Seguridad

Cada vez hay más españoles fichados en SIGO, el registro informático de delincuentes de la Guardia Civil. Protección de Datos ha abierto expedientes por reclamaciones de particulares

La base de datos SIGO, el registro informático de delincuentes con el que opera la Guardia Civil, no para de crecer. Cada vez tiene a más ciudadanos fichados. Sin embargo, las prisas de la Benemérita por ‘engordarlo’ han llegado a la Agencia de Protección de Datos, que ha abierto procedimientos de tutela de derechos.

SIGO, siglas de Sistema Integrado de Gestión Operativa, la herramienta informática de la Guardia Civil en la que figuran los datos identificativos de sospechosos de delitos, está pensado para recoger datos de miles de personas con el objetivo de convertirse en una referencia a la hora de prevenir delitos o investigarlos.

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Puesto en marcha en 2006, esta base de datos aspira a convertirse en una de las referencias de todos los cuerpos de seguridad del Estado.

En ECD se informó de algunos problemas en el Ejército de Tierra tras el cese de dos guardias civiles que se negaron a facilitar su Tarjeta de Identificación Personal a militares que querían tener acceso a SIGO.

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Pero los problemas con la excepcional base de datos de la Benemérita también han llegado al mundo civil.

Interviene Protección de Datos

Según fuentes de la Guardia Civil a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital, agentes que trabajan a diario en SIGO se muestran preocupados por los riesgos que pueden correr a la hora de utilizar la base de datos, ya que no tienen claro si su actuación entra en conflicto con la Ley de Protección de Datos.

Explican los agentes que, cuando llevan a cabo una misión de identificación de personas y vehículos, posteriormente los mandos les ‘piden’ que introduzcan en SIGO los datos de esos individuos. El problema es que la mayor parte de esas personas no cuadran con la definición de ‘sospechoso’.

El esquema operativo por el que se entra en SIGO es el siguiente: los agentes abren un ‘hecho’, es decir, una ficha con el nombre y apellidos del identificado, el lugar, la hora de la identificación, y el coche y matrícula en el que se encontraba.

Suelen identificarse, por ejemplo, vehículos que se hallen parados en las cercanías de algún organismo estatal o cuartel de las Fuerzas de Seguridad. También se registra a cuantos entran en un establecimiento de la Guardia Civil para realizar una gestión.

Una vez abierta la ficha, se pueden buscar coincidencias en otras bases también en poder de la Benemérita, como de permisos de armas, carnet de conducir, controles de alcoholemia positivos… etc. Incluso hay casos, según los agentes, en que se han registrado “descripciones físicas”.

Según cuentan los agentes, existen instrucciones de los mandos de ‘engordar’ lo antes posible esta base de datos, cuyos registros pasan a formar parte de un fichero denominado ‘Intpol’.

Sin embargo, y ante las dudas que surgen a la hora de cumplir estas instrucciones, algunos agentes lo que hacen es una ficha en SIGO reseñando que la patrulla ha identificado “0 vehículos y 0 personas”.

Problemas con la Ley de Protección de Datos

La Ley de Protección de Datos vigente en España es una de las más estrictas de la Unión Europea. La Agencia registra anualmente miles de denuncias de ciudadanos y peticiones de apertura de procedimiento de tutela, tras constatar que no se ha satisfecho su derecho de acceso, modificación o cancelación. La Guardia Civil y SIGO no han quedado exentos de estas denuncias.

Según ha podido saber El Confidencial Digital en fuentes de la Agencia Española de Protección de Datos, sólo en 2010 se contabilizaron 9 reclamaciones de particulares contra el fichero Intpol –el nombre de registro de SIGO-.

En 5 casos se dio la razón a los ciudadanos y se exigió a la Benemérita la cancelación de su ficha. Otros 4 quedaron suspendidos al notificar la Guardia Civil que faltaban documentos necesarios por parte del ciudadano para cursar la petición de cancelar la ficha en SIGO.

“El problema”, aseguran a ECD expertos legales en protección de datos, “es que poca gente imagina que sus datos pueden estar metidos dentro de SIGO”.

La petición de acceso a este registro debe partir del ciudadano. “La mayoría de los que piden información sobre su presencia en SIGO son amigos y familiares del Cuerpo, que saben de qué va el asunto”.

Los registros de SIGO se rigen por el artículo 22 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos, referente a los ficheros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En el punto dos de este artículo se especifica que la recogida de datos podrá hacerse “sin consentimiento de las personas afectadas” cuando “resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales”.

Este supuesto, según agentes de la Benemérita, es “muy ambiguo” ya que deja a la interpretación de los guardias si la identidad del interceptado en un punto de identificación es importante para las labores policiales “o sólo es una manera de hacer engordar SIGO”.

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