Policía y Guardia Civil deberán avisar al juez con antelación ante cualquier intervención o registro que afecte a políticos y cargos públicos

Según ha sabido El Confidencial Digital, el Ministerio del Interior mandó esa orden a las jefaturas de ambos cuerpos la segunda semana de diciembre, sin especificar los motivos o los objetivos que tenía esa nueva instrucción.

En concreto, según explican fuentes bien situadas en la Guardia Civil, “se nos han dado instrucciones para que, en caso de tener sospechas sobre un político o cargo público, y preparar una intervención contra él, ésta deberá ser notificada al juez con 10 días de antelación, como mínimo”.

Con esta nueva orden, “el Gobierno pretende tener mayor control de las investigaciones que se realizan contra dirigentes políticos, con el fin de evitar que aparezcan informes policiales en prensa, de los que ni siquiera el juez tenía constancia, y cuyo origen es desconocido”.

“Puede poner en peligro la investigación”

La decisión del Ejecutivo no ha sido bien recibida por los equipos de investigación de la Policía y la Guardia Civil, que ven algunos inconvenientes en el aviso previo al juez en según qué casos.

Las fuentes consultadas por ECD aseguran que “el aviso al juez supondrá que, en procesos ya abiertos contra un cargo público, los abogados también estén avisados de un próximo registro a cualquier propiedad de sus clientes, por lo que éstos tendrán más de una semana para deshacerse de pruebas que les puedan incriminar”.