Transparencia ordena al Gobierno revelar el coste del despliegue de periodistas en la exhumación de Franco

El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que revelar nuevos datos sobre cuánto costó a las arcas públicas exhumar de su tumba en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos los restos mortales de Francisco Franco y trasladarlos al cementerio de Mingorrubio-El Pardo.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha estimado parcialmente una reclamación interpuesta por una asociación (Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces), que había pedido esa información a la Secretaría de Estado de Comunicación. Esta instancia, dependiente de Presidencia del Gobierno, no había facilitado la información.

Con posterioridad a la exhumación (y reinhumación) realizada el 24 de octubre de 2019, se han ido conocido datos de distintos costes del proceso: el pago a una empresa que se encargó de levantar la losa, las obras de acondicionamiento en el panteón de los Franco en Mingorrubio, la retransmisión en TVE...

La citada asociación envió, el 27 de febrero de 2020, una petición al amparo de la Ley de Transparencia a la Secretaría de Estado de Comunicación, dependiente de Presidencia del Gobierno. En dicha petición se solicitaban varios datos, entre los que destacan:

- “Relación de medios de comunicación nacionales y extranjeros acreditados para la exhumación y posterior inhumación de Francisco Franco, detallando sus correos electrónicos y formas de contacto”.

- “Los gastos efectuados por esa Secretaría de Estado en dicho evento; gastos de todo tipo que estén relacionados de forma directa o indirecta con dicho evento, así como los contratos que se hayan suscrito a tal efecto”.

- “Todas las comunicaciones enviadas a los medios de comunicación acreditados tanto en formato de notas de prensa así como los emails que se han enviado al respecto, especialmente sus convocatorias, con sus fechas correspondientes”.

- “Las personas de esa Secretaría (con sus nombres y apellidos) que han formado el dispositivo informativo de exhumación e inhumación, con sus instrucciones, dietas, localización, comunicaciones y demás órdenes recibidas.

- “Todo el expediente administrativo donde consten las actuaciones de esa Secretaría en relación al evento en cuestión, en especial sus informes”.

Ciertamente, el 24 de febrero de 2019 un grupo numeroso de periodistas de medios españoles y extranjeros (periódicos impresos, digitales, radios, televisiones...) pudieron trasladarse a la entrada del recinto del Valle de los Caídos, para seguir allí, desde primera hora de la mañana, el avance del proceso de exhumación y traslado de los restos mortales de Franco.

La Secretaría de Estado de Comunicación no respondió a esta petición, ni siquiera para denegar la información requerida.

Así que la asociación Raíces presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo encargado de resolver las quejas de ciudadanos y entidades frente a las administraciones públicas en lo que se refiere a la aplicación de la Ley de Transparencia.

“Habiendo transcurrido el plazo legal para aportar esta información en base a la Ley de Transparencia es por lo que esta Asociación acude al Consejo de la Transparencia a los efectos de que se admita esta reclamación, declare que la Secretaría de Estado de Comunicación (Ministerio de Presidencia de Gobierno) ha incumplido la Ley de Transparencia y se indique a la Administración requerida que nos tienen que aportar esta información solicitada lo antes posible”, pidió la entidad al Consejo.

A su vez, el Consejo de Transparencia dio traslado de esta reclamación a la Secretaría de Estado de Comunicación, para que hiciera alegaciones a esa queja. “A la fecha de la presente resolución no se han presentado alegaciones, a pesar de constar la notificación del requerimiento efectuado”, se indica en la resolución, es decir, la Secretaría de Estado de Seguridad no dio respuesta tampoco al consejo.

Acceso a los contratos y gastos

Una vez analizada la petición de la asociación Raíces, el Consejo de Transparencia termina estimando parcialmente la solicitud, por lo que insta a la Secretaría de Estado de Comunicación a hacerle llegar a la entidad no toda, pero sí parte de la información requerida.

En la resolución, el consejo reprocha a la Secretaría de Estado de Comunicación que “no respondió al reclamante en el plazo de un mes para resolver, sin que exista causa que lo justifique”.

Más allá de ese retraso, entra al fondo del asunto y recuerda que ya ha habido al menos seis procedimientos en los que ha tenido que analizar peticiones de acceso a la información sobre esos mismos hechos, la exhumación de Franco. En unos casos concedió el acceso a la información, en otros lo denegó.

En el caso concreto de los gastos en que incurrió la Secretaría de Estado de Comunicación, Transparencia considera que “debe estimarse la relamación” porque “la regla general es la de entregar la información, siendo los límites al acceso la excepción, como han determinado los tribunales de justicia, especialmente el Tribunal Supremo, límites que tampoco han sido alegados por la Administración ni se aprecian por este Consejo de Transparencia”.

Considera el consejo que “conocer los gastos de los que tenga constancia la Secretaría de Estado de Comunicación, relacionados de forma directa o indirecta con dicho evento, así como los contratos que se hayan suscrito a tal efecto” encajaría dentro de lo dispuesto en el artículo 8.1 a) de la Ley de Transparencia del año 2013, según el cual:

-- “Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación: a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente”.

Así que la Secretaría de Estado de Comunicación tiene que facilitar “los gastos de todo tipo efectuados por la Secretaría de Estado de Comunicación que estén relacionados de forma directa o indirecta con dicho evento, así como los contratos que se hayan suscrito a tal efecto, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente las decisiones de desistimiento y renuncia de esos contratos”.

El expediente administrativo

Por contra, Transparencia deniega la petición de que la Secretaría de Estado de Comunicación revele “la relación de medios de comunicación nacionales y extranjeros acreditados y las comunicaciones enviadas a estos” con motivo de la exhumación de Franco. Asegura que esa información no tiene relación con los fines de la Ley de Transparencia.

Dicha ley tiene por objeto, en resumen, someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones.

Tampoco considera el Consejo que se deban revelar los nombres de las personas que formaron el “dispositivo informativo de exhumación e inhumación”, en este caso especialmente por la necesidad de proteger datos personales.

La resolución de Transparencia no concede a la Asociación Raíces conocer “en qué momento exacto del día 24 de octubre tuvo conocimiento esa Secretaría de la decisión judicial del TSJ de Madrid autorizando a esta Asociación la celebración de una oración a las puertas del Cementerio de Mingorrubio, coincidiendo con la inhumación de Franco y si dicha resolución judicial fue comunicada o no por esa Secretaría a los medios de comunicación acreditados a dicho evento, y en caso de que así fuera, en qué momento se hizo y de qué manera”.

Finalmente, sí insta a la Secretaría de Estado de Comunicación a que entregue, si existe como tal, “todo el expediente administrativo donde consten las actuaciones de esa Secretaría de Estado de Comunicación en relación al evento en cuestión, en especial sus informes”.

Diez días para entregarlos

La resolución lleva fecha del 11 de noviembre, y da un plazo de diez días hábiles a Moncloa para que la Secretaría de Estado de Comunicación entregue la información que indica el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Desde la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces aseguran que, a fecha de hoy, y pese al tiempo transcurrido desde la resolución del 11 de noviembre, no les consta haber recibido los documentos. De ahí que consideren que se agrava aún más el “incumplimiento de la Ley de Transparencia” por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación, que recuerdan que es el “órgano encargado de la transparencia informativa y depende orgánicamente de la Presidencia del Gobierno y funcionalmente del Portavoz del Gobierno”.

La idea de la asociación solicitante es, una ve que reciba los documentos, reunir a un equipo de auditores y juristas y analizar “concienzudamente” tanto los gastos como los contratos de dicha Secretaría de Estado relacionados con la cobertura informativa de la exhumación de Francisco Franco.

Apuntan que su objetivo es “localizar posibles irregularidades tanto administrativas como penales, pues la ausencia de colaboración activa y el silencio contumaz de la misma nos ha hecho despertar todas las alarmas y prevenciones” en relación con esa cobertura informativa.

También esperan que la Secretaría de Estado de Comunicación abra una investigación interna para revisar los procedimientos internos, de forma que apliquen la Ley de Transparencia sin tener que llegar a que el Consejo de Transparencia les obligue a ello.