La Guardia Civil afrontará la reorganización de cuarteles después de las elecciones de mayo

La reestructuración del despliegue territorial de la Guardia Civil tendrá que esperar. Así lo han comunicado la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella, y el director general del cuerpo, Félix Azón, a las asociaciones profesionales, según ha podido saber Confidencial Digital.

Hace un año ECD contó que el Ministerio del Interior, que por entonces dirigía el popular Juan Ignacio Zoido, había informado a estas mismas asociaciones que estaba planeando poner en marcha un ambicioso plan, a varios años vista, de modernización de la Guardia Civil que junto a mejorar de material y de infraestructuras, supondría un replanteamiento profundo de su despliegue territorial.

La implantación de la Benemérita a través de cuarteles y puestos mantiene aún, a juicio de muchos guardias civiles, un modelo del siglo XIX, cuando se creó la Guardia Civil para dar seguridad sobre todo en las zonas rurales de una España en la que las vías de comunicación e infraestructuras eran muy precarias, y el bandolerismo azotaba aún las comarcas más remotas.

De ahí que se plantee fusionar puestos que apenas son operativos por tener muy pocos (tres, cuatro, cinco) agentes que no pueden casi sacar patrullas a las carreteras y pueblos. Por contra, cuarteles con más efectivos podrían cubrir en mejores condiciones zonas más extensas.

No antes de las municipales de mayo

La Dirección General de la Guardia Civil se puso manos a la obra para estudiar con detalle las posibilidades de reestructurar su despliegue territorial para hacerlo más eficiente. El informe que se elaboró llegó a manos del ministro Zoido... pero la moción de censura de Pedro Sánchez derribó al Gobierno de Rajoy.

Tal y como se informó en estas páginas, el sucesor en Interior, Fernando Grande-Marlaska, asumió los objetivos de este plan.

Ahora ECD ha podido saber que el ministerio tiene claro que, al menos en los próximos meses, no dará pasos en la dirección de poner en marcha la reorganización territorial de la Guardia Civil. Así lo confirman fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y de Independientes de la Guardia Civil (IGC).

En una reunión reciente con Ana María Botella, secretaria de Estado de Seguridad, y Félix Azón, director general de la Guardia Civil, estos dos altos cargos de Interior les trasladaron el mensaje de que aunque el informe está encima de la mesa, no abordarán la propuesta de ponerlo en marcha al menos hasta que pasen las próximas elecciones autonómicas y municipales.

Polémica en los pueblos afectados

Y es que, aunque la Dirección General lo considera necesaria y prácticamente todas las asociaciones profesionales de agentes lo apoyan, los responsables políticos del Ministerio del Interior son conscientes de las implicaciones que tiene este proyecto, que van más allá de cuestiones operativas y técnicas de la Guardia Civil.

En no pocos casos esta reorganización territorial podría suponer que varios puestos pequeños de la Guardia Civil se fusionen, tal y como se ha explicado, para desde esos cuarteles con mayor número de agentes se pueda prestar un mejor servicio al área rural que hasta ahora cubren dichos puestos pequeños.

Aunque la idea es ganar operatividad, no cabe duda que el hecho de cerrar puestos pequeños, la mayoría en pueblos de poca población, provocará la resistencia de los ayuntamientos y habitantes afectados. Para muchos pueblos, el puesto de la Guardia Civil es un elemento fundamental para sus habitantes, incluso para la economía local, y cerrarlo sería para ellos otro signo de abandono de las zonas rurales, ya muy castigadas por la despoblación.

De ahí que en el Ministerio del Interior prefieran tomarse con calma empezar a desarrollar un nuevo modelo de implantación territorial de la Guardia Civil. Sobre todo, pretenden evitar que este asunto pueda ser utilizado electoralmente en la campaña para los comicios autonómicos y municipales del próximo 26 de mayo.

Comenzar a debatir públicamente este asunto, justo en la precampaña de las elecciones autonómicas y también en las municipales de los pueblos afectados, levantaría una polémica que Interior prefiere evitar.

Además, algunas fuentes consultadas por ECD aseguran que, si bien el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Grande-Marlaska asume el plan, muestra una actitud reticente: “Se lo va a tomar con mucha calma”. Asociaciones de guardias civiles ya preveían desde el principio que el principal obstáculo para poner en marcha esta reorganización que ven necesaria iba a ser la “falta de voluntad política”.