Juzgados de Cataluña tramitan más de 200 denuncias por odio contra la Guardia Civil

Desde inicios del mes de septiembre, el Ministerio del Interior desplazó a Cataluña a un gran número de unidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil desde otros puntos de España. Antes del 1 de octubre, pero sobre todo en los días posteriores por las cargas policiales en los puntos de votación, los independentistas más radicales desplegaron una campaña de acoso contra los agentes.

Se registraron acciones de diverso tipo: manifestaciones nocturnas ante los cuarteles, escraches en los hoteles en los que se hospedaban algunos agentes (mucho optaron por una mudanza), pintadas ofensivas, gestos de rechazo en negocios, acoso e insultos a hijos de policías y guardias que viven en Cataluña...

Algunas familias se trasladaron a otras comunidades autónomas hartas de la situación, y efectivos enviados desde otras zonas de España en comisión de servicio solicitaron regresar a sus lugares de origen.

Los juzgados llaman a declarar

El acoso se rebajó conforme pasaron los meses. Casi todos los policías nacionales y guardias civiles volvieron a sus lugares de destino en el resto de España, pero las semanas de mayor tensión contra los efectivos policiales aún hoy, meses después, tienen consecuencias.

El Confidencial Digital ha podido saber que distintos juzgados de Cataluña están llamando a declarar estos días a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que denunciaron haber sido víctimas de lo que consideraron “delitos de odio”.

También están acudiendo a testificar personas que han sido identificadas como presuntos autores de estos delitos.

Según explican desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), actualmente se están tramitando en los juzgados más de 200 denunciasrelacionadas con esa campaña de acoso del independentismo catalán más radical contra los cuerpos policiales estatales.

En los días de mayor tensión en Cataluña, el Ministerio del Interior abrió un canal para que los policías nacionales y guardias civiles presentaran denuncias si habían sufrido este acoso. Además, puso a disposición de los denunciantes a la Abogacía del Estado, que es la que ha tramitado las actuaciones judiciales contra los responsables de estos delitos de odio.

Los tribunales de justicia están abordando los casos denunciados a los que se ha hecho referencia: convocatorias para acosar a los agentes en hoteles; personas que se burlaron, insultaron o discriminaron a niños por ser hijos de policías nacionales o guardias civiles; tuiteros que escribieron mensajes amenazantes contra las Fuerzas de Seguridad; incluso dueños de negocios (bares, talleres...) que denegaron la entrada a los agentes al reconocerlos como tal y considerarles “ocupantes”.

Semejanzas con la presión de los proetarras

En estas páginas ya se contó que esta campaña de presiones de los independentistas radicales alarmó especialmente a los agentes veteranos de los llamados “años de plomo” de ETA en el País Vasco y en Navarra.

Salvando las distancias al no haber atentados ni la amenaza de una banda terrorista, estos agentes empezaron a ver semejanzas entre su situación en Cataluña en esas fechas y la presión constante que hubo durante décadas en los municipios vascos y navarros más abertzales: un ambiente de hostilidad cotidiana hacia los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y sus familias que se estaba extendiendo en las zonas de Cataluña donde el independentismo es hegemónico.