El Gobierno mantiene oculto el informe que alertó en febrero de una crisis migratoria en Canarias

El PP ha solicitado el documento de la Agencia Europea de Fronteras que anunció un incremento de 1000 personas en los inmigrantes irregulares arribados al archipiélago en patera

Fernando Grande-Marlaska.
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

La Agencia Europea de de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) avisó en febrero al Gobierno del incremento masivo en el número de inmigrantes irregulares que llegaban a Canarias en patera. Por el momento, el informe que la agencia envió a las autoridades españolas se mantiene oculto

El senador del Partido Popular por Gran Canaria Sergio Ramos solicitó el pasado 1 de diciembre el documento que Frontex envió alertando de la llegada masiva de pateras, antes de la crisis del coronavirus. 

En febrero habían llegado a Canarias 1.181 inmigrantes irregulares, mientras que en los dos primeros meses de 2019 los arribados a las islas en patera eran 84. Se trataba de un incremento superior al 1.300%. Mientras en febrero de 2019 habían llegado 10 embarcaciones, en febrero de 2020 la cifra había ascendido a 40 embarcaciones, un 300% más.

A 1 de diciembre la cifra de inmigrantes irregulares llegados Canarias ascendía ya a 19.566 personas. En comparación con las cifras del año anterior se ha producido un aumento de 17.573 personas, un 882,7% más.

Ramos se dirigió en el pleno del Senado al ministro del Interior, Grande Marlaska, y le preguntó por qué ocultó el Gobierno dicho informe. Confidencial Digital ha podido saber que el senador conoció la existencia del mismo por la prensa.

El 20 de noviembre se publicó que los especialistas en inmigración de la Agencia Europea de Fronteras alertaron hace meses de que la ruta atlántica, que va de África a Canarias, iba a ser reactivada por las mafias dedicadas al tráfico de personas.

El senador apeló de nuevo al ministro recordándole que en mayo cesó al general de la Guardia Civil encargado del Mando de Canarias y también de la luchacontra la inmigración ilegal. “Usted no se fía de los que no ha colocado y hace purgas allí donde va”, lamentó Ramos.

Además, manifestó que asociaciones profesionales de la Guardia Civil en Canarias lleva denunciando un año y medio la falta de recursos para hacer frente a la crisis de migración. Además, quedan 50 plazas de la Guardia Civil por cubrir en la zona sur de Gran Canaria, donde se encuentra Arguineguín, puerto que se colapsó con la llegada de inmigrantes sin papeles.

Hasta el momento, el Gobierno no ha facilitado el informe al senador. En principio, tiene tres meses para responder a la solicitud.

 

ECD se ha puso en contacto con el Ministerio Interior para preguntar sobre este informe. En el departamento de Grande-Marlaska afirman que no tienen capacidad de informar sobre documentos e informes de terceros, pese a ser materia de su competencia, por lo que facilitarlo o no dependería de Presidencia del Gobierno. 

Frontex quiso llevar a cabo un dispositivo especial

La Agencia Europea trató de poner en marcha en febrero un dispositivo especial en Canarias para potenciar las identificaciones de los inmigrantes irregulares que llegaban a las islas.

Pretendía recolectar información de los inmigrantes que alcanzaban el archipìélago sobre las redes y la manera en que habían realizado el viaje para obtener información clave y poder actuar en origen contra las principales mafias que usan las redes atlánticas. Sin embargo, Frontex no obtuvo colaboración del Ministerio del Interior.

Actualmente, la agencia tiene desplegados a 28 expertos en Canarias y está previsto que permanezcan en las islas hasta principios de 2021. Los agentes proceden de Dinamarca, Alemania, Italia, Noruega, Portugal y Suiza. Del total, 17 se encuentran en Gran Canaria.

Colaboran con las autoridades nacionales en la toma de huellas dactilares y el registro de los inmigrantes, así como en las actividades de interrogatorio para recopilar información sobre grupos delictivos que participan en el tráfico de personas.

Frontex no tiene aviones, helicópteros, drones o barcos desplegados en la zona. La agencia está capacitada para utilizar esos medios, pero precisa un acuerdo entre el estado miembro afectado y la Unión Europea.

Plan de devoluciones

Interior, desde el mes pasado, está retomando las deportaciones de inmigrantes marroquíes llegados a Canarias. Son vuelos en los que trasladan a casi una veintena de personas junto a un contingente de policías. Los marroquíes suponen algo más de la mitad de los alrededor de 20.000 inmigrantes llegados a las islas en lo que va de año.

El plan, según informaban diversos medios el pasado lunes, es multiplicar estos vuelos para conseguir devolver al menos 80 personas por semana. El Gobierno pretende ejecutar devoluciones con rapidez para disuadir así a los potenciales emigrantes que estén pensando en partir de sus lugares de origen.

Según se ha publicado, España antes de la pandemia devolvía diariamente a Marruecos a unas 10 personas por Ceuta y Melilla y entre 20 y 30 en ferry desde Algeciras.

Tras meses de parón por el cierre de fronteras, el departamento de Grande Marlaska reactivó las deportaciones con vuelos comerciales de la Royal Air Maroc en los que viajaban en torno a una docena de inmigrantes, volando más policías que marroquíes sin papeles.

En paralelo, se han reactivado las devoluciones a Mauritania y Argelia, y se espera impulsarlas a Senegal.

Vuelos a la Península

La Junta de Andalucía, el alcalde de Granada y el sindicato policial SUP denuncian los vuelos de migrantes a Granada y Valencia desde las Islas Canarias que se han registrado en los últimos días. Los principales partidos de la oposición han pedido explicaciones al Ejecutivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido los traslados por la “solidaridad” con que se debe afrontar la situación.

Sin embargo, el Gobierno niega haber gestionado los traslados. Los dirigentes de la oposición recordaron que el propio Ejecutivo argumentó que no se llevarían a cabo viajes coordinados de migrantes a la Península para ser derivados a otras regiones.

De hecho, la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López, se ha desvinculado de los vuelos aterrizados en la provincia y ha subrayado que se trataba de un avión comercial costeado por sus usuarios “con recursos propios”.

Explicó que no se ha fletado un avión ni se ha trasladado por parte del Gobierno a Granada. Llegaron, según la subdelegada, “personas libres que tras pasar 72 horas en su correspondiente CATE (centro temporal) donde se les ha hecho su reseña son personas libres que con sus recursos se han podido trasladar en un avión comercial”.

Interior sostiene que no gestiona ni organiza traslados, sino que se limita de aprobar reubicaciones puntuales de solicitantes de asilo o que pertenezcan a colectivos vulnerables.

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