Así son los detectores de explosivos que se utilizan en edificios oficiales: encuentran sustancias a partir de un 5% de concentración
Hacienda lanzó un acuerdo marco centralizado de sistemas de seguridad. El Ministerio de Defensa compró hace un año un escáner de rayos X para revisar paquetes y cartas
Una oleada de cartas y paquetes con material pirotécnico o incendiario (también alguna falsa alarma) ha encendido las alertas en los últimos días en el Complejo de la Moncloa, la Embajada de Ucrania en Madrid, la de Estados Unidos, el Ministerio de Defensa, el Cuartel General del Aire, la sede de la empresa Instalaza en Zaragoza y la base aérea de Torrejón de Ardoz. Al menos hasta este jueves por la noche.
Algunos de estos artefactos se interceptaron en el control de seguridad de las cartas y paquetes que llegan a los edificios oficiales, y motivaron el aviso a los Tedax para que los desactivaran o detonaran de forma controlada.
La seguridad de ministerios y otros edificios de la administración ya se puso en duda en la primavera de 2021, cuando varias cartas con balas, o con navajas, llegaron hasta algún despacho. También se puso la lupa sobre los controles que practica Correos en sus oficinas con las cartas y paquetes.
En los accesos a estos edificios hay diferentes sistemas de seguridad. En el Ministerio de Defensa, donde se interceptó una carta incendiaria dirigida a la ministra Margarita Robles, en el último año se han aprobado un par de contratos relacionados con estas cuestiones.
Defensa licitó en otoño del año pasado un contrato de “Suministro e instalación de un escáner de inspección de paquetería por rayos X para el control de correspondencia en la estafeta del Ministerio de Defensa”. El importe de la licitación ascendía a 25.619,83 euros.
Más recientemente, en enero de este año, el ministerio adjudicó a una empresa especializada, por 29.040 euros, el “mantenimiento de los escáneres de RX instalados en la sede central del Minisdef [Ministerio de Defensa], edificios periféricos de la Comunidad de Madrid y la Subdelegación de Defensa de Valladolid”.
Algunos contratos de sistemas de seguridad para instalaciones públicas (como la base de Torrejón, objetivo de una de las cartas incendiarias) se han tramitado en los últimos años al amparo de un gran acuerdo marco que lanzó en 2017 la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada del Ministerio de Hacienda.
Tenía por objeto el “Acuerdo Marco 8/2017 a través del procedimiento especial de adopción de tipo para el suministro de sistemas y elementos de seguridad”, y el valor estimado del contrato superaba los 35 millones de euros.
En ese acuerdo se incluyeron 15 lotes distintos:
1.- Sistemas de control de accesos y presencia.
2.- Sistemas de circuito cerrado de televisión.
3.- Sistemas contra intrusión.
4.- Sistemas automáticos de detección y extinción de incendios.
5.- Sistemas de alimentación eléctrica ininterrumpida.
6.- Equipos de inspección por rayos X.
7.- Arcos detectores de metales y detectores de metales portátiles.
8.- Detectores de explosivos y narcóticos.
9.- Cajas fuertes autónomas.
10.- Armarios de seguridad.
11.- Armarios ignífugos.
12.- Armeros.
13.- Extintores de incendios.
14.- Equipos de protección personal en lucha contra incendios.
15.- Destructoras de documentos en soporte papel.
5% de concentración
En el contexto actual, aunque las cartas enviadas estos días parece que llevaban pólvora y no explosivos de mayor complejidad, destacan esos “detectores de explosivos y narcóticos”.
La documentación del acuerdo marco precisaba que serían detectores de dos tipos. Por un lado, las administraciones que se acogieran al acuerdo marco para adquirir equipos de seguridad podrían comprar detectores de explosivos y narcóticos estacionarios.
En este caso, se exigía que “los equipos incorporarán de serie doble funcionalidad que permita la detección e identificación simultánea de explosivos y narcóticos con su correspondiente software y librería de productos para ambas funcionalidades”.
Si eran equipos basados en espectrometría IMS (espectrometría de movilidad de iones), debían tener una sensibilidad capaz de detectar explosivos y narcóticos con muestras no superiores a 100 picogramos para sustancias puras.
Los equipos basados en espectrometría láser o infrarrojos tendrían una sensibilidad capaz de detectar explosivos y narcóticos a partir de un 5% de concentración para sustancias puras.
El tiempo de análisis e identificación se exigía que fuera no superior a 60 segundos.
El precio de licitación, sin IVA, de este tipo de detector estacionario de explosivos y narcóticos debía ser de 60.000 euros.
El otro modelo sería el detector portátil de explosivos y narcóticos, con las mismas prestaciones y un precio igual.
