Religión

Las mezquitas españolas presionan a la Administración para que “cumpla la ley y construya cementerios para musulmanes”

El aumento de fallecimientos por Covid y los problemas fronterizos con Marruecos agravan la situación. La ley 26/92 reconoce el derecho a parcelas en recintos municipales

Mezquita.
photo_camera Mezquita.

Desde el cerrojazo marroquí a sus fronteras, en marzo del pasado año, enterrar a un musulmán que fallece en España se ha convertido en una auténtica proeza para muchas familias residentes en nuestro país.

Ante la creciente demanda, los pocos cementerios islámicos existentes se han visto obligados a restringir sus servicios solo a los que estaban empadronados en sus municipios o provincias cuando fallecieron.

Dado que no se prevé que Rabat vuelva a permitir repatriaciones a corto plazo, las comunidades musulmanas locales se dirigen enérgicamente a sus ayuntamientos para que implanten necrópolis islámicas, incluyan en sus cementerios civiles parcelas separadas para sus particulares enterramientos, o les cedan terrenos adecuados para convertirlos en maqbara.

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Apelan estas comunidades a la Ley 26/92, de 10 de noviembre, por la que se aprobó el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España (CIE), en la que se reconoce “el derecho a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios municipales, así como el derecho a poseer cementerios islámicos propios”.

Tres mil euros

La Embajada de Marruecos anunció en abril de 2020 que sufragaría el entierro en España de los que no pudieran costear los tres mil euros de media que cuesta ser inhumado bajo el suelo, no en nichos, y sin ataúd, con el cuerpo en contacto directo con la tierra.

Sin embargo, la escasez de terreno apropiado a estas exigencias rituales ha malogrado este ofrecimiento.

Además, los ayuntamientos parecen reacios a la concesión de parcelas para cementerios islámicos. Muchos alcaldes responden a los musulmanes que sus cementerios son aconfesionales y que, los que quieran ser enterrados en el suelo, pueden hacerlo, pagando las tasas fijadas.

Mediación del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo ha tomado ya cartas en el asunto. Aunque el carácter de confidencialidad de las quejas le impide ofrecer datos sobre su contenido, reconoce que llevan ya admitidas a trámite cerca de una veintena.

Para colmo, la inmensa mayoría de las comunidades autónomas prohíben enterrar cuerpos sin ataúd y, las que lo permiten, imponen estudios hidrogeológicos y especiales acotamientos subterráneos, que encarecen la adecuación del suelo y complican la obtención de las necesarias licencias.

En ataúdes

Ante la situación actual, los responsables de muchas mezquitas lamentan que son ya demasiados los musulmanes que están siendo enterrados en ataúdes, como el propio presidente de la CIE, Riai Tatari, y su esposa, que fallecieron por COVID en abril del pasado año.

“Otros acaban siendo depositados por los ayuntamientos en nichos, sobre el suelo, o incluso son incinerados, de manera contraria a nuestras tradiciones”, dice Mohamed Mkaden, imán en Algeciras, una de las ciudades de España con mayor porcentaje de fieles musulmanes.

En el mismo enclave, Said El Halimi, oficial de la marina mercante, dice: “Sólo reclamamos aquellos derechos que nos corresponden legalmente como ciudadanos españoles que somos; muchos hemos nacido ya en España, y aproximadamente un 30% somos españoles de nacionalidad”.

Ochocientos mil musulmanes marroquíes

La mayoría de los más de ochocientos mil musulmanes de origen marroquí que residen en España tienen suscritas en Marruecos pólizas que cubren, cuando se produce el deceso, la repatriación y el entierro en sus necrópolis: pagan primas de entre 30 y 50 euros anuales.

Esas aseguradoras, vinculadas a los principales bancos marroquíes, se niegan ahora a costear el entierro en España; piden a sus tomadores que recurran provisionalmente a un nicho en un cementerio español hasta que pase la pandemia y puedan cumplir con lo estipulado en los contratos. No es una solución que convenza a nadie.

Los cuerpos de los musulmanes que fallecen, además de recibir una ablución purificadora, han de ser envueltos en un sudario y sepultados sin ninguna clase de ataúd o cofre, bajo el nivel del suelo y en contacto directo con la tierra que los cubre. Se les recuesta sobre el lado derecho y con el rostro orientado hacia La Meca. Según la CIE sólo treinta cementerios en toda España contemplan este modus sepeliendi y, para colmo, están prácticamente saturados.

Recurrir a la vía judicial

El presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, Mounir Benjelloun, denuncia que la ley no se cumple porque faltan mecanismos de desarrollo, y acusa a la CIE de no estar a la altura: “Ni están convencidos, ni están cualificados para exigir a los ayuntamientos los derechos que nos corresponden”.

Opina que, de continuar esta situación de desidia administrativa, “tendremos que recurrir a la vía judicial para reclamar los derechos que nos reconoce la ley”.

A su vez, Benjelloun reconoce que “la falta de acuerdo y coordinación de muchas comunidades islámicas locales genera confusión a las autoridades municipales y el descrédito de nuestras reclamaciones; sé de alcaldes que han recibido visitas de hasta diez comunidades islámicas locales solicitando terrenos para un cementerio”.

Situación excepcional

Isabel Romero, presidenta de Junta Islámica y directora del Instituto Halal, entiende que la jurisprudencia islámica, en función de circunstancias especiales de pandemia, permite excepciones a los requisitos de la tradición, como el uso de ataúdes o incluso la cremación.

Y añade que “en España los cementerios no son confesionales; son públicos, y los ayuntamientos deben reservar espacios en esos cementerios para que los musulmanes podamos ser enterrados según nuestra tradición: lo exige la ley”. Romero reconoce que hay déficit de suelo en los cementerios públicos y que, además, “muchos alcaldes no quieren saber nada de enterramientos islámicos”.

Cementerios judíos

Por otro lado, en España existen dos cementerios judíos privados, y espacios reservados para los cuarenta mil miembros de la comunidad israelita en camposantos de Madrid, Barcelona, Málaga, Melilla y Ceuta.

También la tradición judía requiere el contacto del cuerpo con la tierra, lo que solo permiten las policías mortuorias de Andalucía, Asturias, Valencia, Ceuta, Melilla y, desde hace muy poco, Castilla y León. En otras comunidades, judíos y musulmanes han encontrado la ingeniosa solución de introducir tierra en el interior de los ataúdes.

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