Política

Vuelven a España los ‘hombres de negro’ de Bruselas para controlar el reparto de los fondos europeos

Los altos funcionarios de la Unión Europea mantendrán contactos semanales con Moncloa, Hacienda y Economía, comprobarán los gastos y exigirán dos informes al año con los objetivos logrados

Ursula von der Leyen en Bruselas 20 de marzo de 2020.
photo_camera Ursula von der Leyen en Bruselas, 20 de marzo de 2020.

Los ‘hombres de negro’ de Bruselas vuelven a Madrid. Después de casi cinco años sin dejarse ver prácticamente por la capital, los altos funcionarios de la UE desembarcan de nuevo en septiembre, con una misión muy concreta: controlar el reparto de los 140.000 millones de los fondos europeos que corresponden a España.

Según fuentes conocedoras de sus planes, a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, los inspectores de la Comisión Europea tienen previsto desplazarse durante su estancia en Madrid sobre todo a la sede del Ministerio de Hacienda, en el Paseo de la Castellana.

No se pasa por alto que, entre los organismos de control establecidos por el Gobierno, se encuentra la Autoridad Responsable del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, atribuida a la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda. Esta responderá antes las instituciones europeas. A esta se suma la Autoridad de Control del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, que recae sobre la Intervención General del Estado, también dependiente del departamento de María Jesús Montero.

La misión de los ‘hombres de negro’

Las fuentes comunitarias consultadas por ECD desvelan que la misión de los ‘hombres de negro’ será, sin mayores rodeos, controlar la gestión del Gobierno con los fondos europeos. España quedará bajo la tutela de Europa por segunda vez, como ocurrió en 2012, cuando la prima de riesgo se situaba por encima de los 600 puntos.

Sin embargo, las circunstancias actuales son completamente diferentes porque entonces hubo una labor de vigilancia específica por el rescate a la banca.

Durante esta estancia, los técnicos de la Comisión Europea acudirán a otros organismos económicos y financieros, como el Ministerio de Economía, la CNMV, la Dirección General de Seguros y el Instituto Nacional de Estadística.

Desembarco en el Palacio de La Moncloa

También está previsto que se trasladen al Palacio de la Moncloa, donde se encuentra la Unidad de seguimiento de los fondos europeos, creada por la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno.

Esta unidad debe cumplir las funciones de dar apoyo técnico a la comisión interministerial que se ha creado para analizar los avances que se produzcan en la ejecución de los objetivos fijados en los distintos frentes, y de preparar los informes que se deben enviar periódicamente a Bruselas sobre el cumplimiento de los objetivos.

Asimismo, centralizará las relaciones con las comunidades autónomas y la colaboración público-privada, así como planteará la reprogramación de la cantidad y el destino de los fondos si fuera necesario. En definitiva, se centrará en controlar las actuaciones y asegurar que todo avanza armoniosamente.

 

La unidad de seguimiento no tiene capacidad de decisión, pero deberá asegurarse de que las inversiones y los gastos se correspondan con lo decidido en la comisión interministerial de la que partirán las órdenes.

Llevará a cabo, por tanto, una fiscalización del destino de los fondos llegados de Europa y realizarán una supervisión de segundo nivel. Las directrices generales sobre el destino del dinero se decidirán desde la Comisión Interministerial que preside el propio Pedro Sánchez.

La unidad de seguimiento tiene que controlar, en una primera fase, las transferencias directas por valor de 81.000 millones de euros que lleguen de Bruselas, de las que el 70% están destinadas a la transición ecológica (37%) y digital (33%).

Sistema de comprobación del gasto

El plan de Bruselas es implementar un sistema de comprobación del gasto de los recursos europeos. El aterrizaje de los inspectores busca garantizar que se cumpla ese objetivo.

Hay que recordar que Europa nunca ha dado ninguna orientación, formal o informalmente, sobre cómo organizar las estructuras políticas y administrativas para el reparto de los fondos.

Pero la propia Comisión Europea ha enviado un mensaje con la creación de un grupo de trabajo específico para poner en marcha una estrategia, seleccionar los proyectos y ejecutar los planes. Pese a ello, fuentes comunitarias matizan a ECD que la UE no ha cuestionado que el principal centro de decisión resida en La Moncloa.

Dos informes al año con los objetivos

La “vigilancia especial” a España se explica, argumentan en Bruselas, en que es el país, junto a Italia, que más dinero va a recibir de Europa. Le corresponden al menos 81.606,7 millones de euros en ayudas directas.

Desde la Comisión Europea recuerdan que esas transferencias de fondos están sujetas a la consecución de una serie de hitos, como la adopción de reformas de calado, que obligarán al Gobierno de Pedro Sánchez a presentar dos informes al año a las autoridades comunitarias con los objetivos logrados.

Tan solo Italia prevé recibir una cantidad mayor de dinero de forma directa, hasta 81.740,6 millones de euros. En ambos casos, muy por encima del resto de Estados miembros: Francia, el tercer país que más dinero tiene adjudicado, se queda en 43.953,8 millones, mientras que Alemania, el cuarto, baja hasta 29.603,6 millones de euros.

A punto de llegar los primeros fondos

Con todo, el calendario de Moncloa contempla que los desembolsos de Bruselas se inicien con un pago de 9.000 millones antes del mes de septiembre, a los que se sumarían otros 10.000 millones en la parte final de este año.

Tras esto, habrá otras dos entregas: 18.000 millones en 2022 y 17.000 millones en 2023. En total, 35.000 millones de euros, es decir, el 80% de las transferencias se concentrarán en el periodo 2021-2023.

No obstante, el tramo de 18.000 millones correspondiente a 2022 ha quedado condicionado a la aprobación de los Presupuestos de ese ejercicio antes de finales de este año.

La última entrega de 17.000 millones en 2023 también está supeditada a la segunda parte de la reforma de las pensiones, que incluye la aprobación del aumento a los 35 años de cotización para el cálculo de la pensión y la subida de la base máxima.

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