Justicia rechaza desvelar la marca de los móviles encriptados incautados a una narcotraficante

El tercer español reclamado por Francia por vender dispositivos con el programa Encrochat ya ha sido extraditado

Un asistente utiliza un teléfono móvil en las instalaciones de la segunda jornada de la XIV edición del Mobile World Congress (MWC 2021) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, a 29 de junio de 2021, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona,
Un asistente utiliza un teléfono móvil en las instalaciones de la segunda jornada de la XIV edición del Mobile World Congress (MWC 2021) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, a 29 de junio de 2021, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona,

El Ministerio de Justicia sigue el ejemplo del Ministerio del Interior e inadmite varias peticiones que, al amparo de la Ley de Transparencia, trataban de recabar información sobre el uso de teléfonos móviles encriptados.

La Unidad de Información de Transparencia del departamento que dirige Pilar Llop ha inadmitido sendas solicitudes de acceso a la información que presentó un abogado y que estaban relacionadas con los móviles encriptados, a raíz de la detención de tres españoles a los que un tribunal francés investiga por vender este tipo de dispositivos con el programa Encrochat.

Seis móviles incautados a una narcotraficante

Una de las solicitudes hacía referencia a una noticia del diario La Razón en la que informaba de la detención de una narcotraficante, conocida como “la reina de Ronda”. La Policía Nacional le incautó seis teléfonos móviles encriptados.

El solicitante preguntó al Ministerio de Justicia “cuál es la marca de los seis móviles encriptados intervenidos por la Policía”.

También quería saber si “se ha abierto causa penal contra los fabricantes y vendedores de dichos teléfonos móviles en España y en la Unión Europea”, si la Audiencia Nacional ha notificado esta intervención de seis teléfonos móviles encriptados a Europol y a Eurojust -claves en la operación contra los vendedores de Encrochat- y si “está actuando la Audiencia Nacional en este caso de la misma manera que con respecto a los dos españoles deportados a Francia por vender en España teléfonos encriptados Encrochat”.

La Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Justicia analizó la petición y concluyó que “el Portal de la Transparencia no es el ámbito donde se han de tratar las cuestiones de su interés particular planteadas en su solicitud, al no corresponderse su objeto con una solicitud de acceso a la información pública”, tal y como entiende la Ley de Transparencia.

En esa misma norma se establece que las disposiciones de la misma únicamente se aplican a aquellas actividades de los órganos judiciales que están sujetas a Derecho Administrativo, no a Derecho Procesal como sería el caso respecto de la información de su interés.

Por eso el Ministerio de Justicia resuelve inadmitir la solicitud de acceso a la información pública, “al tratarse de información relativa a actividades sujetas a Derecho Procesal”.

La misma respuesta negativa dio a otra petición de información sobre si el uso o la venta de teléfonos encriptados es delito en España, y si lo es, desde cuándo está tipificado como delito, en base a qué artículo del Código Penal, con qué pena…

 

Si esta actividad no es delito en España, preguntó al Ministerio de Justicia si “puede un ciudadano español que ha vendido en España teléfonos encriptados ser extraditado a otra Nación europea por estos hechos”, así como si “puede admitir España un OEDE (orden europea de detención y entrega) de otra Nación Europea en base a hechos cometidos en España y que no son delitos en España”.

Tal y como se contó en estas páginas, el Ministerio del Interior ya había inadmitido una consulta sobre si es delito o no en España vender móviles encriptados.

Detenidos en España por el ‘caso EncroChat’

Hay que recordar que un tribunal de Lille (Francia) envió a la Audiencia Nacional tres órdenes europeas de detención y entrega para otros tantos ciudadanos españoles, a los que investiga por supuestamente integrar la red de distribuidores de teléfonos móviles encriptados con EncroChat, un programa que fue intervenido hace unos años por Francia y Europol, al considerar que estaba siendo utilizado por narcotraficantes y otros criminales para comunicarse a salvo de pinchazos policiales.

Los tres fueron detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en una operación desvelada por La Razón. El juez Santiago Pedraz decretó prisión provisional para ellos. Desestimó todos los recursos de sus defensas, y tanto él como instancias superiores de la Audiencia Nacional confirmaron la entrega a Francia de los tres acusados.

En distintas fechas de agosto han sido trasladados a Francia los tres detenidos. Primero fueron entregados los dos detenidos que eran hermanos, y hace sólo unos días, el tercer español detenido por vender móviles con EncroChat también fue enviado a Francia.

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