El Gobierno califica de información “reservada” el número de agentes que vigilan las cárceles españolas
Se ha negado a responder a una pregunta parlamentaria que se refería a la falta de seguridad privada en las prisiones de Madrid y Castilla-La Mancha
El Gobierno ha evitado responder con datos concretos cuántos agentes vigilan las cárceles españolas. En una respuesta parlamentaria del pasado 11 de diciembre, el Ejecutivo considera esta información “reservada” porque alega que puede afectar a la seguridad de los propios centros penitenciarios.
La cuestión nace del partido Vox que pregunta específicamente por la seguridad de la Comunidad de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. En estos centros desde hace más de un año está desierto el concurso de seguridad privada para las garitas de acceso exterior a las cárceles.
La custodia del exterior de las cárceles es competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (artículos 64.1 y 64 del Reglamento Penitenciario), sin embargo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 propició la contratación de seguridad privada de apoyo a estas tareas para que los agentes de la Policía y la Guardia Civil se repartieran también en otras labores como la custodia de presos en hospitales o sedes judiciales y el traslado de los mismos. La empresa de seguridad a cargo de estas garitas de acceso a las prisiones, Ombuds, en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha quebró en 2019 y el Ministerio de Interior ahora no consigue ninguna que quiera hacerse cargo.
En la pregunta parlamentaria, recogida por Confidencial Digital, explica Vox que la oferta pública que depende de la Subdirección General de la Gestión Económica y Patrimonial, se encuentra en una fase de “evaluación previa” antes de la licitación y que el importe bruto al que finalmente ascenderá es de 8.855.070,04 euros, lo que supone un incremento de medio millón de euros con respecto a la oferta de 2019.
La diputada Macarena Olona, entre otros firmantes, preguntó al Ministerio de Interior cuántos agentes de la Guardia Civil estaban destinados al control de los centros penitenciarios en estas Comunidades Autónomas. La cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska no contestó con ningún dato concreto acogiéndose a la Ley de Secretos Oficiales por tratarse de una “información reservada”.
No obstante, añadió que “desde la finalización del contrato, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil implementaron planes de contingencia para evitar mermas de seguridad penitenciaria” y, además, dice Interior que los planes seguirán vigentes hasta que los servicios de apoyo sean contratados.
¿Qué hará el Ministerio de Interior si la plaza queda desierta?
Por otro lado, la pregunta incluía saber también qué medidas alternativas se contemplan desde Interior en caso de que la adjudicación de la seguridad de estos centros penitenciarios vuelva a quedar desierta. Una cuestión que tampoco solventó la respuesta parlamentaria del Gobierno.
