Seguridad

Agentes de información de la Guardia Civil, a Cataluña para controlar el tsunami independentista

Han sido movilizados decenas de efectivos en vísperas de de la sentencia del 1-O ante la amenaza de desobediencia civil y la previsión de violencia en las calles

Guardias civiles en Cataluña.
photo_cameraGuardias civiles en Cataluña.

El Gobierno no apreció riesgos de orden público en la Diada y, por eso, solo envió a cien antidisturbios de refuerzo. Pese a ello, los independentistas radicales trataron de asaltar el Parlament y protagonizaron reyertas en las calles. Con ese precedente, y ante la previsión de un octubre caliente, Interior ha decidido tomar medidas.

Según explican al Confidencial Digital fuentes cercanas a la Dirección General de la Guardia Civil, la Jefatura de Información ya ha puesto en marcha el envío de agentes especializados a Cataluña, con el objetivo de hacer “trabajo de campo” e investigar cualquier movimiento, tanto “institucional como particular” que pueda ser constitutivo de delito.

Un plan similar al de 2017

Esta misión, afirman, es similar a la que realizó esta misma jefatura en Cataluña en 2017, en los meses previos a la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre.

En esa ocasión, se enviaron un total de 200 agentes de los servicios de información, mientras que ahora la movilización es menor y proporcional a la situación actual: “Hablamos de varias decenas de guardias civiles”, explican desde el Instituto Armado.

No obstante, el objetivo ahora es el mismo que en 2017: “Hacer seguimiento a los grupos independentistas radicales y detectar cualquier movilización que persiga un acto de insubordinación y desobediencia a la Ley y al Estado”.

Hace dos años, explican las fuentes consultadas, los agentes siguieron, día a día, los movimientos a favor de la consulta ilegal llevados a cabo por gobiernos municipales, ediles de diferentes ayuntamientos, y representantes de las diputaciones provinciales.

Además, se realizaron labores de “seguimiento y vigilancia” sobre los líderes de entidades y organismos que se financian con dinero público y que también comunicaron a la Generalitat su disposición de colaborar en la organización de la consulta.

Ahora, la labor es parecida, pero no igual: “Se están vigilado a dónde van las ayudas de ayuntamientos a según qué plataformas, que se autodefinen como independentistas. También, posibles reuniones de representantes públicos, incluido cualquier integrante del Govern, con grupos que ya hayan protagonizado algaradas en la calle”.

Labor de policía judicial

Todo ello, afirman desde la Guardia Civil, porque “existe el hecho contrastado” del anuncio, por parte del president Quim Torra, de que los catalanes “lo volveremos a hacer”, en referencia al referéndum independentista del 1-O. Además, añaden, “ha llamado a los ciudadanos a la desobediencia civil”.

La diferencia con respecto a hace dos años es que “ahora no hay un referéndum convocado, pero se pueden estar haciendo cosas en la sombra”. Por ese motivo, y ante el riesgo de una rebelión en las calles, “tenemos que estar preparados”.

En concreto, afirman las fuentes consultadas, “el objetivo es actuar como una policía judicial, recogiendo todo tipo de pruebas que demuestren, a posteriori, cualquier comportamiento delictivo por parte de las plataformas independentistas como de los organismos públicos”.

Se recuerda, en este sentido, que gracias a los informes realizados por los agentes de información desplegados en Cataluña hace dos se pudo demostrar la contratación, por parte de la Generalitat, de servicios de imprenta para la elaboración de las papeletas, o la organización, por parte de los Jordis, del acto de acoso a la Guardia Civil en la consejería de Economía.

Ahora, la orden es la misma: “Detectar y documentar todos los movimientos conducentes al incumplimiento de la Ley en Cataluña”.

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