Guardias civiles denuncian por delito de odio a la consejera de Sanidad de Cataluña por no vacunarlos

El retraso en la vacunación de los policías nacionales y guardias civiles destinados en Cataluña tendrá nuevas derivadas judiciales. La Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc), una de las asociaciones representativas del cuerpo, ha denunciado en los tribunales a la consejera de Sanidad del Govern de la Generalitat.

Los servicios jurídicos de esta asociación entienden que Alba Vergés, de Esquerra Republicana de Catalunya, podría haber incurrido en un delito de odio, que el Código Penal define como “cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su real o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo...”.

Consideran que es lo que ha ocurrido con la exclusión de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña, a los que el Gobierno de España ha anunciado que vacunará por su cuenta ante la exclusión de los servicios públicos de salud de la Generalitat.

Destacan desde Aprogc que “la actualización 3 de la Estrategia de Vacunación Covid-19 en España, contempla como grupo de población a vacunar, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por su función esencial para la sociedad y por la dificultad de sustituirlos, estando establecido, que la gestión de la vacunación recae en las diferentes comunidades autónomas”.

Por ello asegura que no pueden quedarse impasibles “cuando las instituciones, juegan con los derechos de los guardias civiles así como de sus familias, en este preciso momento de emergencia sanitaria, como es el caso ocurrido en la comunidad autónoma de Cataluña, donde por parte de la Consejería de Sanidad de la Generalitat, se ha excluido del proceso de vacunación a la Guardia Civil”.

Destacan que la exclusión de los guardias civiles se está produciendo “tan sólo por el hecho de serlo, como así se demuestra con los datos ofrecidos, donde por parte de ese organismo de la administración autonómica, se ha vacunado al personal de las policías locales y autonómicas, pero no al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, poniendo en riesgo, no sólo a las familias de este colectivo, sino también a la ciudadanía en general”.