de las resoluciones del Supremo.

Horas después, el propio Campo aclaró que el Gobierno esperará el criterio del Tribunal Supremo sobre la potestad de las comunidades para restringir derechos fundamentales fuera del estado de alarma para hacer cambios legales si fuera necesario.

Contactos del PP con los socios del Gobierno

Precisamente las leyes a las que se refería este lunes el titular de Justicia son las mismas a las que se han remitido durante el último año los partidos de la oposición, principalmente el PP y Ciudadanos, como marco legal para sustituir el estado de alarma.

Se trata de la Ley General de Salud Pública, la Ley de Medidas Especiales y la de Seguridad Nacional.

Hay que recordar que el PP abrió contactos hace unas semanas con distintas fuerzas políticas, entre ellas ERC y otros socios políticos de la confianza del Gobierno de coalición, como Más País, Compromís o el PNV, para negociar el ‘plan B’ jurídico que el partido de Pablo Casado registró en la Cámara Baja

Los socios de Sánchez le obligan a moverse

La reiterada negativa de Moncloa a ampliar el estado de alarma más allá del 9 de mayo ha desembocado en un “todos contra Sánchez”, donde incluso los socios habituales del Gobierno han cargado contra la “irresponsabilidad” del presidente por dejar sin paraguas jurídico a las comunidades en mitad de la cuarta ola del coronavirus.

Fuentes del Gobierno reconocen a ECD que Moncloa ha constatado la indignación política existente. Hasta el punto de que han comprobado cómo la mayoría de las fuerzas políticas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez se han abierto por vez primera a apoyar la propuesta jurídica del PP.

Una reforma para volver al toque de queda

Pese a que la mayoría de los socios del Ejecutivo de coalición consultados por ECD admiten en privado que “no tienen ninguna gana de apoyar la propuesta del PP”, coinciden en que su objetivo es al menos que el Gobierno mueva ficha ante el caos desatado en los últimos días.

“Sánchez no se podría permitir que los partidos que le dimos la investidura hace poco más de un año le dejaran ahora solo y se fueran a apoyar una propuesta del principal partido de la oposición en un tema tan delicado como las herramientas jurídicas para hacer frente a la pandemia”, advierten desde una de esas fuerzas políticas.

En el Ejecutivo han comenzado a asumir que la operación de dejar las decisiones gubernamentales en manos de los tribunales se le ha vuelto en contra.

Tampoco se pasa por alto que el “todos contra Sánchez” amenaza seriamente la estabilidad parlamentaria del gabinete, lo que ha movilizado a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que mantiene conversaciones con los principales apoyos del Gobierno en el Congreso, según revelan algunos de los diputados contactados.

Uno de los mensajes que ha trasladado es que el Ejecutivo, ante el escenario de que el Supremo no avale las restricciones que proponen las autonomías y, en concreto, el toque de queda, se abre a cambiar la ley para poder volver a acordar la restricción de la movilidad nocturna.

Da por hecho que ninguna autonomía va a solicitar la declaración del estado de alarma para su territorio, como ya ocurrió a finales del pasado verano, cuando Pedro Sánchez se lo ofreció formalmente a los presidentes autonómicos en los inicios de la segunda ola.

La imagen de caos ha asustado al Gobierno

Además, el movimiento que negocia el Gobierno permitiría aliviar buena parte de las críticas que se han vertido en las últimas horas contra Pedro Sánchez por haber acabado con el estado de alarma sin haber planteado una alternativa jurídica para que las autonomías puedan conservar medidas de contención como el toque de queda o los cierres perimetrales en caso de que la situación epidemiológica empeore.

La situación ha terminado saltando por los aires ante las contradicciones demostradas por los jueces en cada una de las comunidades. Un escenario que ya vaticinaban los juristas.

Los Tribunales Superiores de Justicia de País Vasco y de Canarias han echado por tierra las posibilidades de seguir contando con limitaciones de movilidad en sus territorios, mientras que los de Baleares y la Comunidad Valenciana sí que han dado su visto bueno.