La Guardia Civil instala cámaras de vigilancia en calabozos para prevenir agresiones a los agentes e intentos de fuga

Busca también evitar actos vandálicos en las instalaciones de sus centros de detención

Una casa cuartel de la Guardia Civil.
Una casa cuartel de la Guardia Civil.

Los calabozos de los cuarteles de la Guardia Civil van a estar más y mejor controlados. La Dirección General va a colocar un centenar de cámaras de vigilancia en los centros de detención.

Así consta en una licitación pública que mantiene abierta la Jefatura de Asuntos Económicos de la Dirección General de la Guardia Civil, y que cuenta con un presupuesto base de 70.180 euros para la “adquisición de diversas cámaras para los centros de detención para uso en Unidades de la Guardia Civil”.

Las cámaras serán de dos tipos: 90 cámaras minidomo IP antivandálicas y otras 20 cámaras IP 360º.

Justifica el gasto la Guardia Civil señalando que “para cumplir con los objetivos de mantener el orden público, garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger el libre ejercicio de sus derechos, contemplado en el programa de gasto de seguridad ciudadana, es necesario dotar a los Acuartelamientos de la Guardia Civil de un sistema de vigilancia que garantice la seguridad del recinto y de sus ocupantes”.

La instalación de cámaras en los centros de detención tiene varios objetivos, explicitados en la documentación del contrato. Por un lado, se trata de “detectar y prevenir actos vandálicos en sus instalaciones”.

Por otro lado, también se pretende evitar, y si se producen, perseguir, “infracciones penales cometidas contra el personal del Cuerpo”, lo que puede abarcar, por ejemplo, agresiones que los detenidos cometan contra los guardias civiles.

El tercer objetivo es detectar y prevenir “intentos de fuga protagonizados por las personas detenidas o por sus familiares para facilitar que éstas se sustraigan a la acción policial o judicial”.

No se cita, sin embargo, que las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia servirán también para aclarar judicialmente episodios de denuncias por supuestos malos tratos o torturas que los detenidos puedan presentar contra agentes de la Guardia Civil.

 

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