Seguridad

Inquietud entre guardias civiles por el traspaso de la gestión de clases pasivas a la Seguridad Social

Un decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros transfiere las competencias desde el Ministerio de Defensa al departamento de José Luis Escrivá

Agentes de la Guardia Civil.
photo_cameraAgentes de la Guardia Civil.

Un decreto-ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros de este martes ha provocado dudas, preguntas e inquietud entre determinados colectivos de empleados públicos cuyas pensiones proceden del sistema de clases pasivas.

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La disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo establece que “de forma inmediata y una vez aprobado el real decreto de estructura del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se iniciarán los trámites para la adaptación de la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera que permitan la asunción de la gestión de las prestaciones del Régimen de Clases Pasivas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. En tanto no culmine este proceso de adaptación, esta gestión será ejercida por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social”.

Además, en otros puntos se especifica que la gestión del Régimen de Clases Pasivas se integra en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Deja de estar en manos de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda, en lo que se refiere en general a los funcionarios, y de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, que gestiona las de los guardias civiles.

Debido a este cambio, distintas asociaciones de la guardias civiles como la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) y la Unión de Oficiales han recibido numerosas consultas de miembros del Instituto Armado sobre este asunto.

Desde la Unión de Oficiales señalan que “ante la razonable inquietud que ha levantado el traspaso de la gestión del sistema de pensiones de Clases Pasivas del Estado a la Seguridad Social, queremos transmitir un inicial mensaje de calma”, pero al mismo tiempo advierten que tienen “cierta preocupación que nos hará mantenernos alerta en los próximos pasos que se puedan dar en esta materia”.

Admiten también que el decreto-ley no contempla ninguna modificación en los métodos de cálculo de las pensiones de Clases Pasivas. “Sin embargo, no podemos desconocer que nos preocupa que, una vez que todo el sistema de gestión esté en manos de la Seguridad Social, el siguiente paso sea la modificación del sistema de cálculo de pensiones”, apuntan desde la Unión de Oficiales.

De ser así, “penalizaría gravemente a los funcionarios de Clases Pasivas que han mantenido una cotización por sueldo base y trienios”. Y ponen un ejemplo: “Podría dar lugar a casos como que la pensión de un oficial llegase a ser inferior a la de un policía de la Escala Básica de cualquier policía local cuya cotización se realiza de forma distinta”.

Por todo ello, advierten de lo que pueda aprobarse en el futuro y aseguran que “la Unión de Oficiales se mantendrá alerta y emprenderá las medidas necesarias a su alcance para que no se resten más derechos al conjunto de guardias civiles en general y, en particular, al colectivo de oficiales”.

Por su parte, la Asociación Pro Guardia Civil también ha querido dar explicaciones ante los muchos mensajes que se han cruzado guardias civiles desde este miércoles. En una línea parecida a la Unión de Oficiales, lamentan el método utilizado para aprobar este cambio.

“Es razonable considerar que esos cambios normativos no pueden ser aprobados mediante el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria, pues ello implicaría que, hasta la aprobación de tales reformas legislativas, la estructura organizativa derivada del Real Decreto 2/2020 no podría materializarse y, por lo tanto, los órganos competentes no podrían desarrollar las funciones que tienen atribuidas con arreglo al citado Real Decreto; circunstancia que generaría inseguridad jurídica e incertidumbre en una materia, las pensiones, particularmente sensible para el conjunto de la ciudadanía”, concluyen desde Aprogc.

En la Policía Nacional también hubo cierta inquietud, y desde sindicatos como la Unión Federal de Policía aclaran a sus afiliados que el cambio supone un traspaso ministerial de competencias, y en su caso aseguran que “no afecta a ningún derecho adquirido”.

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