Documentos exclusivos. Cómo el Polisario abrió en España una embajada secreta en una entreplanta de Madrid financiada por el CESID

Tras una negociación de la que no se informó, poco después del ataque a un patrullero de la Armada que provocó la muerte de un cabo. Noventa españoles figuran como “víctimas del terrorismo” por acciones de los saharauis

Sahara.
Banderas de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Cuando, en 1973, se fundó en Mauritania el Frente Polisario, con el objetivo de liberar el Sáhara Occidental de lo que llamaban el dominio colonial español, nadie podía imaginar que, cincuenta años después, este “movimiento de liberación” seguiría dando dolores de cabeza al Gobierno de España.

Ni que, a mediados de los años ochenta, dos agentes de absoluta confianza de Emilio Alonso Manglano, director del CESID (el antecedente del CNI), se iban a desplazar a Ginebra para mantener un encuentro secreto con los representantes permanentes del Frente Polisario en Viena a pesar de que, ese año 1985, los saharauis acababan de protagonizar un ataque a un patrullero de la Armada y causado la muerte de un cabo español, lo que a su vez provocó la expulsión de los representantes del Polisario en Madrid.

Patrulleros en aguas del Sahara 

En los años ochenta, Madrid todavía mantenía en aguas del Sáhara algunos patrulleros de la Armada, que daban protección a los barcos de pesca españoles frente a los habituales hostigamientos del Polisario. 

En septiembre de 1985, uno de esos patrulleros, el Tagomago P-22, navegando por las costas de Cabo Blanco, en la frontera sur del Sahara, para socorrer al pesquero canario Junquito, recibió sobre la línea de flotación cuarenta impactos de proyectil disparados desde una batería de costa del Frente Polisario. 

Una granada penetró en el puente de mando, con tan mala fortuna que acabó con la vida del cabo Castro Rodríguez, de 18 años de edad. 

La sociedad española quedó tan consternada por el incidente, que el Gobierno tuvo que expulsar oficialmente del país a la representación permanente del Polisario, encabezada entonces por Ahmed Bujari. Se acababan de romper las relaciones con la autoproclamada y nunca reconocida por España República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Víctimas del terrorismo saharaui

Aquel ataque mortal al patrullero de la Armada no fue el primero ni el último de los perpetrados por efectivos del Polisario contra intereses españoles. 

El Ministerio del Interior de Alfredo Pérez Rubalcaba reconoció como “víctimas del terrorismo” a un total de 90 españoles, pescadores y mineros de Bucraa, que se vieron envueltos en acciones armadas del Frente Polisario entre 1975 y 1986. Sin embargo, para la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo todavía faltan 300 más por ser reconocidos.

Según información confidencial y contrastada a partir de documentos reservados a la que ha tenido acceso ECD, cuando todavía se investigaban las circunstancias concretas del mortal ataque al patrullero español, el CESID (Centro Superior de Información de la Defensa, antecedente del CNI) recibió instrucciones para que restableciera en secreto el contacto con el Polisario, que el Gobierno acababa de cortar pero que necesitaba recuperar . 

 

Abrir una embajada

El Sáhara era mucho más importante para Madrid de lo que creía la opinión pública. Había que reabrir sigilosamente una embajada del Polisario en España.

La reunión de los agentes de Manglano con los saharauis acreditados en Austria se celebró en Ginebra (Suiza), con objeto de despistar a los servicios secretos marroquíes, que monitoreaban en Europa todos los movimientos del que era, sin duda, su principal enemigo. Ni Berna ni Washington fueron informadas del oscuro encuentro. 

Como se esperaba en Moncloa, los delegados saharauis expresaron a los agentes A. y J. su interés en volver a tener representación en España, aunque hubiera de ser de forma extraoficial y secreta. Entendieron y aceptaron la clandestinidad a la que les obligaban las nuevas circunstancias sociales.

Prohibido cualquier contacto con medios

Tendrían terminantemente prohibido todo contacto con instituciones o personas ajenas a La Casa. Se les advirtió de que, si eran descubiertos manteniendo algún contacto con un medio de comunicación español o extranjero, el Gobierno volvería de nuevo y definitivamente a expulsarles de España: se haría de manera sumaria, y Moncloa negaría conocer esta misión diplomática encubierta. 

“Se os consideraría intrusos”, advirtió J., oficial del Ejército, a los saharauis en el hotel D'anglaterre, a orillas del Lago Leman, donde se acordó el discreto encuentro. 

Tres días después, desde Rabuni, el Polisario hizo llegar oficialmente su aceptación a la propuesta española. Fueron designadas las personas que se trasladarían enseguida de Tinduf a Madrid en calidad de embajadores fantasmas.

Una oficina proporcionada por el CESID

El CESID, consciente de los escasos recursos económicos de la RASD, proporcionó a la nueva delegación saharaui una oficina secreta en Madrid. Se hizo de tal forma que, en caso de ser descubierta la misión, no hubiera posibilidad de averiguar quién pagaba el alquiler del inmueble. La seguridad de la vivienda-oficina y su control era también un asunto de los hombres de Manglano, aunque de ese extremo no fueron informados los inquilinos.

Comenzó en 1986 un nuevo periodo de relación secreta y fructífera entre Madrid y el Polisario, marcado por las peticiones de la autoproclamada RASD a sus interlocutores del Gobierno de España. Según consta en las actas de las reuniones secretas de ese año, pedían: apoyo a la iniciativa de Naciones Unidas para el referéndum de autodeterminación; acceso a la información sobre los proyectos militares de Hassan II en el Sáhara ocupado; ayuda diplomática de España para poder estrechar relaciones con el resto de los países del Magreb; posibilidad abierta de mandar a jóvenes saharauis a estudiar a España con becas; e información sobre si Marruecos había comprado o iba a comprar armamento o munición a España. 

También la CIA

También requirieron a sus interlocutores españoles que les facilitaran una entrevista con el secretario de Defensa estadounidense, John Tower, y con el abogado Chris Grainer. 

A partir de 1987, a esas reuniones, que solían desarrollarse en una finca de caza en Arroyomolinos, se sumaron dos agentes de la antena de la CIA en Madrid, que solo observaban y tomaban notas.

Mohammed Abdelaziz, el que fuera líder del Frente Polisario antes de Brahim Ghali y presidente de la RASD, viajó a España y asistió a algunas de esas reuniones que, con el transcurso del tiempo, desembocarían en el llamado Plan de Arreglo de 1991, entre el Polisario y Marruecos, que contemplaba la celebración de un referéndum de autodeterminación, la constitución de la MINURSO y el alto el fuego permanente. España, Estados Unidos y ONU actuaron como padrinos.

Muro en el Sahara

Hasta 1991, las escaramuzas del Polisario contra los intereses y las tropas de Hassan II habían sido frecuentes y eficaces. Marruecos construyó un muro en el Sáhara, con asistencia técnica de expertos israelíes y la financiación de Arabia Saudí. El Polisario hizo cientos de prisioneros, algunos de los cuales llegaron a estar retenidos en sus campamentos en Tinduf, al sur de Argelia, más de veinte años.

Estados Unidos expresó al Gobierno de España en varias ocasiones que no quería que el Sáhara Occidental, rico en fosfatos, hierro y caladeros, cayese del lado del eje soviético. El Polisario, mientras, recibía la total protección de Argelia, amiga de la URSS y faro africano del anticolonialismo y soporte de incontables movimientos de liberación internacionales. También los españoles ETA y MPAIAC tuvieron en Argel su santuario en los 80.

El fosfato

El fosfato era ya un bien estratégico mundial cuando los españoles descubrieron los yacimientos de Bucraa en el Sáhara, en 1947, y construyeron las minas de extracción y la cinta transportadora hasta el puerto de El Aaiún, la más larga del mundo. 

Sin fosfato no puede desarrollarse agricultura alguna, y la empresa OCP, que explota las minas de fósforo, controlada directamente por el rey de Marruecos, tiene hoy por hoy las tres cuartas partes de las reservas mundiales de estas sales. Estados Unidos y muchos otros países compran el fosfato de esos yacimientos y tienen, por ello, un especial interés en que el entorno geopolítico de la región no sufra cambios ni la seguridad corra peligro. 

Curiosamente, México, república que reconoce oficialmente a la RASD, es el primer “comprador ilegal” de fosfato marroquí del Sáhara, según alerta el Observatorio de Recursos Naturales del Sáhara Occidental (WSRW).

El caso Aminatou Haidar

Un episodio sin el que no puede entenderse bien la relación entre España y el Polisario fue el caso de la activista saharaui Aminatou Haidar. 

En 2009 fue expulsada de El Aaiún por las autoridades marroquíes cuando quiso entrar declarando por escrito ser natural de la RASD. Quedó entonces varada en el aeropuerto de Lanzarote, con huelga de hambre incluida, en un bucle jurídico y político que comprometió las relaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat.

El 13 de noviembre de 2020, el Polisario rompió unilateralmente el alto el fuego con Marruecos. Fue su respuesta a la intervención militar marroquí contra los manifestantes saharauis que cortaban el paso fronterizo de Guerguerat. Desde entonces continúan los combates, posiblemente de baja intensidad, del que los medios afines a la causa saharaui dan testimonio diario con auténticos “partes de guerra” oficiales. Van por el número 500.

España cambia de rumbo

Cuando se cumple un año del inicio de la última crisis entre España y Marruecos, a cuenta de la entrada y hospitalización en España de Brahim Ghali, la posición de Moncloa con respecto al Sáhara ha cambiado radicalmente de rumbo. 

Ese viraje, con fecha exacta de 14 de marzo de 2022, está repercutiendo ya, de muy diferente manera, en las relaciones diplomáticas y comerciales españolas con Marruecos y con Argelia. 

El divorcio de España con el Frente Polisario ha quedado consumado. La cena de Ramadán de Mohamed V con Pedro Sánchez para fumar la pipa de la paz (o comer los dátiles de la concordia) augura un tiempo nuevo en las relaciones entre los dos países del Estrecho. Quedará por ver si este nuevo posicionamiento de Madrid sobre lo que en Marruecos llaman “el asunto nacional” (la soberanía sobre el Sáhara) termina por ser aceptado por la opinión pública española, se materializa en los foros internacionales, y si es o no secundado por los sucesivos inquilinos de la Moncloa.

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