El Gobierno alerta en un informe del peligro de la construcción casera de drones suicidas

Palma de Mallorca. Lunes 8 de agosto. Doce y media de la mañana. Felipe VI navega con el velero de la Armada ‘Aifos’ en la Copa del Rey de Vela. A 300 metros del círculo de seguridad que rodea a la competición se detecta el vuelo de un dron.

Los escoltas del Servicio de Seguridad de la Casa del Rey y varias unidades de la Policía Nacional se movilizan de inmediato. Los policías de Seguridad y Protección Aérea inhiben el dron. Los agentes del Servicio de Medios Aéreos vigilan desde el aire y las patrullas de seguridad ciudadana localizan al piloto e intervienen el aparato.

Tres horas después, la alerta se repitió por el vuelo de otro dron peligrosamente cerca del lugar donde se disputaba la Copa del Rey de Vela, con la participación del jefe del Estado. También en este caso se identificó al piloto y se localizó el dron.

El vuelo de los drones se ha convertido en una amenaza para la seguridad del Palacio de la Zarzuela, donde ha habido alertas por la presencia de aparatos tripulados a distancia. También en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebró en Madrid a finales de junio.

“Drones y Seguridad Nacional”

Confidencial Digital ha podido comprobar que el Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial le ha dedicado a este asunto un estudio monográfico. Se trata de un órgano de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional, encargado de plantear propuestas que refuercen la colaboración entre administraciones y las medidas encaminadas a garantizar la seguridad aéreo y ultraterrestre.

Lo preside el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), actualmente el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, y su vicepresidente es el director del Departamento de Seguridad Nacional, el general Miguel Ángel Ballesteros.

“Drones y Seguridad Nacional. Un estudio multidimensional”, es el título del dossier, que durante un año ha preparado un equipo de expertos de los ministerios de Defensa, Justicia, Interior, Transporte y Movilidad Urbana, Asuntos Económicos, Ciencia, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Departamento de Seguridad Nacional.

El objetivo del estudio ha sido analizar la realidad actual de los drones en España, delimitar áreas de mejora y poder establecer las bases para la normalización del escenario nacional de los drones y la utilización segura de éstos.

De los ocho ejes de trabajo que presenta el informe, el quinto está dedicado a “Conseguir la capacidad contra UAS (C-UAS)”, es decir, los esfuerzos para neutralizar drones hostiles. Especialmente relevante es el punto que se dedica en ese Eje 5 a “El empleo de drones y la amenaza terrorista”.

Terrorismo y sabotaje

Las Estrategias de Seguridad Nacional de 2017, 2019 y 2021 contemplan el uso agresivo e ilícito de drones como una de las amenazas para la Seguridad Nacional más preocupantes.

El documento de 2019 mencionaba la posibilidad de que se usen “con el objetivo de provocar un incidente o accidente aéreo, utilizándolas directamente como armas, como elementos disruptores de la actividad aérea, o liberando con ellas armamento, explosivos, sustancias nocivas, etc.”.

En la actual Estrategia de Seguridad Nacional se advierte que “una de las tendencias preocupantes es la proliferación del uso ilícito de vehículos aéreos no tripulados, que pueden paralizar el uso de aeropuertos o infraestructuras críticas, y son además potenciales armas para sabotajes o acciones terroristas”.

Frente a esa amenaza, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desarrollado un sistema (Siglo-CD) que trata de proteger especialmente las instituciones e infraestructuras sensibles. Su técnica de detección, identificación y neutralización se basa en las radiofrecuencias usadas por los drones, tanto las que utilizan para su control como las de radionavegación GPS.

Según el informe del Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial, “estos sistemas C-UAS prácticamente controlan el 98% de las frecuencias utilizadas por los drones comercializados actualmente, y por ello casi la totalidad de los drones que están siendo usados de forma más o menos colaborativa, discriminando principalmente aquellos que hacen un uso negligente pero no malintencionado”.

El peligro está en que “aparte de la construcción casera de drones para uso legal, hay que considerar otro grupo de usuarios, menos probable pero más peligroso, que son capaces de construir o modificar drones para usarlos de forma ilícita y fuera del control de las autoridades, normalmente con fines malintencionados”.

Técnicas hacker para evitar los inhibidores

El informe “Drones y Seguridad Nacional. Un estudio multidimensional” cita una serie de técnicas que usan los llamados “hackers de drones” para volar sus aparatos fuera del control de las Fuerzas de Seguridad, al escapar del rango de frecuencias que son capaces de inhibir sus sistemas antidrones.

Entre otros trucos, modifican las frecuencias o incorporan módulos de agilidad de frecuencias, y equipos con sistemas autónomos de navegación inercial.

En este último caso, son capaces de modificar los aparatos para que cuenten con dualidad de navegación satélite o inercial, en caso de perturbación (llamada “spoofing”) de la señal GPS: “Si el sistema detecta perturbación de la señal GPS (Spoofing), puede descartar esta última y seguir navegado con el inercial y el Magnetómetro (brújula digital), con una navegación menos precisa, dependiendo del inercial, pero puede llegar a una precisión de decímetros”.

También cabe la posibilidad de que los drones de estos hackers naveguen de forma pasiva, a través de sensores de reconocimiento óptico del terreno, con tratamiento de las imágenes con técnicas de inteligencia artificial, o que utilicen sistemas de control a través de la red 4/5G o LTE18 de comunicaciones y de transmisión de datos.

Con estas modificaciones caseras consiguen que los drones vuelen “fuera de la cobertura de los sistemas C-UAS actuales similares al Siglo-CD” que utilizan la Policía Nacional y otras Fuerzas de Seguridad para defender puntos sensibles, sistemas que se basan en la detección y perturbación de radiofrecuencias.

Existen otras opciones para escapar de los sistemas antidrones. Cabe la posibilidad de que un hacker logre engañar al sistema “geo-fencing” que se encarga de limitar a drones ajenos para entrar en zonas sensibles inhibidas electrónicamente. De esta manera, la zona protegida queda expuesta al sobrevuelo y acciones de los drones con actitud hostil.

Incluso se pueden instalar en los drones componentes resilientes o con protección anti “Jamming” y anti “Spoofing”, que ya están disponibles en el mercado, o montar unas rejillas metálicas en los aparatos para impedir el “Jamming” de los sistemas C-UAS de las Fuerzas de Seguridad, que tratan de atrapar o derribar los drones hostiles.

“Drones suicidas” a la venta en Internet

El Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial cita otras técnicas que pueden utilizar los terroristas para atentar con drones. La más evidente es integrar en el dron “sistemas de suelta de cargas o de rociado de productos”. Eso permitiría dejar caer, por ejemplo, una carga explosiva desde el aire en un lugar señalado.

También se contempla la “posibilidad de capturar drones de interés, como los de distribución de mercancías y entrega a domicilio, o simplemente el robo de drones”, de menor peligro para la seguridad nacional.

Pero más grave es la “posibilidad de comprar, fabricar o modificar un dron para conseguir un “dron suicida”, o bien un enjambre de “drones suicidas””, explica el informe.

El documento elaborado por Defensa, Interior, Transportes, el CNI y el Departamento de Seguridad Nacional avala su alerta con ejemplos de lo fácil que es adquirir los medios materiales para conseguir estos drones hackers, que pueden convertirse en drones suicidas.

En el portal chino Alibaba se pueden encontrar ofertas de “drones suicidas”, así citados expresamente, por entre 2.000 y 8.000 dólares.

También existen páginas web que venden módulos “spoofing” y sistemas inerciales para drones, con los que se pueden sortear las señales y técnicas de inhibición de radiofrecuencias con las que las Fuerzas de Seguridad neutralizan los drones considerados hostiles. Incluso circulan tutoriales para instalar estos sistemas en los drones.

“Es importante reseñar que estos sistemas y componentes electrónicos son relativamente fáciles de adquirir en Internet en plataformas de venta on-line, y por lo tanto, de difícil control por parte de las autoridades”, señala el dossier.

Un dron con explosivos contra el Camp Nou

Aunque parezca un escenario de ciencia ficción, lo cierto es que la amenaza de realizar atentados con drones es más real de lo que pueda parecer. Se han abortado planes para ataques de este tipo en numerosos países, desde Estados Unidos a Japón, de Israel a Colombia, pasando por España, Alemania, Egipto, Irán...

Los yihadistas del Daesh son los responsables del gran salto en el uso terrorista de los drones. Los utilizaron en Siria e Iraq para atacar objetivos, bien dejando caer cargas explosivas (como están haciendo los ucranianos contra las tropas rusas), bien lanzando drones kamizakes para hacerlos explotar.

En España también se han detectado planes de este tipo. En 2017, la Policía Nacional detuvo en Mérida a un hombre procedente de Bangladesh que buscaba drones para mandarlos a Siria, al proclamado Estado Islámico.

Unos años después, en 2020, la Guardia Civil arrestó en Barcelona a un yihadista que planeaba colocar un explosivo en un dron, dirigirlo hacia el Camp Nou y hacerlo explotar en el estadio durante la celebración de un Barcelona-Real Madrid.

Láser, proyectiles y barreras

El Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial fija una serie de medidas para frenar los drones con fines terroristas, o al menos para minimizar los efectos.

Como instrucción general, recomienda utilizar “la estrategia de “disuasión”, mostrando un sistema robusto y eficaz, tanto en detección como en neutralización, y sobre todo, que se muestre con la clara determinación de usarlos llegado el caso”.

Destaca la necesidad de contar con otros sensores que complementen a los basados en radiofrecuencia: sensores acústicos, electroópticos e infrarrojos (EO/IR) y sobre todo radares adaptados a los UAS LSS, es decir, los que son pequeños y vuelan a poca velocidad y baja altura (low, slow, small).

Los sensores advierten de la presencia de drones hostiles, y para frenarlos se debería disponer de “sistemas cinéticos de neutralización física, como láser, proyectiles (de precisión o barreras), drones caza-drones, enjambres de drones, etc.”, métodos que se están desarrollando, probando e implementando en las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y en determinadas instituciones, como la Casa del Rey.

En otro punto del informe se admite que la efectividad de los sistemas portátiles C-UAS, tanto inhibidores tipo fusil (que utiliza la Policía Nacional) como armas largas con munición específica, “es reducida debido a la velocidad de los UAS y por lo tanto el poco tiempo de respuesta”. Pero “a pesar de ello, son necesarios como último recurso, o para neutralizar UAS previamente inhibidos”.

También señala el informe que se debe potenciar la defensa pasiva, que incluye la instalación de protecciones físicas como redes y pantallas que impidan el impacto o la acción directa de los drones hostiles en edificios o zonas de alto valor.

Todas estas medidas tendrían que desarrollarse en paralelo a cambios legales: los expertos en drones de Defensa, Interior, Transportes... piden “modificar las leyes actuales para penalizar explícitamente y con contundencia la construcción o modificación de drones de forma ilegal”, y al mismo tiempo, “contar con leyes claras que recojan la opción legal de usar estos sistemas, y procedimientos de coordinación y ROE (reglas de enfrentamiento) adecuados que ayuden a la toma de decisión en tiempo adecuado”.

“La protección total no es posible”

Aunque se vea necesario y posible dar pasos para mejorar el sistema de protección contra drones en España, el informe no duda en reconocer que “la cobertura total se presenta como muy difícil o imposible de alcanzar”. La conclusión se repite y se subraya en el documento: “Hay que estar mentalizado de que la protección total no es posible”.

Pero sí es clave para luchar contra esta amenaza mostrar que el sector de los drones “está regulado, vigilado y penalizado ante el uso malintencionado o negligente”, como se hace con otros ámbitos cuyo uso malintencionado puede convertirse en amenaza, es el caso de los vehículos y de las armas.

El punto débil es que “la tecnología actual no está suficientemente madura para resolver totalmente el problema que suponen los UAS como vector para una agresión, comprobado en los incidentes y las pruebas y ensayos de los sistemas C-UAS que se llevan a cabo, principalmente en los sistemas de neutralización”.

El objetivo de todas estas medidas es combinar “sensores y efectores, cinéticos y no cinéticos para obtener un sistema lo más completo posible, además de asegurar la interoperatividad y conectividad entre todos los sistemas disponibles, para aumentar la cobertura lo máximo posible, entendiendo que la cobertura global va a ser difícil de conseguir”.

Tres coroneles, el CNI...

El documento “Drones y Seguridad Nacional. Un estudio multidimensional” es obra de un grupo de trabajo integrado por representantes de varios ministerios y organismos públicos.

Lo dirigió el coronel José García García, del Estado Mayor del Aire, en representación del Ministerio de Defensa. Participaron un coronel de la Guardia Civil, comandante del Estado Mayor del cuerpo; un coronel del Ejército del Aire destinado en el Departamento de Seguridad Nacional; y un representante del CNI del que no se cita el nombre.

También se integraron en el grupo de trabajo el jefe de Logística Aérea del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria; el delegado territorial en Madrid de la Agencia Española de Meteorología (AEMET); representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Transición Ecológica, Industria, Ciencia y Asuntos Económicos.

Hay que añadir en este grupo al director de la Unidad de Emergencias y Coordinación y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes, Rubén Eladio López Martínez. Se trata de un inspector de la Policía Nacional al que José Luis Ábalos nombró para ese puesto, y que se ha mantenido en el cargo con Raquel Sánchez.

Este inspector de Policía estuvo destinado en la Unidad de Asuntos Internos y por eso su nombre se vio involucrado en los casos de José Manuel Villarejo y de Francisco Nicolás Gómez Iglesias.