Moncloa incluirá la desinformación como una de las amenazas a la seguridad nacional

El Gobierno ha decidido adelantar la renovación de la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN). El marco de referencia para las políticas de seguridad, aprobado en 2017, se actualizará un año antes de lo previsto para adecuarlo a las lecciones aprendidas de la crisis del coronavirus.

El procedimiento, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, para la elaboración de la ESN 2021 señala que los cambios se centrarán en mejorar las capacidades de planeamiento, alerta temprana y automatización para afrontar crisis como la pandemia mejor preparados.

Entre las novedades que incluirá la nueva ESN 2021, cuya elaboración pilota Iván Redondo, se encuentra la desinformación, que por primera vez será abordada como amenaza. Esto implica que se le dedique un espacio propio y acciones concretas.

Uno de los miembros de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional aseveró a Confidencial Digital que todos los expertos mundiales en geopolítica dan cada día más relevancia a la desinformación.

Además, argumentó que “es difícil intervenir en entornos complejísimos, como como las misiones en países del Sahel, si no tienes información fiable sobre los actores implicados o si tu inteligencia no hace diagnósticos correctos”.

Otro de los miembros nos explicó la necesidad de afrontar esta amenaza global con recursos y medidas concretas ya que se trata de una nueva arma. Los conflictos, en el contexto de la guerra híbrida se han trasladado al espacio virtual y desde un móvil se pueden generar tensiones que desemboquen en enfrentamientos.

Pero fuentes del Partido Popular han señalado a ECD que, si bien abordar la desinformación como una amenaza para la seguridad nacional es una necesidad para garantizar el derecho a la defensa, se debe acometer garantizando el pleno derecho a la libertad de opinión y expresión.

Un aviso de Europa

La ESN de 2017 ya alertaba sobre la desinformación sin tomar medidas concretas al respecto, pese a que ya las instituciones europeas habían adoptados medidas desde 2015.

Desde ese año la Comisión Europea ha adoptado medidas para fomentar la concienciación, la autorregulación de las plataformas, la seguridad de las elecciones y un Plan de Acción contra la Desinformación.

El Consejo Europeo estableció en 2015 la necesidad de contrarrestar las campañas de desinformación procedentes de Rusia y se creó el East StratCom Team, dedicado a la comunicación proactiva de políticas y actividades de la Unión Europea en Rusia.

En julio de 2017, la Comisión de la UE aprobó un informe conjunto al Parlamento y Consejo en el que se proponía incrementar las capacidades de comunicación estratégica de la UE y los Estados miembros.

El Consejo Europeo aprobó un año después el Plan de Acción para la lucha contra la desinformación. En su implementación se han abordado distintas estrategias y herramientas como la puesta en marcha del mecanismo de Alerta Rápida de la Unión Europea (RAS).

La respuesta española

Lo que para España era en 2017 una “dinámica global” se ha convertido en un desafío tangible para las democracias, sus procesos electorales y su estabilidad sociopolítica.

Con el objetivo de cumplir los requisitos establecido por la UE e implementar las políticas y estrategias se ha desarrollado el Procedimiento de Actuación contra la Desinformación.

Este procedimiento buscar definir una metodología para la “identificación, análisis y gestión de eventos desinformativos”. Y aclaran que “en ningún caso” censurar o limitar el derecho de los medios a ofrecer sus informaciones dentro del respeto a la libertad de expresión y de información.

Además, se propone el marco y la composición para la elaboración de una Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación.

El inicio de las polémicas

Si bien existe consenso entre los políticos en la necesidad de abordar la desinformación como una amenaza a la seguridad nacional, el inicio de su procedimiento no ha estado exento de polémicas.

Cuando se aprobó el 5 de noviembre el procedimiento de actuación contra la desinformación los partidos de la oposición, como el PP y Vox, y algunas asociaciones de periodistas, como la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), se mostraron recelosos.

Vieron en el plan del Gobierno una nueva forma de censurar por “buscar fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación”.

La ministra de Exteriores, Arancha Sánchez Laya explicó que no se trata de censurar, sino de que no se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que gestionan la conversación pública.

Sin embargo, la APM cuestiona al Gobierno porque la propuesta suscita “reparos” al “dejar en manos del Gobierno una función que debería gozar de independencia frente a los poderes públicos.

El Ministerio de la Verdad

El Gobierno, puso en marcha con el procedimiento la creación del ‘Ministerio de la Verdad’ que es una comisión permanente para vigilar las ‘noticias falsas’ difundidas por internet.

Al frente se encuentran dos altos cargos de la Moncloa: el jefe de gabinete del presidente, Iván Redondo, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. La orden les da la potestad de determinar qué informaciones son erróneas y cuáles no, sin precisar los criterios en los que basar la decisión.

Además, participarán en el ‘Ministerio de la Verdad’ el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las autoridades competentes, el sector privado y la sociedad. Además, el Ejecutivo podrá contar con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia y Ministerio del Interior.

Con el fin de ‘atajar la desinformación’ se actuará para incrementar la integridad electoral y garantizar unos sistemas electorales libres y justos.

El Partido Popular reaccionó recurriendo la creación del organismo ante la Audiencia Nacional. El secretario general del partido, Teodoro García Egea, explicó que existe dos formas de luchar contra la desinformación e injerencias. “Una, que sea el jefe del gabinete del presidente el que decida lo que es verdad y lo que es mentira, y otra hacer una comisión parlamentaria”.

Seguridad Nacional tiene prohibido supervisar medios de comunicación

El general Ballesteros, director del Departamento de Seguridad Nacional, recalcó a finales del mes de noviembre que el Gobierno no va a vigilar o supervisar a los medios “para que cuenten la verdad”.

Explicó que la polémica orden tiene como objetivo detectar posibles campañas de desinformación e informar de ellas a Europa; campañas que suelen ser fruto de “injerencias extranjeras”.

Seguridad Nacional también subrayó que tiene “prohibido” supervisar medios y que la orden del BOE en la que se publicó el procedimiento de actuación no lo permite. Explicó que el BOE no contempla esta posibilidad y “lo que no está permitido en el BOE está prohibido”.

Además, argumentó que en el BOE no se habla de verificar, contrastar información o supervisar medios, sino de campañas de desinformación.