Marlaska busca un golpe de efecto en vísperas del 1-O con la Junta de Seguridad en Cataluña

Los lazos amarillos en Cataluña siguen trayendo problemas al Gobierno central y al autonómico. La Policía ha detenido este miércoles al presunto agresor de una mujer que retiraba estos símbolos del parque de la Ciudadela de Barcelona, rompiéndole el tabique nasal.

Ningún miembro del Gobierno hizo declaraciones sobre este suceso, pero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envió una carta el lunes al president de la Generalitat, Quim Torra, pidiendo la celebración de la Junta de Seguridad entre el 3 y el 7 de septiembre e incluir en el orden del día “la situación de convivencia en el espacio público” catalán.

Dos días después, el conseller de Interior, Miquel Buch, respondió al ministro con otra misiva en la que le replicaba sobre los puntos a tratar, asegurando que la seguridad en las calles de Cataluña “es competencia de la Generalitat”.

Algo que rebatió Marlaska el miércoles con un nuevo escrito, aseverando que la Constitución establece que “la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de la posibilidad de la creación de policías por parte de la Comunidades autónomas”, precepto recogido asimismo en el artículo 38 de la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Tras estas tensas comunicaciones, ambos Gobiernos han fijado la celebración de la Junta de Seguridad en Cataluña para el próximo 6 de septiembre en el Palau de la Generalitat, sin aclarar si se debatirá la polémica de las agresiones y amenazas a cuenta de los lazos amarillos, aunque Marlaska ha asegurado que se hablará “de todo dentro de la lealtad institucional”.

Con la vista puesta en el 1-O

La fecha no es baladí, ya que el próximo lunes se cumple un año de la tramitación de las llamadas leyes de desconexión en el Parlament catalán, votadas sin la presencia de la oposición en la Cámara y con las que el Govern justificó la celebración del referéndum de independencia.

Según ha sabido Confidencial Digital, la celebración de la Junta de Seguridad en Cataluña es un acto cargado de simbolismo para el ministro y en especial para el Gobierno.

Las fuentes consultadas aseguran que para Marlaska “es un tanto” haber conseguido que la Generalitat acceda a que se reúnan, ya que la cercanía del aniversario del 1-O, especialmente tras la polémica por la defensa del juez Llarena frente a Puigdemont, hacía “muy necesaria” una demostración de la lealtad del Ejecutivo a la Constitución.

En definitiva, “dar un golpe de efecto” que despejara las dudas sobre la voluntad de Moncloa de enfrentarse al independentismo. No se trata, por tanto, de los frutos que se cosechen tras la Junta de Seguridad, sino de que quede claro ante la opinión pública de que Marlaska ha peleado por conseguir que se reúna.

Más aún tras las acusaciones que se han hecho al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, de haber cambiado de actitud respecto de la defensa de Llarena por la presión mediática.

Y aunque este cruce de misivas le suponga al Ejecutivo su primer enfrentamiento serio a la Generalitat de Torra, tras la voluntad de entendimiento que inició Moncloa a las dos semanas de llegar Sánchez al cargo.