Interior revisará 220 casos de malos tratos para intentar prevenir el 80% de los episodios de violencia de género

Un grupo de investigadores entrevistará a víctimas y a autores de intentos de homicidio y de agresiones graves contra su pareja

Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso de los Diputados.
Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso de los Diputados.

¿Es posible prevenir la violencia de género estudiando casos documentados de malos tratos? El Ministerio del Interior considera que sí, y por ello se ha empeñado en intentar prevenir el 80% de los casos de violencia de género no denunciados.

Así se indica en una documentación de la Secretaría de Estado de Seguridad, consultada por Confidencial Digital, en la que se detallan los motivos que han llevado a sacar a concurso público la “contratación de un servicio de investigación científica sobre violencia letal contra la mujer en las relaciones de pareja (feminicidios por violencia de género), para identificar indicadores de riesgo que permitan prevenirla, incorporándolos en las herramientas de valoración policial del riesgo del sistema informático VioGén”.

La licitación cuenta con un presupuesto de 139.150 euros.

Ya se estudiaron 200 asesinatos

Según explica el Ministerio del Interior, entre 2016 y 2018 el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad coordinó “una investigación científica de nivel nacional para recopilar datos pormenorizados y sobre el terreno de 200 casos de asesinato de mujeres en las relaciones de pareja (violencia de género), con la finalidad de identificar indicadores de riesgo que permitieran prever dicha violencia extrema, y tratar de evitarla”.

Fue una medida adoptada en cumplimiento del mandato para tratar de erradicar la violencia de género que al Gobierno encargan la ley orgánica de 2004 y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Gracias a esa primera investigación, en el sistema informático VioGén, que utilizan las Fuerzas de Seguridad y sus unidades especializadas en estos delitos, se implementó “un prototipo de escala de valoración policial de riesgo de feminicidio, que puede ayudar en el 20% de los feminicidios en los que se cuenta con denuncia previa de la víctima contra su agresor”.

Objetivo: prevenir el 80%

Para Interior no es suficiente ese 20%. “Queda pendiente todavía perfeccionar esa escala con datos de los grupos de control y, además, implementar algún instrumento que ayude a prevenir el 80% de los casos no denunciados”.

¿Cómo se pueden prevenir esos delitos de violencia de género? El ministerio entiende que es posible, estudiando los casos de violencia de género, denunciada o no, en busca de las diferencias que puedan existir entre los casos mortales y los no mortales, para identificar así unos indicadores de riesgo.

Faltan por estudiar casos no mortales, de dos tipos: sucesos de “violencia grave (incluso tentativa de homicidio) de sujetos que estén cumpliendo penas privativas de libertad en el medio ordinario penitenciario”, por un lado, y, por otro, episodios menos graves, “con sujetos cumpliendo penas alternativas a la prisión (medio abierto)”.

 

Psicólogos y criminólogos

“Debido a que en la documentación existente (policial, judicial, penitenciaria y/o asistencial) solo se recogen variables descriptivas del fenómeno, no las explicativas”, indica el ministerio, el estudio sobre violencia de género “tiene que ser un estudio pormenorizado (muy detallado en cuanto a variables) y sobre el terreno (llegando a la entrevista personal con implicados)”.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska considera que no cuenta con suficiente personal especializado que pueda desarrollar esta tarea, y además apunta que el personal experto que hay en la Secretaría de Estado de Seguridad y otros destinos “no se puede distraer de sus tareas cotidianas en auxilio de las investigaciones criminales en curso”.

Por eso, se busca que participen expertos procedentes de universidades, instituciones académicas y científicas, y otras entidades o instituciones públicas y privadas, y personalidades investigadoras o del ámbito académico.

Sobre todo, se ha pensado en incorporar a “expertos en el análisis científico de la conducta criminal”, como pueden ser psicólogos y criminólogos.

Tentativas de homicidio y agresiones

Estos expertos que van a ser contratados por el Ministerio del Interior se encargarán de revisar sobre el terreno al menos 220 casos de delitos por violencia de género con resultado no mortal.

Lo harán de acuerdo con un protocolo creado por el Equipo Nacional de Revisión Pormenorizada de Homicidios de Género en el Contexto de la Pareja (EHVdG), que se coordina desde la Secretaría de Estado de Seguridad (Área de Estudios), y que se facilitará a las instituciones (universidades, por ejemplo) que resulten adjudicatarias del concurso.

Estos expertos llevarán a cabo una revisión pormenorizada y sobre el terreno de casos de violencia de género reales, no mortales, de tres grupos: tentativas de homicidio, violencia grave, y violencia menos grave contra la pareja.

Como requisito se establece que todos los casos se hayan producido en diferentes lugares de España, que luego se determinan, y deben contar ya con sentencia firme. Los agresores se encontrarán cumpliendo condenas en establecimientos penitenciarios, privativas de libertad (medio ordinario) o en medidas alternativas (medio abierto).

Además, las víctimas de los sucesos que se estudiarán tendrán que estar registradas en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).

Una de las vías a explorar señala “la potencial utilidad de las variables situacionales y ambientales de riesgo y protección para la valoración del riesgo de reincidencia de violencia de género (especialmente mortal), identificando las variables situacionales relacionadas con los incidentes y geocodificación automatizada de los lugares pertinentes”.

Entrevistas con agresores y con víctimas

El estudio tendrá una fase de trabajo de campo. Primero se deberá seleccionar “una muestra de maltratadores condenados por violencia de género, tanto a penas privativas de libertad (medio penitenciario ordinario) como en medidas alternativas (medio abierto), contemplando una submuestra de tentativas de feminicidio”.

El siguiente paso será recopilar y estudiar de forma pormenorizada toda la documentación procesal de cada caso: policial, judicial, penitenciaria y psicosocial. Para ello, se pretende realizar las entrevistas personales que sean pertinentes con los autores de esos documentos.

Los psicólogos, criminólogos u otros expertos contratados se entrevistarán personalmente con los agresores seleccionados para el estudio que voluntariamente accedan a ello.

También entrevistarán a las víctimas de violencia de género de los casos elegidos, así como a las personas próximas a ellos. Si algún agresor tuvo más de una víctima, se intentará contactar con todas las que sea posible.

Madrid, Valencia, Baleares y Castilla-La Mancha

Interior ha dividido el contrato en cinco lotes:

-- Revisión de al menos 100 casos del grupo de control (50 de medio ordinario y 50 en medio abierto) en la Comunidad Autónoma de Valencia.

-- Revisión de al menos 50 casos en la Comunidad Autónoma de Madrid (25 en medio ordinario y 25 en abierto).

-- Revisión de al menos 50 casos en la Comunidad Autónoma de Islas Baleares (25 en medio ordinario y 25 en abierto).

-- Revisión de al menos 20 casos de feminicidio en grado de tentativa en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.

-- Exploración de la potencial utilidad de las variables situacionales de riesgo y protección para la valoración del riesgo de reincidencia de violencia de género, primero en los 200 feminicidios ya analizados durante los años 2016 a 2018, y posteriormente en los 220 casos asignados a los LOTES 1, 2, 3, y 4.

Análisis de riesgos

Una vez realizadas las entrevistas y todo el trabajo de campo, los expertos pasarán a elaborar un informe pormenorizado por cada caso analizado, en el que tratarán de reflejar lo que denominan “factores explicativos de la violencia”.

De cada caso de violencia de género se detallará una serie exhaustiva de datos, que se podrán incluir en la base datos sobre “feminicidios” del Ministerio del Interior, para que sirvan de comparación.

Con los informes de estos 220 casos no mortales, y con el estudio de los 200 asesinatos analizados y volcados en la base de datos del Equipo Nacional de Revisión Pormenorizada de Homicidios de Género en el Contexto de la Pareja, “se explorará la posible influencia de los factores situacionales a la hora de incrementar el riesgo de ocurrencia de un incidente de violencia de género o de reducirlo (protección)”.

El Ministerio del Interior avanza que con los informes de estos sucesos “se llevarán a cabo análisis espaciales de riesgos delictivos ambientales por medio de un modelo que incorpore tanto los lugares previamente identificados como las variables situacionales extraídas de fuentes abiertas de datos”: es decir, circunstancias que se demuestren que suelen conducir a próximos delitos de violencia de género.

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