El francotirador acusado de planear el asesinato de Pedro Sánchez sigue en la cárcel sin haber sido juzgado

Detenido cuando buscaba información sobre los itinerarios del presidente del Gobierno, ha superado los dos años de prisión provisional y la vista oral se ha aplazado por el coronavirus

Pedro Sánchez, con militares del Ejército del Aire.
Pedro Sánchez, con militares del Ejército del Aire.

Manuel Murillo fue detenido por los Mossos d’Esquadra en septiembre de 2018, aunque el hecho se conoció en noviembre. Se le intervinieron cuatro rifles de precisión y otras armas, y el juez de instrucción consideró que había suficientes indicios de que había recabado información para lograr el objetivo que aceleró su arresto: matar de un disparo a Pedro Sánchez.

Desde esa fecha se encuentra en prisión. De 63 años cuando fue detenido, residente en esa localidad barcelonesa y aficionado al tiro olímpico, habría pedido ayuda -siempre según las pesquisas policiales reveladas por el diario Público- en un grupo de WhatsApp para acabar con “ese rojo de mierda”, en referencia a quien era presidente del Gobierno desde junio de ese año.

Una de las participantes en el grupo denunció los hechos ante las Fuerzas de Seguridad, que se pusieron a seguir la pista a Murillo hasta que acudieron a arrestarlo y a registrar su vivienda.

Dos años sin ser juzgado

Confidencial Digital ha podido saber que Manuel Murillo ha superado ya los dos años en prisión provisional sin que su caso haya sido juzgado.

Fuentes del entorno familiar confirman que ni ha salido de la cárcel, ni se ha celebrado el juicio por los hechos que condujeron a su detención e ingreso en prisión.

Eso significa que la medida de prisión provisional dictada por los jueces tras su detención en septiembre de 2018 se extiende ya desde hace dos años y cuatro meses.

Un plazo muy superado

El artículo 504.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “cuando la prisión provisional se hubiera decretado en virtud de lo previsto en los párrafos a) o c) del apartado 1.3.º o en el apartado 2 del artículo anterior, su duración no podrá exceder de un año si el delito tuviere señalada pena privativa de libertad igual o inferior a tres años, o de dos años si la pena privativa de libertad señalada para el delito fuera superior a tres años”.

Se admite que “cuando concurrieren circunstancias que hicieran prever que la causa no podrá ser juzgada en aquellos plazos, el juez o tribunal podrá, en los términos previstos en el artículo 505, acordar mediante auto una sola prórroga de hasta dos años si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad superior a tres años, o de hasta seis meses si el delito tuviera señalada pena igual o inferior a tres años”.

La prisión provisional sólo se puede decretar (artículo 503) cuando conste la existencia de posibles delitos sancionados con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o cuando tenga determinados antecedentes penales; cuando aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión; o cuando se decida para evitar un riesgo racional de fuga, evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas, y evitar que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima.

 

El caso de Sandro Rosell

Por tanto, en el caso del acusado de amenazar con matar a Pedro Sánchez se han cumplido los dos años que establece la ley, que el juez puede prorrogar “cuando concurrieren circunstancias que hicieran prever que la causa no podrá ser juzgada en aquellos plazos”.

La extensión de la medida de prisión provisional ha provocado algunos conflictos. Por ejemplo, el ex presidente del FC Barcelona Sandro Rosell pasó dos años en la cárcel y después la justicia lo absolvió del delito de blanqueo de capitales.

Rosell presentó entonces una demanda de “reclamación y responsabilidad patrimonial contra la Administración” por lo “daños y perjuicios ocasionados”, al haber pasado 645 días en prisión preventiva. Pidió 29 millones de euros al Estado.

El juicio se retrasa

Las fuentes consultadas por ECD afirman que el juicio por el supuesto plan para matar con un rifle de francotirador a Pedro Sánchez ya se tendría que haber celebrado.

En principio estaba previsto que comenzara en octubre de 2020, pero la crisis sanitaria del coronavirus terminó provocando el aplazamiento de la vista oral, que por el momento no se ha llegado a celebrar.

Y, mientras tanto, Manuel Murillo continúa en prisión provisional 28 meses después. Este hombre, que trabajaba como vigilante de seguridad, fue internado en el Centro Penitenciario de Brians 2.

La defensa de Murillo lleva todo este tiempo tratando de desmontar las acusaciones más graves, las que le relacionan con un supuesto plan para matar con un rifle de precisión a Pedro Sánchez. De hecho, fuentes de su entorno aseguraban que todo podría quedar sólo en delitos relacionados con la posesión ilegal de armas de guerra y su manipulación, que podrían suponer una condena de cárcel menor que el tiempo que lleva en prisión provisional.

El fiscal pide 18 años de cárcel

En febrero de 2020 la Fiscalía de Barcelona presentó su escrito de calificación sobre esta instrucción judicial. En el mismo acusaba a este hombre de los delitos de homicidio en grado de proposición, tenencia y depósito de armas y municiones prohibidas, así como explosivos.

Además, reclamaba que se le aplique el agravante de discriminación ideológica. El fiscal relató que en el verano de 2018 el acusado difundió mensajes en un grupo de WhatsApp integrado por “personas afines a la ideología política nacionalista y conservadora”.

Estos mensajes surgieron como reacción a los planes del recién formado Gobierno de Pedro Sánchez (tras ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy) de exhumar del Valle de los Caídos los restos mortales de Francisco Franco.

“Si tocan a Franco…”

Según el escrito del fiscal, Murillo escribió amenazas como “Si tocan a Franco, sugiero que empiece la guerra otra vez por nuestro honor”; “Si lo sacan me cargo al Sánchez, lo juro”; “A Sánchez hay que cazarlo como un ciervo”; “Ya me gustaría tenerlo un día en el punto de mira”; “Yo lo hago. Necesito ayuda y tiene que ser de patriotas. Soy un francotirador y con un tiro preciso se acaba el Sánchez antes de que del todo hunda a España. No haría falta guerras”; y “Yo creo que sería lo más rápido para que hubiera elecciones y sacar a ese hijo de puta de en medio”.

Empezó a pedir ayuda a los miembros de grupo de WhatsApp, por ejemplo para conocer la agenda e itinerarios de Pedro Sánchez. En ese empeño contactó con la mujer, que resultó ser dirigente de Vox, y que fue quien denunció sus planes a las Fuerzas de Seguridad.

Los Mossos d’Esquadra le detuvieron el 19 de septiembre de 2019, y en su vehículo le incautaron una pistola, una carabina, un puñal, un punzón y varios útiles para la práctica de tiro.

Un arsenal de armas

En la vivienda familiar de Tarrasa le intervinieron 16 armas de fuego, largas y cortas, algunas modificadas e ilegales: un fusil de asalto militar modelo Cetme, un subfusil ametrallador Skorpion vz.61, cuatro rifles de precisión, varios revólveres, una escopeta, una ballesta artesanal, recipientes con pólvora y un artefacto explosivo casero.

El detenido competía en tiro olímpico y era vigilante de seguridad, por lo que tenía acceso fácil a armas de fuego, tenía licencias de armas largas, deportivas y de caza, y se entrenaba en campos y galerías de tiro.

Al informar de su detención semanas después de producirse, los Mossos afirmaron que Murillo tenía la “clara voluntad” de atentar contra Pedro Sánchez. Eso sí, no tenía diseñado un plan concreto, de ahí que presuntamente estuviera intentando conseguir apoyo logístico de otras personas que consideraba afines ideológicamente.

Bravatas

Aunque se movía en círculos de extrema derecha, no tenía antecedentes ni vínculos con hechos violentos anteriores.

La defensa del detenido se ha basado en desacreditar los supuestos planes para matar a Sánchez, asegurando que sólo eran bravatas, que escribía por WhatsApp para impresionar a otras personas.

De ahí que la imputación por otros delitos más allá de la posesión de armas, como el intento de homicidio, haya sido recurrida por su abogado.

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