Interior considera “muy complicado” que un ataque terrorista a centrales eléctricas pueda dejar sin energía una ciudad española
Dos personas han sido detenidas en Estados Unidos por planear cortar la luz a más de 600.000 habitantes de Baltimore
- La clave de las infraestructuras ‘críticas’
- La Ley de Secretos
- Protegidas por la policía, el Ejército y seguridad privada
El pasado 7 de febrero dos ultras de extrema derecha fueron detenidos tras haber planeado un ataque terrorista que pretendía cortar la electricidad de la ciudad estadounidense de Baltimore, en el estado de Maryland. Los sujetos, un hombre y una mujer, querían destruir a balazos los transformadores de cinco plantas térmicas de la localidad -que tiene más de 600.000 habitantes- para dejarla completamente sin luz y generar el caos en sus calles, tal y como informó el Departamento de Justicia de EE.UU.
A raíz de este hecho, ECD se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior para saber cuáles serían las consecuencias si ocurriera un eventual ataque de similares características en España. El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), que depende del departamento que encabeza Grande-Marlaska, ha asegurado que: “es muy complicado que se produzca la paralización de la electricidad de una ciudad por la caída de algún transformador de centrales térmicas, incluso de la totalidad de la central. La capilaridad de la red eléctrica en España dota a la misma de gran fortaleza ante este tipo de incidentes”.
La clave de las infraestructuras ‘críticas’
La seguridad de las centrales eléctricas, como infraestructuras críticas, se encuentra recogida dentro de la planificación establecida en la Ley 8/2011. La norma las define como “las infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales”.
En el CNPIC explican que “las infraestructuras energéticas estratégicas de nuestro país disponen de un elevado nivel de seguridad, como demuestra la inexistencia de incidentes críticos de seguridad que hayan puesto en peligro, hasta la fecha, la prestación de servicios esenciales para los ciudadanos. No obstante, estamos preparados para que los efectos de un posible ataque tengan la mínima repercusión en la prestación de los servicios esenciales”.
La Ley de Secretos
Según la normativa vigente, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas tiene la obligación de elaborar y actualizar un catálogo en el que se registran los diferentes servicios estratégicos, y cuya finalidad principal es “valorar y gestionar los datos disponibles” para “diseñar los mecanismos de planificación, prevención, protección y reacción ante una eventual amenaza contra aquéllas”.
Igualmente, este organismo realiza un Plan Nacional de Protección “dirigido a mantener seguras las infraestructuras españolas que proporcionan los servicios esenciales a la sociedad”. Además, el documento confeccionado debe ser revisado cada cinco años por la Secretaría de Estado de Seguridad.
Sin embargo, tanto el catálogo como el plan que dependen del CNPIC están calificados como “secreto” de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales. En consecuencia, se desconoce qué infraestructuras concretas son “críticas”, y cómo reaccionaría la Administración ante un atentado contra ellas.
A la pregunta de Confidencial Digital de que si sería posible un intento de ataque como el ocurrido en EE.UU, desde el Ministerio del Interior afirman que “España dispone de un sistema eléctrico muy sólido que minimizaría la caída de alguna central”.
Protegidas por la policía, el Ejército y seguridad privada
Lo que sí establece la legislación actual es que los distintos niveles de seguridad que se prevén en el Plan Nacional contienen “la adopción graduada de dispositivos y medidas de protección ante situaciones de incremento de la amenaza contra las infraestructuras estratégicas nacionales”. Asimismo, para ello se requerirá “el concurso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Fuerzas Armadas, en su caso, y los responsables de los organismos o titulares o gestores de las infraestructuras a proteger”.
