El CNI se defiende tras el ‘caso Pegasus’: “Nunca empleamos atajos”

El Centro Nacional de Inteligencia ha cumplido veinte años de existencia, desde que en 2002 el Gobierno de José María Aznar decidió rebautizar el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID).

Los actos de conmemoración de este 20º aniversario quedaron deslucidos por el ‘caso Pegasus’. Primero, los independentistas catalanes acusaron al CNI de haber espiado a más de 60 de sus dirigentes con ese software israelí. Después, el Gobierno reveló que los móviles de Pedro Sánchez y de los ministros de Defensa e Interior habían sido víctimas de este programa informático de espionaje.

Estas polémicas llevaron a que el Gobierno destituyera a la directora del centro, Paz Esteban, que fue relevada por Esperanza Casteleiro. Antes, se suspendió el acto central de celebración por las dos décadas del centro, que estaba previsto que tuviera lugar en la sede central, con la asistencia de representantes de servicios de inteligencia extranjero y con la presencia del rey Felipe.

Finalmente, el Ministerio de Defensa sí ha conmemorado el aniversario del CNI con la edición de un libro que trata de explicar qué hace el servicio de inteligencia. El texto subraya en varios puntos que cada actuación de sus miembros se ajusta en todo momento a la ley.

Un libro para acercarse a la sociedad

Confidencial Digital ha consultado esa publicación, que se registró en julio de 2022 y que ha sido maquetada, editada e impresa por la Secretaría General Técnica, dependiente de la Subsecretaría de Defensa.

“CNI. Razón de ser” es el título del volumen, que consta de 60 páginas. “La razón principal que impulsa la nueva edición de esta publicación es aportar a la sociedad un mayor conocimiento del Centro Nacional de Inteligencia coincidiendo con la fecha del vigésimo aniversario de su creación”, indica el propio servicio.

En el libro se recogen “los principios básicos en los que se inspira la naturaleza y forma de actuar del Servicio de Inteligencia español, cuya misión principal es servir a España y a sus ciudadanos, procurando garantizar su seguridad y los intereses de la nación”.

El objetivo declarado de esa publicación es acercar más el CNI a la sociedad, “a la que dedica todo su esfuerzo”.

Espionaje a independentistas

La publicación el pasado mes de abril en The New Yorker de un reportaje que aseguraba que más de 60 dirigentes independentistas catalanes habían sido espiados con Pegasus provocó que de inmediato se señalara al Centro Nacional de Inteligencia como responsable de esos pinchazos.

Paz Esteban enseñó en una comisión del Congreso de los Diputados, a puerta cerrada, 18 autorizaciones firmadas por un magistrado del Tribunal Supremo para intervenir las comunicaciones de otros tantos líderes independentistas.

Pero hasta entonces se publicaron numerosas noticias contradictorias. Unas aseguraban que el CNI sólo había utilizado Pegasus para espiar en el extranjero, donde no necesitaría autorización judicial; en otras, miembros del servicio apuntaban que se habían sobrepasado los límites legales en los métodos utilizados para vigilar a ciertas personas clave del independentismo catalán.

Ante esas sospechas, el libro sobre el CNI que ha editado el Ministerio de Defensa trata de defender la legalidad de todas las actuaciones del servicio.

Numerosos controles

Un epígrafe del libro lleva por título “El CNI: una organización sujeta al control de los poderes del Estado”. Ahí se insiste en que el centro tiene dos controles políticos (del Gobierno y del Congreso), además de controles económico-administrativos y del control judicial del magistrado del Tribunal Supremo que autoriza, precisamente, las actuaciones que afectan al secreto de las comunicaciones y a la inviolabilidad del domicilio.

“La forma de actuar de los Servicios de Inteligencia es un buen parámetro para diagnosticar la salud de una democracia, evaluar el nivel de respeto a los principios que la sustentan y medir la robustez de su sistema de seguridad”, se puede leer en la introducción de este epígrafe.

“Nunca emplea atajos”

Además de describir los distintos controles, en este punto el CNI aprovecha para defender que siempre actúa conforme a la legalidad, sin cometer irregularidades. “La legislación otorga al CNI importantes capacidades para obtener información y lo faculta para realizar actividades especiales”, y añade que la observancia de esa normativa es “absoluta” y cuenta con la garantía de la autorización que debe conceder un magistrado del Supremo.

Con esas garantías, el Centro Nacional de Inteligencia afirma tajantemente que “el Servicio nunca emplea atajos para alcanzar sus objetivos, ni cae en la tentación de utilizar un camino que no sea el legal para adquirir la información que precisa”.

Esta referencia cobra mayor relevancia en el contexto actual, tras las acusaciones de espiar las llamadas y mensajes de cuatro presidentes de la Generalitat de Cataluña (Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès) y de otras decenas de dirigentes independentistas catalanes.

Los agentes cuentan con respaldo legal

En el libro editado por el Ministerio de Defensa se destaca que todos estos controles, “lejos de obstaculizar la acción del CNI o de condicionar su operatividad”, promueven que “el Gobierno y la ciudadanía tengan un mayor nivel de confianza en el Centro, ya que el empleo de los medios de acuerdo con la legislación y su control judicial caso a caso garantizan que el Servicio solo puede obtener la información que justificadamente necesite para ejercer sus funciones”.

A eso se añade que “además, se logra que los miembros del Centro que realizan estas acciones”, es decir, quienes se cuelan en viviendas para investigar a sospechosos, o quienes colocan micrófonos o pinchan teléfonos por otros métodos, “sepan que cuentan, en todo momento, con el necesario respaldo legal para ejecutarlas”.

Hay que recordar que existen varios procesos judiciales en marcha en los que se investiga el espionaje a independentistas catalanes con el programa Pegasus.

El Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona mantiene abierta una causa desde 2020 sobre el hackeo a los móviles de Roger Torrent y de Ernest Maragall (ambos de ERC), casos que se desvelaron dos años antes que el escándalo de este pasado mes de abril.

El reportaje de The New Yorker de este mes de abril provocó una catarata de querellas judiciales: de Andreu Van der Eynde, abogado de Oriol Junqueras; del diputado de ERC en el Parlament Josep María Jové, y de la eurodiputada Diana Riba; incluso de Pere Aragonès, que en su querella señaló directamente a la ex directora del CNI, Paz Esteban.

No debe servir a objetivos políticos

La idea de que el centro está sometido a la ley se repite una y otra vez en esta publicación editada por el Ministerio de Defensa. No hay que olvidar que Margarita Robles ha defendido en público, a raíz del ‘caso Pegasus’, que los agentes del Centro Nacional de Inteligencia actúan siempre con arreglo a la ley.

“En su calidad de servidores públicos, el principio incuestionable que rige el desempeño profesional de los miembros del CNI es el sometimiento a la ley”, se indica en otro capítulo dedicado a “Nuestra cultura corporativa: sentido de Estado y vocación de servicio”.

Presume el centro de que ese sometimiento a la ley “y la idea de servicio al Estado son los dos valores primordiales que impregnan todas y cada una de las manifestaciones de la actividad del Centro, tanto a nivel individual como en el plano institucional”. Una vez más proclama que cumple su misión “desde el más estricto respeto a la legalidad vigente y con absoluta lealtad al Gobierno de la nación, sea cual sea la adscripción ideológica de este”.

Y añade otra apreciación llamativa: “El Centro no debe ser, ni ha sido nunca, un instrumento para conseguir objetivos políticos”, sino que “es un organismo concebido para defender los intereses de España y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, dentro y fuera del territorio nacional”.

A este respecto, hay que recordar que, cuando se denominaba CESID, el servicio de inteligencia se vio salpicado por escándalos como el de las escuchas al rey Juan Carlos, a políticos y a periodistas entre 1983 y 1991, en la etapa de Felipe González.

El diario El Mundo reveló el caso en 1995, y cuatro años después la Audiencia Provincial de Madrid condenó a penas de cárcel al ex director del CESID, Emilio Alonso Manglano, al ex coronel Juan Alberto Perote y a cinco agentes por estas escuchas. El TC ordenó repetir el juicio y Manglano quedó exonerado al retirarse las acusaciones contra él.

Un único servicio de inteligencia

El libro editado ahora por el Ministerio de Defensa trata de mantener un equilibrio entre dar información, para acercar el CNI al ciudadano, y salvaguardar el secreto de las actuaciones y estructura del servicio.

Sí se explica que “está representado ante todas las comunidades autónomas españolas y, en el exterior, cuenta con delegaciones en un amplio número de países, repartidos en cuatro continentes”, pero no da una cifra concreta.

Llama la atención el interés que se advierte en defender el “modelo español de Servicio de Inteligencia único”. En otros países, como puede ser Reino Unido (con el MI5 y el MI6) y Francia (DGSE y DGSI), hay al menos dos servicios de inteligencia, uno interior y otro exterior.

El CNI señala que el modelo de un único servicio presenta una serie de ventajas: “Ofrece a los destinatarios de su trabajo respuestas integradas para hacer frente a los desafíos globales que caracterizan el actual panorama estratégico; facilita la coordinación interna y evita solapes entre distintos Servicios de Inteligencia; permite optimizar recursos y abaratar costes, dado que los ciudadanos sólo tienen que sostener con sus impuestos una única estructura de Inteligencia de nivel nacional”.

Destaca en varias ocasiones ese carácter de servicio único: en el informe se puede leer que obtiene información “por procedimientos que están únicamente a su alcance”, y que tiene capacidad “para utilizar procedimientos de obtención propios, que están sólo a su alcance, que le han sido asignados por ley y algunos de los cuales están sometidos a un sistema de control judicial previo”.

De igual forma presume de ofrecer al Gobierno productos de inteligencia no sólo de calidad, sino imprescindibles, que no son una “opinión más” de las muchas que le llegan.

Seguridad de las comunicaciones

Entre los rasgos distintivos del CNI que cita esta publicación se menciona expresamente “la misión de velar por la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del sector público”.

Esta competencia tiene especial trascendencia, ya que cuando se conoció que los móviles de Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska habían sido espiados, se desató una guerra interna entre Robles y Félix Bolaños por atribuir uno al otro, entre el CNI y el Centro Criptológico Nacional, por un lado, y Presidencia del Gobierno por otro, la responsabilidad de blindar las comunicaciones del presidente y de los ministros.

A este respecto, señala esta publicación que el director del CNI es a la vez el director del Centro Criptológico Nacional, “que ejerce la función de ciberseguridad”. Además, tiene como función “garantizar la protección de la información clasificada en poder del sector público y de las empresas”.