La asociación mayoritaria de guardias civiles reclama que los agentes puedan grabar sus intervenciones

Cada vez más agentes de las Fuerzas de Seguridad portan cámaras corporales, colocadas en el pecho o el hombro, que graban las intervenciones para así disponer de imágenes que permitan despejar dudas sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza.

A la Dirección General de la Guardia Civil le ha llegado ahora un escrito, de la asociación profesional Jucil, en el que se le solicita que autorice a los agentes de este cuerpo a portar dispositivos de toma de imágenes y sonido en sus actuaciones policiales.

La petición va dirigida sobre todo para que puedan llevar una cámara corporal los guardias civiles que prestan servicio en las unidades de Seguridad Ciudadana, pero también los que desarrollan tareas de control y lucha contra determinados tipos de delincuencia, además de aquellos que intervienen en zonas de especial nivel delincuencial.

La petición de Jucil es doble. Por un lado, solicita que las cámaras corporales o portátiles pasen a ser elementos de dotación en la Guardia Civil. Por otro lado, y al mismo tiempo, pide que se autorice el uso de aquellas cámaras que puedan ser adquiridas de forma individual por aquellos guardias civiles interesados en contar con este elemento sin esperar a que se lo entreguen como elemento de dotación.

Esta asociación -la que tiene más representantes en el Consejo de la Guardia Civil- espera que la Dirección General clarifique la normativa que actualmente regula este tipo de dispositivos de toma de imágenes y sonido, que según Jucil “resulta confusa y contradictoria sobre la posibilidad de que los guardias civiles puedan portar cámaras o grabar con un teléfono móvil sus actuaciones profesionales”.

Han decidido lanzar esta iniciativa al constatar un aumento de agresiones a guardias civiles donde a veces resulta difícil identificar al autor o autores de esos hechos. También han observado un incremento del número de denuncias, y de expedientes disciplinarios, contra los propios miembros de la Guardia Civil; “sometiendo a los guardias a un juicio de versiones contradictorias al carecer de elementos que permitan acreditar cómo acontecieron los hechos que dieron lugar a la actuación”, según Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil.

Especialmente urgente ven el uso de estas cámaras en lugares en los que, por escasez de la plantilla o por la naturaleza de los operativos, los guardias civiles realizan labores de patrulla de manera unipersonal: “En esos supuestos se incrementa el nivel de inseguridad del guardia civil; tanto a nivel físico, ya que disminuyen sus posibilidades de defensa ante un ataque, como a nivel jurídico, puesto que se le genera una manifiesta indefensión ante una posible denuncia por no poder acreditar cómo han ocurrido los hechos, y someter la cuestión a un juicio de credibilidad”.

“Y esto es algo con mayor relevancia en lugares de especial conflictividad y/o nivel delincuencial, donde grupos organizados y experimentados recurren de forma habitual a la denuncia o queja por la intervención de los miembros de la Guardia Civil, alegando vulneraciones de derechos fundamentales”, señala Jucil.