Seguridad

Medio centenar de abusos policiales identificados ya por organizaciones pro-derechos humanos

Patadas en la cabeza a un conductor, puñetazo a un migrante, pisotones a un viandante...Grabaciones desde las ventanas y balcones sirven de pista para las denuncia. Han enviado una segunda carta al Ministerio de Interior para depurar responsabilidades

Policía Estado de alarma

Las organizaciones pro-derechos humanos llevan semanas documentando incidentes que se están produciendo durante el estado de alarma en España. Tanto los relacionados con las sanciones - ya son más de 700.000 propuestas de sanción- como los posibles delitos por violencia policial, suman un total de 87 casos que la plataforma Defender a quien Defiende ha registrado. 

Este hecho ha motivado a los responsables de las organizaciones a enviar una carta al Ministerio de Interior y otra al Defensor del Pueblo. Es la  segunda, puesto que ya habían remitido una misiva el pasado mes de marzo. Piden que se actúe con “proporcionalidad” y que se abra una investigación para “depurar responsabilidades”. 

37 casos de abusos policiales

La plataforma, integrada por diez organizaciones defensoras de los derechos humanos como Novact, Iridia, Institut de Drets Humans de Catalunya, Ecologistas en Acción o Asociación Pro Drechos Humanos de Andalucía, entre otras, está monitorizando caso a caso para que quede un registro individualizado de lo sucedido. 

Han habilitado un buzón para recibir las quejas y, un alto porcentaje de las que envían son casos de violencia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También, atienden a las grabaciones que los ciudadanos ponen en redes sociales o a las quejas por sanciones que no entienden.

Patadas, bofetadas o el uso del bastón policial de forma irregular (por encima del tronco) son algunas de las imágenes que reciben a diario. “Tenemos un vídeo, por ejemplo, de un chico al que tiran de la moto”, explica Thais Bonilla, portavoz de Defender a quien Defiende.

La organización lamenta que la falta de información y unidad en los criterios de las multas -aunque Interior ha tratado de unificar los parámetros para multar en un documento que ha repartido a la policía- está llevando a muchos ciudadanos a un situación de “inseguridad jurídica”. 

Una denuncia ya en los juzgados

Uno de los casos ha sido puesto ya en manos de la justicia. Se trata de un joven que sufrió una agresión por parte de los Mossos d’Esquadra el pasado 9 de abril en Barcelona cuando estaba esperando a su compañera en el portal. 

“Tengo 26 años y llevo 14 años aquí en España”, denuncia el hombre en un vídeo. “He sufrido un abuso de la autoridad sin justificación alguna”. 

El joven explica que los Mossos le interpelaron en el portal, le dijeron que le interpondrían una denuncia y que se fuera a su casa “puto moro, tonto de mierda”. El joven explica que le cogieron y le dieron un puñetazo en el ojo, algo visible en el vídeo. 

Las cartas presentadas a Interior 

La plataforma ha enviado ya dos misivas tanto al Ministerio de Interior como al Defensor del Pueblo denunciando actuaciones que incurren presuntamente en el uso de la fuerza no autorizada por los reglamentos de actuación contra los ciudadanos. 

La primera el pasado 25 de marzo, fue contestada por ambos organismos. Interior defiende que España es un Estado de derecho y que investigarán si hay alguna irregularidad. 

La segunda carta enviada hace una semana, el 16 de abril, sigue a la espera de respuesta. 

Ante esta situación, “exigen que se accionen” los canales internos de investigación y que se depuren responsabilidades para así garantizar la seguridad de los ciudadanos. 

En la carta se pide que en los casos donde haya indicio de delito cometidos por los agentes “el Ministerio debe activar de manera urgente todos los mecanismos de investigación y dar cuenta a las autoridades judiciales”. 

Además piden que el Ministerio de Interior genere los canales adecuados para que las entidades de defensa de derechos humanos puedan remitir “con carácter urgente” situaciones indiciarias de delitos o de mala praxis policial detectadas.

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