Política

Varapalo de los letrados a los senadores por quintuplicar las peticiones de datos

En dos años de legislatura se han registrado 3.297 cuestiones, frente a las 609 de los cuatro años anteriores

Vista del hemiciclo del Senado.
photo_cameraVista del hemiciclo del Senado.

“El ejercicio de derecho a la información de los senadores puede derivar en una práctica abusiva del mismo, ajena a su finalidad propia y que, incluso podría justificar una decisión de la Mesa de inadmisión de dichas iniciativas”.

Esta es una de las principales conclusiones a la que llegan los letrados del Senado en un informe firmado hace meses, en abril de 2018, pero que no se había dado a conocer y al que ha tenido acceso Confidencial Digital.

El informe se elaboró a instancia de la Mesa del Senado, que detectó problemas con las iniciativas de información y control que se prevén en el Reglamento de la cámara alta de las Cortes. Es decir, las solicitudes de datos, informes o documentos, y las preguntas escritas.

El reglamento establece que “para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los senadores, previo conocimiento del respectivo Grupo Parlamentario, tendrán la facultad de recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstos. La solicitud se dirigirá, en todo caso, por conducto de la Presidencia del Senado y la Administración requerida deberá facilitar la documentación solicitada o manifestar al Presidente del Senado, en plazo no superior a treinta días y para su más conveniente traslado al solicitante, las razones fundadas en Derecho que lo impida”.

De 609 a 3.297 solicitudes de información

El análisis del Senado sobre estas peticiones de datos e información concluye que “se ha quintuplicado la presentación de estas solicitudes con respecto a la anterior legislatura con la que cabe establecer una comparación”.

Los datos son llamativos. Han pasado algo más de dos años de la XII legislatura, desde julio de 2016. En este tiempo se han registrado en el Senado 3.297 solicitudes de datos, informes o documentos. Sin embargo, en los cuatro años de la X legislatura -la XI fue la legislatura fallida entre las elecciones de diciembre de 2015 y junio de 2016- de 2011 a 2015 hubo tan sólo 609 peticiones.

En la anterior (2008-2011) fueron 326 solicitudes, y antes, entre 2004 y 2008, cuando entró en vigor esta posibilidad de que los senadores pidieran documentación a otras administraciones, hubo 1.455, se entiende que hubo “una utilización importante, numéricamente hablando, de un instrumento que se presentaba como novedoso”.

“Práctica abusiva”

Pero el informe encargado por la Mesa del Senado no se queda en un análisis cuantitativo de esta multiplicación llamativa de las peticiones de información, También estudia el fondo de estas solicitudes.

Un creciente número de solicitudes se dirige a las Entidades Locales y también a las Comunidades Autónomas, lo que viene dando lugar a contestaciones por parte de las mismas discutiendo la competencia del Senado para pedir ciertos datos o informes, o, sobre todo en el caso de las Entidades Locales más pequeñas, poniendo de relieve sus enormes dificultades de gestión para hacer frente a dichas solicitudes”, se puede leer en el informe consultado por ECD.

El Senado no cuestiona el tema sobre el que preguntan los senadores, sobre el que tienen libertad. Pero sí plantea dudas sobre “la posible falta de conexión entre las solicitudes planteadas por los senadores y la finalidad que justifica su utilización, que, como señala el artículo 20.2, es el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias”.

Ponen de ejemplo que “cada vez es más frecuente que un senador solicite algún documento de un ayuntamiento relativo al ejercicio de alguna de sus competencias propias en materia de gestión económica, presupuestaria o de personal o en materia urbanística [...] Esta duda es más que razonable cuando se solicitan de manera sistemática informes y documentos que afectan prácticamente a todas las áreas de gobierno de un ayuntamiento, ya que parece apuntar más a una finalidad de ejercer un control político sobre la actividad del mismo y por ello ajena a cualquier conexión con el ejercicio de las funciones parlamentarias”.

Como conclusión indica que “el ejercicio de derecho a la información de los senadores puede derivar en una práctica abusiva del mismo, ajena a su finalidad propia y que, incluso podría justificar una decisión de la Mesa de inadmisión de dichas iniciativas”. Pero “no siempre es fácil deslindar claramente aquellos supuestos en que la iniciativa excede de la conexión necesaria con los presupuestos que la legitiman ante la falta de un apoyo normativo explícito que permita realizar ese deslinde por la Mesa en el ejercicio de su función calificadora de dichas iniciativas”, por lo que es complicado poner coto a estas prácticas”.

El senador más activo de Compromís

Este informe se realizó, precisamente, después de que al Senado llegaran una serie de quejas contra un senador en concreto. Se trata de Carles Mulet, senador designado por las Cortes Valencianas y perteneciente a Compromís.

Este parlamentario mantiene una actividad parlamentaria muy intensa. Sus preguntas dirigidas al Gobierno han llamado la atención: en ocasiones utiliza la ironía o el sarcasmo, que los críticos consideran falta de respeto, para preguntar si el rey Juan Carlos recibió favores sexuales pagados con fondos públicos, o si el barco Piolín en el que se alojan los agentes enviados a Cataluña en el otoño de 2017 se utilizaría “para recuperar la isla de Perejil en manos de los infieles”.

Mulet también inició hace tiempo una campaña para exigir a ayuntamientos de toda España -no sólo valencianos- que cumplieran lo establecido en la Ley de Memoria Histórica, y retiren las calles que considera que mantienen vestigios franquistas.

En este contexto, comenzó a preguntar por calles que estuvieran dedicadas al general José Millán-Astray, fundador de la Legión, que durante la Guerra Civil organizó los servicios de propaganda del bando sublevado y creó Radio Nacional de España.

Eso provocó la indignación de la Plataforma Patriótica Millán-Astray, que lleva unos años dedicada a luchar para que no se elimine de las calles el nombre del fundador de la Legión. Fue la plataforma quien se quejó ante el Senado y, precisamente, pidió información de la actividad de Mulet. También denunció, por ejemplo, que este senador de Compromís había insultado en Facebook (le llamó “inútil y/o fascistas”) al alcalde de un pueblo al que él le había escrito para preguntar por qué mantenía una calle de Millán-Astray.

Mulet llegó al Senado en julio de 2015, designado por las Cortes Valencianas. Desde entonces, ha registrado miles de preguntas y solicitudes de información. Si hace unos meses el Senado cifraba, como ya se ha contado, en 3.297 las peticiones en lo que va de legislatura, sólo Mulet -que empezó su actividad antes de la legislatura de julio de 2016, y que en estos meses más recientes ha seguido trabajando- ha presentado 4.205.

Pero, además, cuenta con 15.308 preguntas para respuesta escrita, cuando las cifras de otros senadores pueden rondar las decenas o, si acaso, varios centenares.

De hecho, también las preguntas escritas se están disparando y los letrados del Senado lo han notado: “El número de preguntas escritas, especialmente a partir de su tramitación enteramente electrónica, conoce también un crecimiento constante, y si la tendencia continúa en esta XII Legislatura volvería a superarse con amplitud el número de preguntas escritas de la X Legislatura”.

En dos años van ya 41.323, y en los cuatro anteriores fueron 86.691, por lo que es fácil que alcance esa cifra o incluso la supere si la legislatura dura cuatro años.

Una posible solución: cupos

Los letrados del Senado plantean posibles soluciones a esta multiplicación de iniciativas, concretamente de peticiones de datos: “Cabe modular su regulación para limitar los efectos indeseados de una utilización abusiva o ajena al cumplimiento de las funciones parlamentarias. Con la regulación actual a la hora de calificar estas iniciativas siempre puede denegarse su admisión por falta de conexión con la finalidad que las justifica, aunque esta tarea, salvo en los casos más palmarios, puede ser ardua en cuanto a su motivación”.

Por ejemplo, plantean que “podría establecerse el criterio de que en estos casos se pueda exigir al senador que motive de manera clara y comprensible su solicitud a los efectos de valorar si es necesaria para un mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias. Y en todo caso, la solicitud no podrá tener relación con asuntos en los que pueda existir un interés particular del solicitante”.

Y también sugieren que “podría considerarse el establecer con carácter complementario alguna medida adicional de carácter objetivo, como son los cupos para la presentación de las mismas”.

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