10.000 pruebas antidroga de la Guardia Civil de Tráfico, a punto de caducar por falta de laboratorio
Desde el 19 de enero la Agrupación no dispone de una empresa especializada en análisis toxicológicos. Hay miles de sanciones pendientes de confirmar los tests
La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil tiene un problema con las pruebas de detección de consumo de drogas en conductores. Tal y como se contó en estas páginas, el contrato con el laboratorio Synlab terminó el 19 de enero, por lo que desde ese día no existe, “desde un punto de vista formal, un contrato de adjudicación con un laboratorio que analice las pruebas”.
Así lo indicaba el coronel jefe de Operaciones de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en una comunicación enviada a todas las unidades para explicar el problema de no tener un contrato listo para “tomar el relevo” del que caduca, debido a que “vicisitudes jurídicas” han retrasado firmar un nuevo contrato.
Confidencial Digital ha podido saber que la asociación de agentes Independientes de la Guardia Civil ha elaborado el cálculo estimado de que unas 10.000 pruebas de detección de drogas van a caducar antes de que se dé inicio al nuevo contrato con el laboratorio encargado de realizar los análisis para confirmar los positivos que se detectan con los kits antidroga que los agentes de Tráfico de la Guardia Civil utilizan en los controles de carretera.
Y es que el proceso hasta que se formalice la adjudicación del contrato y la nueva empresa comience a prestar estos servicios se puede extender aún varios meses, en los que muchas pruebas que han dado positiva quedarán sin análisis.
El problema, como apuntan desde Independientes de la Guardia Civil, no es sólo que se retrase la sanción. Es que las pruebas pueden caducar, de forma que conductores que dieron positivo por consumo de drogas al volante podrían librarse de la multa.
De llegar a suceder, esos infractores “estarán de enhorabuena, al ahorrarse la sanción de 1.000 euros y la pérdida de seis puntos, o las penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años”, que son las sanciones que se imponen a quienes conducen bajos los efectos de las drogas.
Realizar cada prueba con su análisis llega a costar hasta 500 euros, aseguran desde IGC, y el coste se amortiza en parte con las sanciones que se imponen.
Además, destacan que este año la DGT tenía previsto aumentar de forma importante el número de sanciones por consumo de drogas, gracias a la mayor presencia de controles especiales, desde 100.000 a 150.000.
El contratiempo con el contrato de los kits antidroga y con el laboratorio de análisis supone un obstáculo para estos planes de la DGT. Hay que tener en cuenta que, según estadísticas oficiales, el 43% de los fallecidos en accidente de tráfico había consumido sustancias estupefacientes.
