Seguridad

La plataforma "No a la España insegura" avisa que si la reforma se consuma arderá la calle

Censuran las consecuencias de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y critican que no se les haya tenido en cuenta

Agentes de la Policía Nacional frente a los manifestantes concentrados.
photo_camera Agentes de la Policía Nacional frente a los manifestantes concentrados en el Congreso de los Diputados 3/3/2020

La plataforma está constituida por la mayoría de Sindicatos de la Policía y Asociaciones de la Guardia Civil, medios de comunicación, sindicatos de clase, sociedad civil, asociaciones de vecinos, aglutinando a más de 40 entidades.

Esta plataforma nace con el objetivo de confrontar las enmiendas a la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que proyecta el Gobierno.

Por primera vez en la historia, tanto sindicatos y agrupaciones de Guardia Civil, Policía Nacional, efectivos autonómicos y locales como agentes que no están adscritos a este movimiento se han dado la mano para protestar y lo harán en la macromanifestación que han organizado el próximo día 27, cuando pretenden sacar a más de 140.000 agentes a la calle. La reforma de la ley supone un disparo tan ajeno a su manera de trabajar que, resaltan, no les ha quedado otra que tomar Madrid para intentar hacer reflexionar al Gobierno.

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno de PSOE y Podemos ha recibido la contestación unánime de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se manifestarán el próximo 27 de noviembre al dejarles en una completa indefensión.

La norma, con puntos muy polémicos, ha sido criticada por dificultar el trabajo de la Policía y Guardia Civil ante las protestas violentas y por mermar su principio de autoridad.

Una cesión del Ejecutivo ante sus socios independentistas y proetarras.

Mientras prepara esta reforma, el Gobierno ha concedido a Bildu datos sobre los agentes que llevan cámaras corporales, un instrumento que las Fuerzas de Seguridad consideran esencial para mantener el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos y la suya propia ante el preocupante aumento de agresiones.

Más allá del fondo en el que el Gobierno pretende instalar la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hay un dolor profundo y manifiesto por haber sido excluidas del debate para reformar la normativa.

También por la sensación que tienen los agentes de estar obligados a retar a la delincuencia en su propio terreno y con la presión añadida -e inquebrantable- de tener que ganarle.

La controvertida reforma del Gobierno ha provocado la indignación, y preocupación, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todos los colectivos policiales han avisado de sus consecuencias y se unirán en una protesta masiva el próximo fin de semana. Pese a las críticas, pocas dudas caben de que el Ejecutivo sacará adelante la ley con el apoyo de sus socios.

Uno de los puntos que ha provocado más inquietud es el que elimina la prohibición de difundir imágenes de los agentes sin autorización previa. Una medida que llega después de que las organizaciones policiales hayan alertado del aumento de agresiones, alrededor de las 30 al día, y de la gran conflictividad social. Los agentes, mientras, no podrán grabar a los infractores.

 

Además, las manifestaciones espontáneas ya no tendrán que ser comunicadas previamente. Las sanciones, en el caso de producirse incidentes, sólo recaerán sobre los organizadores o promotores. También se reducirá el tiempo de la detención de aquellas personas que se nieguen a identificarse, que sólo podrán ser retenidas hasta dos horas, frente a las seis actuales.

Por otro lado, se elimina la presunción de veracidad del atestado policial lo que, según los agentes, los sume en una enorme inseguridad jurídica. Se considerará que el atestado es verdad siempre que los hechos consignados en él resulten “coherentes, lógicos y razonables, salvo prueba en contrario”.

También se prevén cambios en el material antidisturbios, obligando a utilizar aquel que resulte menos lesivo. Y se prohibirán los cacheos y desnudos. La reforma reducirá además las infracciones por tenencia de sustancias estupefacientes en espacios públicos y establecimientos, que pasarán de graves a leves.

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