Seguridad

El Gobierno podrá intervenir WhatsApp y Telegram para que difundan avisos de emergencia

El Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones obliga a los operadores telefónicos a divulgar las alertas. La orden se podrá extender a las aplicaciones móviles

El Consejo de Ministros aprobó el 11 de septiembre de 2020 la remisión a las Cortes Generales del proyecto de ley que modifica la actual Ley General de Telecomunicaciones.

El proyecto incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva (UE) 2018/1972 por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

La modificación legislativa mantiene viva la polémica del Real Decreto 14/2019 conocido como ‘decretazo digital’, heredado de la vigente ley de telecomunicaciones. 

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El artículo 4 sobre servicios de telecomunicaciones para la defensa nacional, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civil, faculta en el punto 6 al Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, a “acordar la asunción por parte de la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”.

Pero añade una novedad al respecto “esta facultad sólo se podrá ejercitar respecto de los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración cuando tengan asignada la obligación de transmitir alertas públicas en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso”.

La obligación del servicio de alerta

El artículo 75 del Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones crea un sistema de alertas públicas que obligará a transmitir alertas ante grandes catástrofes o emergencias a los servicios de comunicaciones.

En principio estarán obligados a difundir los avisos los operadores de servicios móviles de comunicaciones interpersonales basados en la numeración, es decir, empresas como Telefónica o Vodafone.

Pero la nueva norma contempla la opción de extender la obligación a los demás servicios de comunicaciones electrónicas, no dependientes de la numeración, e incluso a los servicios de comunicación audiovisual y las aplicaciones móviles con acceso a Internet.

Podrán intervenir redes como WhatsApp

La aplicación de los artículos 4 y 75 resulta ahora en la capacitación del Gobierno para intervenir en redes de comunicación interpersonal como WhatsApp o Telegram.

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La intervención podrá ser muy parcial, parcial o total.

Ejecutivo estará asimismo facultado para acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o intervención de los correspondientes servicios o de la explotación de las correspondientes redes.

Sin control parlamentario

El anteproyecto que traspone la directiva europea podría ser aprobado a finales del mes de mayo.

La principal diferencia respecto al resto de países de la Unión es que se mantiene la ausencia de control judicial o parlamentario en la aplicación del artículo 4.

Confidencial Digital ha podido saber que Ciudadanos planteará “todas las medidas necesarias para favorecer el máximo control parlamentario al Gobierno y la rendición de cuentas”.

Desde el Partido Popular aseguran que todas las leyes tienen control parlamentario, así como cualquier acción del Gobierno, sea antes o después de ejecutarse. Antes de concretar las enmiendas que propondrá el grupo deberán examinar qué alegaciones del sector han sido tenidas en cuenta e incorporadas al proyecto de ley. 

Además, tratarán de resolver la ambigüedad de la que es susceptible el artículo en tanto que no se indica qué tipo de mensajes se podrán intervenir y difundir, en qué situaciones concretas, qué se considerará emergencia o catástrofe... Entendiendo que la finalidad de la norma es permitir la difusión de alertas por los nuevos canales de comunicación de forma que lleguen al mayor número de ciudadanos en el menor tiempo posible. 

Unidas Podemos nos ha hecho saber que espera la llegada del proyecto al Congreso para poder comenzar a trabajar sobre el texto. En cualquier caso, en septiembre anunciaron que presentarían enmiendas para que el texto incluya más garantías de los derechos digitales. 

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