La Audiencia Nacional confirma definitivamente la entrega a Francia de dos españoles acusados de vender móviles encriptados

Desestima los recursos contra las órdenes europeas emitidas por la fiscalía de Lille, que investiga a los usuarios y vendedores de Encrochat. Serán trasladados en los próximos días

Audiencia Nacional.
Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional ordena entregar a Francia a dos de los tres españoles detenidos y en prisión provisional por una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) relacionada con la venta de teléfonos móviles encriptados que acabaron en manos de narcotraficantes y otros delincuentes.

ECD ha podido confirmar que los recursos de dos de los tres encarcelados han sido desestimados de forma definitiva. El magistrado Santiago Pedraz había aprobado su entrega, sus abogados recurrieron para intentar frenar esa decisión, pero finalmente la Sala de Vacaciones, de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha desestimado esos recursos.

Fuentes conocedoras del caso explican que ya no caben más recursos por el momento, y que por tanto la decisión es firme. Se espera que en los próximos días estos dos detenidos, que son hermanos, sean enviados a Francia para ser puestos a disposición de las autoridades judiciales de Lille que les investigan por una larga lista de delitos, incluida la complicidad con el tráfico de armas y de drogas.

En este caso hay un tercer ciudadano español, que también fue detenido en junio y que desde entonces se encuentra en prisión provisional, como los otros dos, cuyo caso reveló el diario La Razón.

Para este tercer detenido aún no hay decisión definitiva sobre los recursos que presentó su abogado contra la ejecución de la Orden Europea de Detención y Entrega a Francia.

Estos tres españoles han sido señalados por la fiscalía de Lille como parte del entramado que vendía teléfonos móviles encriptados con el programa Encrochat, que usaban cientos de delincuentes para intentar evitar que las Fuerzas de Seguridad controlaran sus comunicaciones-

Las defensas de los tres detenidos argumentan que ellos realizaban un trabajo completamente legal en España, como es comercializar, o ejercer de intermediario, en la venta de teléfonos móviles encriptados. También señalan que ellos vendían los aparatos a tiendas especializados y no tenían conocimiento de los clientes finales.

A uno de los detenidos, los investigadores franceses le señalan por presuntamente tener relación directa con Paul Krusky, el CEO de Encrochat y supuesto cerebro de la red desmantelada por Francia. Krusky fue detenido en República Dominicana hace unos meses, a la vez que se producían arrestos en España, Dubai y Holanda.

Error al señalar una condena de 30 años

Los abogados de los tres españoles detenidos han denunciados en sus recursos distintos errores y fallos en las Órdenes Europeas de Detención y Entrega que llegaron a la Audiencia Nacional.

 

Por ejemplo, en el caso de los dos detenidos que van a ser entregados a Francia en los próximos, que son hermanos, los documentos señalaban que debían ser entregados para cumplir una condena de 30 años de cárcel.

Eso provocó el estupor de los afectados, ya que nunca han sido juzgados en Francia y la primera vez que supieron que estaban siendo investigados fue cuando la UCO de la Guardia Civil les detuvo en sus domicilios, el pasado mes de junio.

La realidad es que se les acusa de 16 delitos, el más grave de los cuales les podría acarrear hasta 30 años de prisión.

Un antiguo legionario

El abogado Guillermo Rocafort denuncia que tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como el juez Pedraz y la Sala de Vacaciones de la Audiencia Nacional han cometido “gravísimos errores” en la tramitación de estas Órdenes Europeas de Detención y Entrega.

Además del ya citado sobre una supuesta condena de 30 años de cárcel que no se sustenta en ninguna sentencia, denuncia que los autos de Pedraz y de otras instancias de la Audiencia Nacional señalan que los dos hermanos detenidos no tienen “arraigo” en España, cuando, destaca este abogado, “son españoles de nacimiento, trabajan en España, están casados con españolas, han vivido siempre en España, sus hijos son españoles y sus amigos también”.

Uno de ellos, subraya este abogado, “sirvió en la Legión Española en puestos de responsabilidad y siempre ha colaborado generosamente con las organizaciones cívico-militares. Se ve que en la Audiencia Nacional el concepto de arraigo está seriamente invertido”.

Critica también que en el dispositivo de la Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil para detener a los españoles señalados por Francia se permitió que hubiera “diez policías franceses empotrados”, “en un acto de “injerencia” en nuestro país inadmisible. Dicho asalto fue grabado y habrá que preguntar para qué finalidades”.

Por otro lado, también apunta que la Audiencia Nacional ha admitido una orden de entrega a Francia “que señala la comisión de 16 delitos graves sin ningún principio de prueba, 13 de ellos cometidos en grado de complicidad”, “por el mero hecho de vender en España teléfonos encriptados, y los tres delitos restantes por vender en España dichos móviles encriptados, cuando en España en perfectamente legal vender teléfonos encriptados, lo que vulneraría la exigencia de la doble imputación, tanto en el país de emisión de la OEDE como en el país de la ejecución”.

Además, augura que los tribunales de la UE podrían invalidar en el futuro todo este caso, por pruebas viciadas, al tener origen este caso en “el hackeo o pirateo por parte de los servicios secretos franceses del sistema de comunicación encriptado Encrochat”.

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