Los funcionarios de prisiones, expectantes ante las condiciones laborales de las cárceles vascas para decir si piden un traslado
Interior confirma que se convocará un concurso antes de que se materialice la transferencia de competencias en octubre
La expectación es máxima entre los funcionarios de prisiones que esperan conocer cuáles serán las condiciones de trabajo de las cárceles del País Vasco que finalmente queden cuando se produzca el traspaso de competencias que el Ministerio de Interior ha previsto para octubre. Cientos de trabajadores se plantean si presentarse o no a la última convocatoria que Prisiones hará todavía sin fecha.
El País Vasco será junto a Cataluña la única autonomía que tenga las competencias de las cárceles transferidas. Cogiendo esta última de ejemplo, los funcionarios allí tienen una plaza que ya no les permite optar a trabajar en cualquier parte de España, mientras que el resto de las autonomías puede moverse de destino con más facilidad. En Cataluña se pueden mover de unas cárceles a otras dentro del mismo territorio algo que se presupone que pasará con las tres prisiones del País Vasco.
Los funcionarios de esos tres centros, así como los de las provincias cercanas están a la espera de conocer cómo serán las condiciones de trabajo para determinar si se presentan o no a la última convocatoria. Confidencial Digital ha accedido a un documento del Gobierno Vasco que se llama “Bases para la implantación del modelo penitenciario en Euskadi”, pero no hay referencias sobre el personal. Desde los sindicatos confirman que están esperando a que los responsables de Interior les llamen para comunicarles cómo va a tratarse este asunto: “Estamos a la espera de saber qué carencias se detectan, cómo va a quedar el personal, la relación que va a tener este con la Secretaría...”, explica un portavoz del sindicato ACAIP-UGT, mayoritario en prisiones.
El modelo penitenciario en Euskadi con menos presos
En este documento de 14 páginas con fecha de abril, el departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales explica en líneas generales cómo va a ser la organización, el régimen y el funcionamiento de los servicios penitenciarios una vez se produzca el traspaso.
Su prioridad es conseguir que un mayor número de personas privadas de libertad cumplan sus condenas en régimen de semilibertad. Asimismo, realzar la figura de la mujer apoyándose en estudios que dicen que está discriminada dentro de prisión: “se considera preciso incluir la perspectiva de género en el acompañamiento a la mujer y realizar actuaciones adecuadas que permitan visibilizar la situación de vulnerabilidad y discriminación que ha sufrido”.
La salud mental, la justicia restaurativa, la educación en la cárcel o la integración de políticas públicas son algunas de las líneas maestras que apunta el documento, pero los trabajadores tienen dudas de cómo se va a poner esto en marcha. “Ellos quieren una Justicia restaurativa, pero todo eso requiere de infraestructuras, medios humanos y materiales”, explican.
El salario, un punto clave
Los funcionarios de las cárceles vascas y navarras tienen desde los años 90 una categoría especial. En la época en la que actuaba la banda terrorista ETA se les confirió este beneficio por el que cobran en torno a unos 400 euros más que un funcionario de otra provincia porque se consideró que debían tener un plus de peligrosidad.
Sin embargo, esta situación ha cambiado y los sindicatos defienden que esto supone ahora una discriminación hacia el resto de trabajadores. “Lo lógico es que ambas tendamos a las mínimas diferencias”, dice un portavoz de ACAIP-UGT.
Por eso, señalan que las condiciones que vayan a quedar para los trabajadores vascos son importantes para el resto de España porque se enmarcan en un contexto en el que los funcionarios siguen a la espera de que el Ministerio de Interior apruebe una Ley de Cuerpos. Hace años que las negociaciones para una nueva regulación del trabajo de los funcionarios de prisiones se producen sin avances significativos y los sindicatos reconocen que la negociación del País Vasco puede ser un problema si no se prioriza que todos los trabajadores tiendan al alza en sus salarios.
Sobre los acercamientos de presos de ETA
Desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al ministerio del Interior ha habido un proceso de acercamiento de presos relacionados con el terrorismo al territorio vasco. Instituciones Penitenciarias anuncia cada viernes una nueva tanda de internos que se acercan a cárceles en Cantabria, Navarra, León, Burgos…
Preguntados por si el objetivo es que acaben estando en cárceles vascas, Instituciones Penitenciarias responde que los traslados de presos de ETA, como el resto de preso, responden a las propuestas de las Juntas de Tratamiento de cada cárcel y al cumplimento de la Ley Orgánica General Penitenciaria que dice que las personas privadas de libertad deben estar allá donde tienen su arraigo social. Niegan que exista ningún plan concreto para llevarlos al País Vasco y que cada decisión se toma de forma individual sin distinción de cualquier otro preso.
En este sentido, preguntado a los sindicatos si llevar a los presos de la banda terrorista a Euskadi supondría un problema responden con matices: “no queremos que se desvirtúe el relato. Que no se olvide el papel de los trabajadores”, dicen. “Es muy difícil que funcionarios que han sido objetivo directo de ETA tengan que custodiar a los que les amenazaron. No puede producirse una doble victimización, la de ese momento y la de ahora”.
La única referencia a la banda terrorista que existe en este documento vasco se refiere a cómo deben tratarse este tipo de presos: “el tratamiento de las personas privadas de libertad con condenas de larga duración que han cometido delitos de terrorismo como miembros de ETA ha de ser sustancialmente idéntico que el que se realice con otras personas que estén internadas en los centros penitenciarios”.
